Amenazados y perturbados, alcoholizados y mendicantes; pacientes psiquiátricos que se encuentran en situación de calle requieren de un diagnóstico oportuno e integral, y a su vez necesitan de la generación de una estrategia multisectorial de intervención: urgente desde el aspecto bio-psico-social y prioritario en el plano médico-legal.
Desprovista la locura de toda trascendencia y arqueologizada hasta quedar reducida a una sintomatología fría y desnuda, lo que nos ha quedado, como residuo de estas corrientes, es un sujeto dañado, errático y potencialmente peligroso de una manera extraña.
Amenazados y perturbados, alcoholizados y mendicantes; los pacientes psiquiátricos que se encuentran en situación de calle requieren de un diagnóstico oportuno e integral, y a su vez necesitan de la generación de una estrategia multisectorial de intervención: urgente desde el aspecto bio-psico-social y prioritario en el plano médico-legal.
El año 2012 se reportó que un 16,6% (1.886 casos) de las personas encuestadas, durante el Catastro Nacional de Personas en Situación Calle, padecía alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual. Una parte de ellos, aunque estadísticamente insignificante, se encuentran en una situación de evidente abandono, altamente vulnerables y a la espera de que se establezcan las medidas necesarias para el resguardo de su integridad física y psíquica.
Uno de los aspectos que deben ser enfrentados con rigurosidad, dice relación con fijar de manera clara la esfera del deber de cuidado y la posición de una sociedad garante que aborde la situación de estas personas. Ante ello caben las siguientes preguntas: ¿a quiénes corresponde la responsabilidad de ello? ¿Quiénes la han asumido y cuáles son los procedimientos adecuados y las acciones pertinentes para garantizar su exigibilidad?
Por ahora están en tierra de nadie. Dependen del apoyo humanitario que puedan prestarles las organizaciones de la sociedad civil que han abordado el trabajo con las personas en calle. Pero la situación se complejiza cuando se trata de la administración de medicamentos, la continuidad en los tratamientos ambulatorios y sobre todo durante los periodos de crisis; a lo que hay que sumar que, en algunos casos, las patologías de base se agudizan por el consumo abusivo de drogas o alcohol, poniendo en serio riesgo la seguridad tanto del paciente como de terceros.
Amparax y Modecate: la solución transitoria.
En dos sentidos este es un problema de salud pública: Primero, “porque corresponde al Estado ejercer acciones de fomento y protección de la salud mental de la población, detectando y previniendo situaciones de riesgo que puedan afectarla, así como velar porque se ejecuten las actividades de recuperación y de rehabilitación de las personas enfermas”, y en segundo lugar, porque genera en los hospitales complejas situaciones para la gestión de estos casos: Los servicios sociales de los hospitales públicos no siempre cuentan con los recursos humanos necesarios y capacidad de derivación a redes, viéndose sobrepasados por la tensión que se genera entre la necesidad de liberar camas (ya insuficientes) y la de proveer una salida protegida y programada de los pacientes hacia sus redes, muchas de éstas pobres, periféricas y desprovistas de un circuito comunitario de salud oportuno y expedito.
“Nosotros tratamos problemas médicos, no casos sociales” argumentan los hospitales para fundamentar la insuficiencia presupuestaria, el agenciamiento deficitario y auto-acordadas definiciones estratégicas acerca del rol que como instituciones les compete en la cartografía total de la administración de lo público.
Por ahora y mientras se continúen dando explicaciones insatisfactorias o se mantenga el problema oculto en la trama silenciosa de la pobreza urbana, sólo nos queda la ventanilla de urgencia con sus indicadores de gestión y de logro, la inyección tranquilizadora y la somnolencia que los invisibiliza.
Aunque lo han perdido todo, incluso la razón, constituyen un grupo sobre el que recae un ineludible deber de protección y resguardo de sus garantías elementales: el derecho a la vida y a su integridad, reconocida tanto por la Constitución Política como por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
Autor: Francisco Lagos Díaz.
Coordinador de Redes Institucionales
Fundación Gente de la Calle
Comentarios