La ley de inclusión escolar: el fin de los dos mundos

A mediados del año 2014, en el marco del inicio de la discusión de la reforma educacional y, principalmente cuando se trataba la ley de inclusión y se debatía el fin al copago, la prohibición al lucro y el fin de la selección en aquellos establecimientos educacionales que reciban financiamiento del Estado, quedó al descubierto el carácter clasista de la sociedad chilena, expresado en una férrea defensa a la segmentación en el sistema educativo nacional.

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Se ha comprobado que el futuro de un niño está determinado por tres factores que corresponden a su entorno: condiciones sociales, lugar geográfico de nacimiento y situación social de sus padres. Todo lo anterior, sumado a distintas situaciones que propenden a la segregación, entre ellas la educación, terminan perpetuando la desigualdad generación tras generación.

Ya es un secreto a voces que los resultados de las pruebas SIMCE y PSU representan fielmente la desigualdad dentro del sistema educativo, desde una perspectiva cuantitativa; por otro lado, más allá de los números y a raíz de la ley de inclusión y el fin del copago, se ha instalado un discurso que plantea de manera simplista la necesidad de construir un “muro” que divida el mundo de los estudiantes pobres del de los ricos para evitar que se mezclen y mantener vigente una suerte de apartheid.

A raíz de esto último han surgido conceptos como “nivelar para abajo” y “libertad de elegir”, entre otros, que reflejan el paradigma del sistema educacional chileno, en donde la educación entre iguales es más importante y más valorada. En otras palabras, se pretende mantener un sistema educativo en donde exista educación para ricos, en donde los ricos sigan estudiando con otros ricos, mientras que los pobres sigan estudiando con pobres, con el fin de evitar la “catástrofe” que se basa en prejuicios de clase.

Mantener el apartheid ha generado un tremendo daño al sistema educacional en su conjunto, ya que la segregación tiene un efecto que limita la creación de nuevo conocimiento y su difusión. Además, la segregación tampoco ha logrado generar calidad, considerando que los colegios con mejores resultados en pruebas estandarizadas sólo son comparables con los peores establecimientos educacionales de los países desarrollados.

Vivimos en una sociedad en donde existen dos mundos separados por un muro: el dinero. Quien lo tiene accede a un mundo lleno de prosperidad y meritocracia, en donde no hay espacio para el fracaso y hay muchos privilegios que defender, entre ellos las redes sociales y el capital social -principalmente vinculante- acumulado, que va creciendo desde la sala cuna hasta la universidad o incluso más allá. Este entorno va generando que las “habilidades naturales” afloren y alimenten el discurso de una falsa superioridad.

En el otro extremo tenemos el caso de quienes no lo tienen y están en el otro mundo, el de la falta de oportunidades que conduce a jóvenes a no trabajar ni a estudiar, en un entorno que carece de riqueza sociocultural y que los resultados de las pruebas estandarizadas del sistema educacional reflejan una amplificación de las desigualdades a través del tiempo. Esta situación termina hundiendo a niños y a jóvenes en el flagelo de la drogadicción y la delincuencia, limitando sus posibilidades de movilidad social y alimentando el discurso del 40% de consultados en una encuesta realizada por el CEP a finales de 2015 que creen firmemente que la pobreza se debe a “flojera o falta de iniciativa”, lo que refleja la profundidad e invisibilización de los principales factores que construyen sociedades desiguales y lo naturalizado que están en cada individuo.

Generalmente cuando se habla de desigualdad se tiende a reducir simplemente a una perspectiva económica y, en casi todas ocasiones, se menciona la desigualdad por ingresos y la concentración de riquezas. Sin embargo, se ha comprobado desde hace ya varias décadas que el futuro de un niño está determinado por tres factores que corresponden a su entorno: condiciones sociales, lugar geográfico de nacimiento y situación social de sus padres. Todo lo anterior, sumado a distintas situaciones que propenden a la segregación, entre ellas la educación, terminan perpetuando la desigualdad generación tras generación.

La ley de inclusión es un primer avance para poner fin a esta situación. Se ha comprobado a lo largo de la historia que la interacción entre personas de distintas etnias, culturas, religiones y sectores económicos nivela las oportunidades para niños y jóvenes, creando las bases para una sociedad realmente basada en la meritocracia, además permite la eliminación de barreras sociales y prejuicios.

La construcción de una sociedad más equitativa y solidaria pasa necesariamente por entendernos como iguales y el capital puente (relación entre distintos grupos sociales) es fundamental para reducir las brechas que provoca este sistema económico que tanta desigualdad genera. Es de suma importancia entender todo lo que existe detrás de esta ley que, sin duda, es el primer paso para construir una sociedad sin prejucios, sin exclusión y por sobre todo más democrática en el sentido más amplio de la palabra, porque la desigualdad y sus consecuencias son las principales enemigas de la democracia.