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Participación Ciudadana golpea la puerta del Congreso Nacional

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Es bueno mantener los pies en las calles y entrar a los salones del poder cuando se requiere.

Aunque la ley 20.500  estableció que la participación ciudadana no se aplica en instituciones como Contraloría, Tribunales, Congreso Nacional o Fuerzas Armadas, la fuerza de los hechos es mayor que las intenciones de los legisladores.
En la Cámara de Diputados se creó tímidamente en diciembre del 2010 el departamento de evaluación de las leyes y a lo largo de los últimos 3 años logró hacer una evaluación, tipo “servicio de post venta”, a cinco de ellas y ahora en junio ha comenzado a revisar la ley que reguló la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones.

El sitio web de la Cámara de Diputados dijo el 13 de junio: “Se realizó el Foro Ciudadano convocado por el Departamento de Evaluación de la Ley, respecto de la norma que regula la instalación de antenas de los servicios de telecomunicaciones.

El encuentro dirigido a Juntas de Vecinos y organizaciones sociales, buscó recoger el nivel de conocimiento que estas agrupaciones tienen respecto de la ley N° 20.599, las herramientas de participación ciudadana y su percepción sobre la instalación de estos elementos en sus barrios.

En el encuentro participaron dirigentes vecinales de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, y se suma al realizado el pasado 06 de junio en la ciudad de Concepción.

Tras el intercambio de opiniones, se evidenció que en su mayoría los dirigentes vecinales conocen la normativa, pero no tienen participación en los procesos de autorización contemplados; que no se han cumplido cabalmente las normas sobre información y las referidas a obras de mitigación; que existe un deterioro en la relación social de los vecinos en los barrios en que las antenas son instaladas y un perjuicio económico por la pérdida de plusvalía de las viviendas colindantes a las antenas de telecomunicaciones.

Para Viviana Delgado, presidenta de la Junta de Vecinos 4 y 5 Villa Pehuén en Maipú, quien además es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Salud del Concejo comunal de organizaciones de la Sociedad Civil, Cosoc, de Maipú, “la participación ciudadana no se está llevando a cabo” y recalcó que se deben mejorar los procesos de comunicación.

Pero además, recalcó que deben ser revisadas las compensaciones, que son muy bajas, en comparación con el daño económico que tienen los vecinos, ya que una propiedad que está junto a una antena pierde el 40% de su plusvalía.

Por su parte, Maria Antonieta Garrido, presidenta de la Junta de Vecinos N°11 de La Reina y vicepresidenta del Cosoc de dicha comuna, dijo que la principal modificación debiera ir orientada a una participación concreta y vinculante de las organizaciones vecinales; que la información “partiera por las juntas de vecinos, luego a la municipalidad y que finalmente entre todos dirimiéramos”, ya que a su juicio, la participación ciudadana ha sido muy manoseada y no se está dando efectivamente.

Angel Tabilo, presidente de la Junta de Vecinos Villa Hermosa, de Viña del Mar oriente, recalcó los problemas de convivencia que se presentan en las comunidades cuando un vecino arrienda su propiedad para instalar una antena, y afirmó que ese daño no tiene precio.

Asimismo, valoró el trabajo de evaluar algo que se ha hecho, que se escuche a las organizaciones sociales y llamó a los legisladores a tomar en consideración estas inquietudes”.

Lo interesante es que el tema de las telecomunicaciones también toma vuelo por el lado del Tribunal de la libre Competencia, que falló recientemente a favor de los habitantes de condominios habitacionales en los cuales se han impuesto condiciones monopólicas a favor de algunas  empresa de telecomunicaciones, sin dejar que sean los vecinos quienes libremente elijan.

Como consecuencia de ello, el Senado aprobó un proyecto en el cual se protege la libre elección de los servicios de cable, internet y telefonía, pero esto es “de aquí para adelante” ya que no habrá efecto retroactivo para las instalaciones hechas en el pasado en los edificios. En todo esto hay algunos cambios notables:

Primero, en la última sesión del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, asistieron representantes del Ministerio de Vivienda, del Tribunal de libre competencia y de cada una de las empresas operadoras de servicios, además de los integrantes habituales del Consejo, transmitiéndose vía streaming toda la sesión. Esto da mejor visibilidad y transparencia.

Segundo, las empresas reconocieron que se ha actuado sin cumplir normas vigentes respecto a las instalaciones monopólicas, perjudicando derechos básicos de los consumidores. Esto en concomitancia con los gestores inmobiliarios que promueven las ventas de departamentos, a los cuales de paso les echan la culpa.

