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La desprolijidad en el uso del lenguaje para PcD del Gobierno

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Para las personas con discapacidad (PcD) y sus familias, es decir, para el 16,7% de la publicación chilena actualmente, lo que establece el Gobierno en materia de Beneficios Sociales e Información Solidaria, a través del Ministerio de Desarrollo Social, es ley pues no tienen otra fuente más acreditada que el aparato gubernamental para informarse qué hacer con un familiar con algún tipo de discapacidad, qué beneficios existen para ellos y a qué tipo de proyectos pueden postular, vía recursos del mismo Estado.


Hay una indolencia tan grande en relación al uso correcto del lenguaje al referirse a este grupo de personas, que ni siquiera en esta Guía de Beneficios Sociales se refieren a ellos tal como debe ser ya que tanto en el Índice como en la página 12 del documento, se refieren a “Subsidio Familiar Inválidos y Discapacitados Mentales”.

Pues bien, este año el Ministerio de Desarrollo Social presentó la Guía de Beneficios Sociales 2016 que contiene información práctica para la ciudadanía sobre veinte prestaciones que forman parte del Sistema de Protección Social de nuestro país. En ella se explica en qué consisten las asignaciones o subsidios, cuáles son los requisitos que se deben cumplir para postular, dónde se hace la postulación, dónde se pueden cobrar, además de informar qué institución es responsable de la misma.

Pues bien, si tenemos actualmente 2.836.818 de PcD en nuestro país y hemos insistido tanto en que justamente hay que otorgarles los mismos derechos que a cualquier ciudadano y hablar de “sujetos de derecho” y no de discapacitados, ni de minusválidos, por poner algunos ejemplos, ¿por qué el MDS y su organismo técnico – SENADIS -, quien debe asesorarlo en este tipo de materias, insisten en hablar de “Persona en Situación de Discapacidad” y no de “Persona con Discapacidad”, tal como lo estipula la Convención de ONU, ratificada por Chile, en el año 2008.

Es más, hay una indolencia tan grande en relación al uso correcto del lenguaje al referirse a este grupo de personas, que ni siquiera en esta Guía de Beneficios Sociales se refieren a ellos tal como debe ser ya que tanto en el Índice como en la página 12 del documento, se refieren a “Subsidio Familiar Inválidos y Discapacitados Mentales”. ¿Qué se podría esperar entonces, del ciudadano común y corriente que no tiene ninguna vinculación con la discapacidad cuando quiera referirse a alguna persona con discapacidad física, por ejemplo? Simplemente impresentable e incoherente con todos los discursos que emanan del trabajo social que se hace desde los organismos del Estado en beneficio de saldar de alguna manera de deuda histórica que tenemos como país con este grupo de personas y sus familias.

Hoy y desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en el año 2008, hemos asumido un modelo centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, el cual nos desafía a abandonar el asistencialismo y generar las condiciones que permitan a las personas con discapacidad su plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades.

Con este tipo de desprolijidades, por llamarlo de alguna manera, lo único que se consigue es que se continúe desinformando a la población de los derechos de las PcD, corroborando que los filtros en materia gráfica de los documentos oficiales que salen de este Ministerio en particular, no tienen la suficiente expertiz en este tema, o simplemente no se logra comprender el retroceso que implica que el mismo Gobierno esté hablando de “Inválidos o Discapacitados Mentales”. Esto es no entender nada de nada, y peor aún, seguir desprestigiando la política pública cuando es hecha para mencionarla y no para llevarla a la práctica con grupos vulnerables como lo son las PcD y sus familias.

Es de suma importancia relevar la rigurosidad y compromiso que nos cabe a todos en este tema: entidades públicas, organizaciones de y para PcD, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado y población en general, de conocer y comprometerse con la discapacidad y la inclusión social responsablemente pues ambas requieren ser asumidas como temas país, entendiendo para ello que la generación de un cambio cultural se encuentra también en manos de cada ciudadano y ciudadana, ya que sólo de esta forma, podremos avanzar juntos hacia un Chile más Inclusivo.

TAGS: #Inclusión Desarrollo Social personas con discapacidad

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Comentarios

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Guillermo Cortés

12 de agosto

En relación al lenguaje empleado por los organismos públicos y que se entrega a todos los chilenos, completamente de acuerdo en que de esta forma no se avanza en educar. Un desasierto que debe ser corregido y respetar lo convenido internacionalmente. Técnicamente 2 millones 800 mil chilenos merecen ser reconocidos adecuadamente como sujetos de derechos y esto se inicia respetandolos integramente.
Esperar, en el plazo que le queda a este Gobierno y los que sigan, que avancemos como país en politicas para personas con discapacidad para tener un Chile más inclusivo, a través de un trabajo integrado entre personas, organizaciones de y para PcD, gobiernos comunales y nacional. LA INCLUSION ES TAREA DE TODOS.

12 de agosto

Así es Guillermo, lamentablemente es como si hubiéramos retrocedido en varios años pues no puede ser que desde el mismo MDS se cometan este tipo de errores que a mi juicio, simplemente no tienen ninguna justificación.

Gracias por tu constante apoyo.

Saludos,

Ximena

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