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La indiferencia del Gobierno frente a la discapacidad

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Ya han pasado 8 años desde que Chile ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dio paso a la aprobación de la Ley 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.


Las personas con discapacidad y sus familias no pueden esperar más, y todos debemos tomar conciencia de ello pues es la única manera de visibilizarla, entenderla e incorporarla desde los niveles preescolares hasta el ámbito laboral.

No obstante, su institucionalidad centrada ahora en la persona como sujeto de derecho; con la creación de un servicio público dependiente de un Ministerio que tiene como eje central la disminución de la desigualdad en los sectores más vulnerables; la inversión realizada en Diálogos Ciudadanos a nivel nacional entre 2011 y 2012 para levantar las necesidades y/o requerimientos tanto de ellas como de sus familias; la incorporación de la lengua de señas como política inserta en el Consejo Nacional de Televisión para la transmisión de toda campaña de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales; más todo el trabajo profesional e intersectorial de las organizaciones de la sociedad civil, no es suficiente para mostrar toda la tarea pendiente que el Estado debe asumir en discapacidad. Todo lo contrario, quienes trabajamos en discapacidad, vemos cada día más la indiferencia del Gobierno frente a ella.

No puede ser posible que en el Mensaje Presidencial del pasado 21 de mayo, la Presidenta Bachelet habiendo ella misma ratificado la Convención antes mencionada, se refiera a ellos como “personas en situación de discapacidad o con capacidades diferentes”. Es simplemente inaceptable que no lleve a la práctica, ni ella ni sus asesores, la tremenda discriminación que está cometiendo al decir: “Enviaremos un proyecto de ley, basado en propuestas de los parlamentarios, sobre inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes. Nada justifica que discapacitados reciban menos que el salario mínimo como remuneración. Estableceremos, además, un porcentaje de contrataciones para personas en situación de discapacidad en las instituciones y empresas públicas”.

A mi juicio, los motivos están a la vista: falta de rigurosidad en el uso correcto del lenguaje cuando se trata de Personas con Discapacidad, falta de campañas masivas en televisión abierta financiadas por el Estado y no solamente por redes sociales de concientización de los deberes y derechos de las personas con discapacidad con el objeto de crear un cambio cultural que genere la plena inclusión de ellos, falta de adopción de políticas públicas eficientes en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, entre otras acciones que se generen desde el Estado y de manera transversal.

No es difícil comprender el mensaje que nos entregó Presidencia: hoy no existe voluntad política, ni mucho menos recursos económicos para inyectarle a la discapacidad, no es tema de Agenda Pública, ni existe si quiera la intención de serlo. A 20 meses de terminar este segundo período presidencial, aún no se sabe nada del compromiso de la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad, que más del 20% de chilenos la están esperando.

La palabra “INCLUSIÓN” les ha servido para dar grandes discursos, para denominar leyes, para mostrar buenas prácticas tanto a nivel de Gobierno como en sectores privados pero lamentablemente, no se han detenido ni un sólo momento (o tal vez sí, lo cual sería aún peor…) en tomarle el pulso a la calidad de vida de las personas con discapacidad y a brindarles definitivamente el lugar que les corresponde en nuestra sociedad. Ellos, todos ellos, son personas “sujetos de derecho”, que tienen una condición de vida distinta a la de una persona sin discapacidad. Todos tenemos capacidades diferentes y no por ello tenemos alguna discapacidad. Esto es lo que aún nos falta comprender y es deber del Estado, generar las políticas públicas para llevar adelante todas y cada una de las medidas que establece la Ley 20.422.

Recientemente, la Comisión de Discapacidad de las Naciones Unidas envió a Chile sus comentarios y recomendaciones sobre el estado de avance de la ratificada Convención. Más de 10 hojas de observaciones y sugerencias que además de tener un plazo para ser modificadas, deben ser informadas tanto a la ciudadanía como a la misma ONU. Lo anterior es una obligación para el Estado de Chile, no forma parte de una medida discrecional que se materialice de acuerdo al Gobierno de turno.

Frases como “Gran parte de la obra gruesa de nuestro Gobierno está terminada” o “Avanzamos como nunca antes”, ya no aplican para la discapacidad. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden esperar más, y todos debemos tomar conciencia de ello pues es la única manera de visibilizarla, entenderla e incorporarla desde los niveles preescolares hasta el ámbito laboral.

TAGS: #PolíticasPúblicas Gobierno personas con discapacidad

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09 de junio

No se puede esperar mucho de los gobiernos. Una tras otro demuestran que su agenda de intereses no es la agenda de intereses de los ciudadanos. Compartimos una entrada de construcción colaborativa para empoderar a la sociedad civil para que pueda promover acciones de mejora social sin esperar a que la política se mueva por nosotros. Dejamos el enlace por si es de su interés Cómo pasar de la protesta y la queja a la acción de cambio http://www.escuelasparalajusticiasocial.net/escuelas-para-la-justicia-social-1/desde-la-protesta-y-la-queja-a-la-accion-de-cambio-organizada-en-chile/

Un saludo.

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