El 12 de agosto, los ministros con competencia ambiental dieron luz verde al inicio de las actividades extractivas de carbón en la Región de Magallanes. Esta aprobación por parte del Consejo de Ministros para la primera etapa del proyecto minero en Isla Riesco permite algunas reflexiones sobre la configuración de nuestra institucionalidad ambiental y el carácter contradictorio de esta.
Los actuales movimientos ciudadanos con sus argumentos políticos están poniendo en tela de juicio aspectos relevantes sobre los cuales se sostienen la educación y el cuidado ambiental en Chile. Esto ha dado legitimidad masiva a lo que antes pareciera que solo era un comentario de pocos: la crítica al discurso y a las acciones contradictorias que toman forma desde las instituciones nacionales. Tal como los estudios sobre el lucro en la educación revelan la tensión entre la enseñanza de calidad y la justicia, el apoyo que este gobierno le ha dado al proyecto minero en Isla Riesco significa una contradicción y es un absurdo político que se tensiona en función del discurso oficial que aboga por la consideración y preocupación sobre el calentamiento global y el fomento de las ERNC por parte de la administración del Presidente Sebastián Piñera.
En un mundo amenazado por el calentamiento global y en donde son muchas las evidencias que postulan la necesidad de considerar y modificar las lógicas que promueven al crecimiento económico como único elemento de consagración del desarrollo, el apoyo del gobierno al proyecto de Isla Risco resulta ser una praxis política altamente contradictoria. Sorprende que desde el oficialismo gobernante se postula la necesidad y conveniencia de que Chile asuma los desafíos del calentamiento global y promueva una política amigable con el medio ambiente, pero a la vez se dé luz verde a un proyecto de extracción de carbón altamente contaminante y dañino para el medio ambiente y la salud humana.
Al poner atención en las decisiones del gobierno es posible reconocer una carácter lingüístico contradictorio, esto en función de discursividades que abogan por la preocupación medio ambiental y que, a la vez, postulan la necesidad de la explotación del carbón como parte de una estrategia desarrollista que posibilitaría un mayor crecimiento económico y con ello bienestar social y superación de la pobreza.
Tal como lo plantea el sociólogo Ulrich Beck, las decisiones políticas que no consideran los riesgos de ciertas actividades productivas en razón de aumentar el crecimiento económico conducen a una trampa, en la medida que la no consideración de los riesgos ambientales es igual de perjudicial que las carencias materiales de la situaciones de pobreza. De este modo, la decisión del gobierno se visualiza como una negación de las peligrosas consecuencias ambientales que provocará la extracción del carbón en Isla Riesco lo que está significando poner en jake una real política desarrollista que se presente responsable de los daños al medio ambiente y a la salud.
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Foto: elhanspeter / Licencia CC
Comentarios
08 de septiembre
lo de isla Riesco es una contradicción como tantas otras de este Gobierno, aunque el gobierno de Piñera nunca ha tenido una línea clara sobre la protección del medio ambiente.
Pero este asunto no sólo pone en jaque a la institucionalidad ambiental, sino que también a la autonomía de las regiones, en que casos como este o el de HidroAysén vemos que las decisiones se toman desde Santiago y entre cuatro paredes. Creo que el problema se resuelve con más democracia -autonomía regional-, promoviendo una cultura que se conjugue con el cuidado y la protección del medio ambiente y además, promoviendo las fuentes alternativas de energías.
Saludos
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08 de septiembre
Interesante opinión. Chile necesita profundizar sus dinámicas en pro de la descentralizacion. Una concepción moderna de lo publico requiere mayores niveles de autonomía local.
Saludos Cordiales.