Una de las principales obligaciones del Estado es la promoción de los derechos, hoy le pedimos que tome cartas en el asunto y lo haga.
En el Día mundial del SIDA, fecha instaurada hace 26 años por Naciones Unidas, queremos señalar la importancia de un nuevo trato entre las autoridades y el movimiento social del SIDA, quienes fuimos dejados al margen de las políticas públicas en el gobierno anterior, a todas luces uno de los períodos más negativos para la prevención del VIH en los últimos 24 años en Chile.
El escenario en nuestro país hoy está abierto y el desafío en el ámbito del SIDA es enorme. Como sociedad civil estamos expectantes y vigilantes respecto de las políticas públicas que se deben adoptar en la materia.
Hace cinco años que no hay campañas de prevención del SIDA. Si bien existe una ley que obliga y hace responsable al Estado de la prevención a nivel individual, de manera focalizada y masiva, lo cierto es que no ha pasado nada. Confiamos y sabemos que las nuevas autoridades están en plena elaboración de una campaña participativa. Esto no ha sido una tarea fácil, ya que el hecho de instalar al condón como el método más eficaz para evitar la transmisión y adquisición del VIH, causa resistencias y temores hasta en los sectores laicos, progresistas e inclusivos. La curva epidemiológica es numérica, no ideológica, y la realidad dice que ella ha aumentado de manera alarmante en la población de hombres que tienen sexo con hombres y en la población transgénero.
Hoy es necesario interpelar al Estado y a la ciudadanía respecto de la ley del SIDA (19.779), que se encuentra vigente desde el año 2001 y permanece en el más absoluto desconocimiento y no aplicabilidad. Los derechos a la confidencialidad, la voluntariedad, el consentimiento libre e informado, al trabajo, la educación y atención en el ámbito del VIH/SIDA, son permanentemente violados.
Una de las principales obligaciones del Estado es la promoción de los derechos, hoy le pedimos que tome cartas en el asunto y lo haga.
Otro tema que se hace urgente relevar es el de la ausencia de una política pública, clara y real, en materia de educación sexual. La verdadera prevención del VIH, como también de las infecciones de transmisión sexual, del virus del papiloma humano y de la hepatitis B, pasan por la educación. Se requiere educación sexual en todos los liceos y colegios de Chile, y que no sólo aborde la reproducción, sino que también la afectividad y la diversidad sexual. De esta forma la anhelada inclusión deja de ser un discurso y se transforma en una realidad social disminuyendo el impacto que causa la discriminación. El acceso a la información es un derecho humano.
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