¿Quién defiende los derechos de los niños?

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¿Puede ser real la preocupación por los niños, cuando los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía y están llamados a resolver las cuestiones sociales, no tienen ningún interés de poner en tabla la discusión sobre la estructura del Sename? ¿Qué tipo de política es esa que desprecia a los más débiles, a los que no tienen ninguna voz y no tienen cómo retribuir lo que hagan por sus vidas?

El crimen del menor Daniel Ballesteros, de 17 años, al interior de uno de los centros del Sename, junto a las deplorables e indignas condiciones en que viven los niños en varios de los hogares del Servicio a lo largo del país, ha vuelto a poner en entredicho la misión institucional de este organismo, que busca restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, muchas veces vulnerados. Aunque se trata de una realidad que causa profundo y transversal rechazo por parte de la ciudadanía, no sabemos aún de las soluciones para este flagelo. Al parecer esta situación de vulnerabilidad infantil no es causa de preocupación prioritaria como problema social actual. Se buscan culpables, olvidando el fondo del problema.

Cabe preguntarse qué sucede con los recursos asignados para la mantención de los menores, si existe fuga de dinero o sólo se trata de una mala administración, pues no se entiende que dentro de los tantos problemas que se han conocido en los últimos años, los niños sean alimentados con productos vencidos, poniendo en manifiesto peligro la salud de los menores, como revela una de las comisiones encargadas por el Seremi de Justicia en su informe.

Por otro lado, el presupuesto destinado para la reinserción de los niños no es suficiente. Según datos entregados por el Sename, el Estado gasta alrededor de $150 mil por niño, lo que es, a todas luces, una carencia del sistema. Se estima que el mínimo necesario, por niños es de $400 mil.

Se suma un antecedente no menor: estos hechos ocurren en regiones fuera de la Metropolitana, es decir, en Santiago las medidas de control y gestión sobre las diversas instituciones de acogida para menores, tienen un buen aparataje de cuidados responsables, no así en regiones, donde el control no es efectivo ni eficaz. Necesariamente esto lleva a pensar que existe un abandono en cuanto a un exigente tutelaje de los cuidados y mayor injerencia directa por parte del Sename central hacia las regiones. Un ejemplo claro es la “Residencia Infanto Juvenil Sariri” en la ciudad de Arica, la cual en 2011, según datos de La Segunda, recibió $ 6.626.877 para atender a 20 niños y no se efectuó el debido control de trato hacia ellos, tanto por los funcionarios, como entre los menores.

Por otro lado, no existe la especialización necesaria de los jueces de los Tribunales de Familia, clave en las decisiones que afectan a los menores. El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013 de la Universidad Diego Portales revela que la mayoría de los jueces carecen de conocimientos y preparación jurídica, criminológica, y psicológica, lo que redunda en que estos niños tienen nulas posibilidades de reinsertarse, sufriendo una internación indefinida en los centros del Sename. Existe una clara despreocupación por parte del poder judicial respecto del devenir de los menores luego del ingreso a los diversos hogares.

Muchos jueces cierran los casos por incentivos al desempeño de su labor, lo que no es más que un encubrimiento y evasión de la realidad, han sido confirmados también por la “Comisión Jeldres”, investigación que lideró la jueza de familia Mónica Jeldres en convenio entre el Poder Judicial y la Unicef, a 10 regiones y 6 mil 500 menores.

Llama la atención que el proyecto de ley presentado en agosto de 2012 por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que suprime el Servicio Nacional de Menores -creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia, modificando el presupuesto, asignando mayores recursos- no haya sido objeto de ningún debate sustantivo por más de un año por parte de los parlamentarios en ejercicio. Es más, desde su presentación, el proyecto contabiliza cinco urgencias simples y 19 suma urgencia por parte del Ejecutivo; y a la fecha, pese a la gravedad de los hechos referidos, se mantiene en primer trámite constitucional. Si bien el proyecto de ley presentado es perfectible y a la fecha es la única iniciativa que busca hacerse cargo de la protección general de los derechos de los niños, ésta no han sido acogida por los parlamentarios.

¿Puede ser real la preocupación por los niños, cuando los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía y están llamados a resolver las cuestiones sociales, no tienen ningún interés de poner en tabla la discusión sobre la estructura del Sename? ¿Qué tipo de política es esa que desprecia a los más débiles, a los que no tienen ninguna voz y no tienen cómo retribuir lo que hagan por sus vidas?

Quienes pueden hacer algo por estos menores en situación de alta vulnerabilidad son los legisladores, quienes están llamados a tomar las decisiones políticas en orden a la construcción de un sistema de protección de la infancia, más allá de los cálculos políticos y electorales. Con todo, confiamos en que las candidatas presidenciales hagan efectivas las medidas propuestas en sus programas en estas materias, cualquiera sea la electa, así los niños no seguirán esperando ser respetados en sus derechos esenciales.

* Columna escrita por Luis Robert Valdés – Investigador de IdeaPaís