Libertad de culto: un derecho para todos

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¿A qué se alude con “neutralidad”? ¿qué se entiende, en la práctica, con la prohibición de que ley y las “reglamentos de los poderes del Estado” hagan referencia a símbolos de “índole religiosa”?

La candidata Michelle Bachelet, junto a la “Nueva Mayoría”, han enfatizado que sus propuestas representan las de un “Chile para todos”, es decir, un Chile donde exista mayor justicia, inclusión, dignidad y solidaridad. Si bien varias de sus propuestas se orientan en aquella línea, no parece existir el mismo criterio en otros asuntos que afectan a la mayoría de los chilenos, como lo es la libertad de culto.

En efecto, según la encuesta Adimark-Bicentenario 2013, el 61% declara profesar la fe católica, un 17% la evangélica y un 4% otra religión, porcentajes que, sumados, representan el 82% de la población. Sin embargo, el programa de Bachelet en esta temática, no es fiel a su eslogan de campaña, la cual señala que, junto con “reafirmar la separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente a la religión” (…) “deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa”.

La separación entre el Estado y la Iglesia es una realidad desde 1925 y tiene pleno ejercicio desde 1999 con la promulgación de la ley de libertad de cultos, cuerpo legal que profundiza la libertad religiosa, reconociendo la igualdad de las distintas confesiones y entidades religiosas que configuran la identidad nacional.

En definitiva, el programa de Michelle Bachelet quiere cambiar la actual “laicidad positiva” del Estado de Chile, es decir, una visión que valora el aporte de las religiones en el espacio público, hacia una idea en que el Estado debe ser “neutral” frente a la religión que, en los hechos, tampoco es tan “neutral”, pues desde el momento en que prohíbe la manifestación pública de los símbolos religiosos deja de ser indiferente o imparcial.

¿A qué se alude con “neutralidad”? ¿qué se entiende, en la práctica, con la prohibición de que ley y las “reglamentos de los poderes del Estado” hagan referencia a símbolos de “índole religiosa”? ¿Significa qué un funcionario público no podrá exhibir su crucifijo en su lugar de trabajo, o que en los hospitales públicos no podrá un enfermo postrado solicitar que le acompañe una imagen religiosa, o bien que un colegio particular subvencionado, cuyo sostenedor es una entidad religiosa, no podrá solicitar las subvenciones estatales que le corresponden porque en sus aulas se imparte enseñanza inspirada en una tradición religiosa?

En estricto sentido, Chile no es un “Estado Laico”, sino un Estado no confesional. Esta distinción es muy importante, porque nuestro país mantiene una relación estrecha de cooperación entre la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Basta pensar en el papel que cumplió la Iglesia Católica en momentos en que se violaban los derechos humanos durante el régimen militar. O la noble labor que cumplen las Iglesias evangélicas en las cárceles con la rehabilitación de los internos, trabajo que el Estado no es capaz de desempeñar por sí mismo. Lo mismo en cuanto a educación: son numerosos los proyectos educativos que son totalmente gratuitos y otorgan educación humanista científica y técnica de alta calidad, que están inspirados en tradiciones religiosas y que son un aporte a la educación.

El “Estado Laico” de Bachelet parece ser más bien una copia de la laicidad a la francesa, “laïcité á la française”. En dicho país recientemente se publicó  la “Carta de laicidad”, la cual busca radicalizar los ideales de la República Francesa que sostiene que Francia es una Nación “indivisible, democrática, social y laica”. La Carta de laicidad ha sido polémica, porque prohíbe la expresión pública en las escuelas de los valores religiosos, e incluso el exhibir “símbolos o uniformes mediante los cuales los estudiantes ostenten de forma clara una pertenencia religiosa”.

¿Curiosa coincidencia? Parece que no. Es un despropósito que Chile intente importar este modelo, toda vez que no tiene relación alguna con la idiosincrasia de nuestro país, ni con nuestra experiencia histórica. La idea de la “laicidad francesa” tiene sus notas propias que se explican en el actual contexto cultural francés, muy determinado por la inmigración islámica y su influencia en la cultura europea, lo cual merece un juicio particular y contextualizado; es decir, el “Estado Laico” no tiene justificación alguna en el contexto latinoamericano, en el cual la religión, más que ser proscrita o relegada al ámbito privado, debe ser integrada en el espacio deliberativo democrático.

En síntesis, las dudas que se desprenden de la idea de “Estado laico” que el programa de Bachelet propicia, deben ser precisadas. Mientras permanezcan, parece justo que la ciudadanía que profesa una religión o culto público, exija respuestas claras o, de lo contrario, retire su apoyo a esta candidatura, pues no existe ninguna seguridad que la libertad de conciencia, de religión y cultos, sea respetada. La idea de un “Un Chile para todos” no puede desconocer la apertura a la trascendencia y el aporte cultural de la religión en diversos ámbitos de la vida social, asimismo, tampoco puede prohibir que las personas profesen, practiquen, celebren o expresen su religión públicamente, asegurando la libertad religiosa y de culto, sobre todo cuando el pluralismo es la base de una democracia que todos debemos construir.

* Entrada escrita por Luis Robert, Investigador de IdeaPaís