Tercero, los diálogos ciudadanos se están abriendo camino también en las regiones y en Santiago se ha solicitado la opinión del Consejo de la sociedad civil de la SUBTEL para presentar alguna indicación al proyecto de ley que creará la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Las voces de las señoras Viviana y Maria Antonieta, así como las de los vecinos que han hablado, serán publicadas como resultado del Taller y como sugerencias a quienes podrán modificar las leyes que sean necesarias. Es bueno mantener los pies en las calles y entrar a los salones del poder cuando se requiere.

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Comentarios

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carlos araneda carrasco

25 de junio

Desde concepcion tambien se participo en este foro…quedo claro que es una pesima ley pues fue creada con la finalidad de regular la instalacion de antenas pero comparada con lo que sucedia antes que la ley saliera solo viere en formalizar dichas instalaciones.
Hoy las empresas pueden poner antenas sin mayor problema pues la ley no resguarda la salud, la propiedad ni el bienestar de la población.
Es una ley que los costos de la instalación asociados a la devaluacion de la propiedad la asume el afectado y el estado por la baja de contribuciones…ganando solo las empresas y el vecino que hizo el negocio.
Es una ley donde la participacion ciudadana es absurda opinamos para señalar que tipo de antenas queremos…y si no queremos igual se instala.
Una ley que obliga a salir a la calle para detener la instalacion pues ni los municipios se oponen..pues la falta de criterios de estos permiten posibles coimas en las DOM.
Donde el principio precautorio, señalado por la OMS y firmado por chile el 92 en la convension de rio no se respeta y solo aparece en la ley como testimonio que la norma chilena es “Exigente”.
LA Softel no tiene capacidad de fiscalización en cuanto a las mediciones radioelectrica. Las compensaciones son dispares, no existiendo criterios de pago.
Un dato el senador Navarro presento una modificacion a la norma pero fue declarada inconstitucional pues permitia que la participacion ciudadana fuera vinculante…osea en gobiernos democraticos con representantes democraticos las iniciativas democraticas son inconstitucionales.
Creemos que hoy cuando la poblacion urbana es mayor a la rural el tipo de ciudad que queremos pasa, no solo por autoridades locales, sino por quien vivimos y queremos nuestra ciuadad…

Gabriela Chávez

06 de julio

Primer artículo que leo me pase interesante esta entrada y a seguirlo.

25 de junio

Se debe considerar además que el Ministerio del Medio Ambiente no ha cumplido con el mandato que le dio la misma ley para fijar las nuevas normas de irradiación. El Fondo de Desarrollo de la Telecomunicaciones no permite financiar una investigación científica chilena sobre las irradiaciones electromagnéticas. El Instituto de Salud Pública tampoco realiza mediciones que pudiesen afectar a los trabajadores que efectúan las instalaciones. Las Direcciones de Obras Municipales no colaboran con las juntas vecinales para controlar de común acuerdo las instalaciones.

Gabriela Chávez

06 de julio

Casi todos los que trabajamos en participación ciudadana sabemos que la ley fue un fiasco. Hoy debemos empezar a luchar para conseguir modificarla. Para lograr esto los dirigentes sociales deben empoderarse , si no es así, no pueden ejercer el control social de las instituciones públicas. Creo que es prioritario ejercer este control e social , primero en los gobiernos locales a través de un mecanismo o herramienta como son los presupuestos participativos, y además debe existir la voluntad política de la autoridad de turno , como es el caso de la comuna de Maipu en qué nuestro actual Alcalde ha dado inició a este proceso , es incipiente , sin embargo es importante porque ya se inició y como dicen los jóvenes, esto no lo para nadie señores.

06 de julio

Estimada Gabriela:
Posiblemente haya que hacer arreglos en la ley (como los que los usuarios hicieron presente en el Departamento de Evaluación de ley 20.500 en la Cámara de Diputados) pero, mientras tanto es importante usarla como está.
Por ejemplo, actualmente es necesario que las Direcciones de Obras Municipales y las juntas vecinales trabajen de común acuerdo en el tema de las antenas. En la mayoría de las municipalidades está colaboración no existe.
En el caso de Maipú entiendo que el propio Subsecretario de Telecomunicaciones tuvo reuniones allí para fortalecer este proceso. Bien por Vitori.
Es cierto que los dirigentes sociales deben “empoderarse” en el sentido de no esperar que alguien haga las cosas por nosotros, sino en el sentido de pedir a quienes corresponda que la gestión de la ley se haga efectiva.
Será tarea de nuestro Consejo de la Sociedad Civil (CSC) de la Subsecretaría de Telecomunicaciones hacer el seguimiento al trabajo iniciado en el mencionado Departamento de la Cámara así como seguir los proyectos de ley que vayan surgiendo. Pero es tarea de los COSOC comunales apretar las tuercas a las municipalidades.

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