La oposición, en toda su variedad de colores ha desarrollado una crítica al modelo chileno que se ha concentrado en tres ideas fundamentales: la igualdad, la profundización de la democracia y la sustentabilidad. Aunque las propuestas concretas tienen importantes matices, no cabe duda de que es un camino justo y necesario. Más aún: es claro que los grandes desafíos del próximo gobierno –si es que gana una coalición de oposición- serán por lo menos la reforma tributaria, una nueva política educacional y el fin del sistema binominal.
Sin embargo, por importantes que sean, estas tres ideas no son suficientes. Se requiere de un cuarto eslabón que por ahora brilla por su ausencia. Se trata de una nueva estrategia de desarrollo que inicie la transición desde una economía que depreda el medio ambiente y que se basa en las rentas de recursos naturales altamente concentrados, hacia una nueva economía sustentable basada en el conocimiento, con una productividad similar a la de países desarrollados, así como con una menor heterogeneidad productiva entre grandes y pequeñas empresas. Esta estrategia supone un cambio estructural que apoyará la reducción de las grandes desigualdades sociales que atenazan a Chile.
Para lograr esta transformación estructural, es claro que el mercado no es suficiente. También es evidente que los grupos económicos pueden ser eficientes en invertir en América Latina reproduciendo el mismo modelo de negocios que desarrollaron en Chile, pero no son propensos a invertir en Investigación y Desarrollo ni en profundizar los clusters productivos que nacen de los recursos naturales.
El cambio estructural no se producirá de la noche a la mañana. Por ello se requiere una estrategia de desarrollo para el 2025 que debe contener una política de competitividad orientada a fortalecer las infraestructuras tecnológicas y de información para todo el país, una política científico-tecnológica de gran magnitud que se oriente a superar el 2% del PIB, una política industrial que fomente la emergencia de nuevos sectores basados en el conocimiento, así como una política de pequeña empresa combinada con una política de descentralización productiva. Todo lo anterior requiere de un gran salto en la política de educación y capacitación que hoy está lejos de estar a la altura de lo que el país requiere para las próximas décadas. Todo esto supone cambios institucionales que deben ser acompañados por un nuevo Pacto Fiscal.
Sin embargo, esto no es suficiente. Una estrategia de desarrollo requiere una mayor consistencia micro-macro, porque la experiencia desde 1990 muestra que las políticas de fomento suelen ser anuladas por largos ciclos de apreciación cambiaria. Por ello es necesario complementar la política tecnológico-industrial con políticas contra-cíclicas, los controles de capital de corto plazo, las políticas macro-prudenciales, así como con las políticas ambientales y aquellas orientadas al mercado laboral.
¿A que se debe la ausencia de una idea de desarrollo en la oposición? Básicamente a la persistencia de tres corrientes de pensamiento que son transversales tanto a la oposición parlamentaria como la extraparlamentaria. La primera y más importante es el pensamiento liberal que, siendo adversario político del neoliberalismo, coincide con éste en creer que toda política pública debe ser horizontal y no seleccionar sectores, que el Estado no debe proveer servicios directos de I+D o tecnológicos sino sólo subsidiar la demanda y que los programas de gran escala o sobre los US$ 20 millones tienen “riesgo de captura”, especialmente de los científicos. La crítica es aún más ácida con la política industrial, porque el Estado no tiene capacidad de “escoger ganadores” y porque sería “un retorno al pasado” o el regreso a la vieja idea de la industrialización sustitutiva de importaciones.
El predominio de este enfoque liberal influenció las políticas de los gobiernos democráticos en los últimos 20 años, limitando fuertemente los recursos para el fomento productivo y la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ello explica en parte que el gasto en I+D en Chile no supere el 0.36% del PIB, que las exportaciones de mayor valor agregado no supere el 10% de las exportaciones totales, que no hayan emergido encadenamientos productivos intensivos en tecnologías desde los “clusters” de recursos naturales y que Chile dependa más que nunca de las exportaciones de recursos naturales con bajo procesamiento. Más complejo aún es su insistencia en una política macroeconómica que, como lo ha señalado Ricardo Ffrench Davis- alienta largos ciclos de apreciación cambiaria que deterioran la competitividad de sectores emergentes e intensivos en conocimiento.
Curiosamente, la centro-izquierda más preocupada de lo social también mira con sospecha la política tecnológico-industrial. Su crítica podría sintetizarse en ¿por qué desviar recursos hacia el empresariado? Y más aun: ¿por qué financiar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) donde participen grandes empresas privadas? Estas interrogantes son legítimas, pero revelan una gran miopía. No consideran que la igualdad sólo será sostenible si se avanza hacia una economía con una productividad tan elevada como las de países desarrollados y, al mismo tiempo, logrando una convergencia de productividades entre pequeñas y grandes empresas. Esto requiere de la colaboración público-privado, eliminando subsidios indebidos pero desarrollando aquellos que inducen un comportamiento de las empresas más proclive a la inversión, la innovación y la producción limpia. Al mismo tiempo, se requiere de un Estado más activo y donde las empresas públicas como Codelco, Enap o una empresa pública del litio tengan un rol más estratégico. En síntesis, la igualdad va de la mano del desarrollo y ello debe traducirse en políticas públicas de gran alcance y persistentes en el tiempo.
También existe una visión crítica del mundo laboral que debe ser asumida por quienes promueven el desarrollo. Las políticas públicas se han impulsado glorificando excesivamente al “empresario innovador”, cuando en realidad predomina el empresario que imita y adapta tecnologías extranjeras. Al mismo tiempo se supone falsamente que más tecnología supone “modernización laboral” o la superación del modelo taylorista-fordista de organización de la empresa. La verdad ha sido otra. Muchos empresarios han incorporado nuevas tecnologías pero no han modernizado las relaciones laborales. La verdad es que han debilitado a los sindicatos y han precarizado las condiciones de negociación de los trabajadores. Este no puede ser repetido por un proyecto de desarrollo alternativo al prevaleciente en Chile.
Hay un tercer enfoque que mira con sospecha la política tecnológica-industrial. Se trata de la corriente medio-ambientalista en toda su diversidad, que cuestiona este tipo de políticas porque estaría asentada en un paradigma de crecimiento que depreda los recursos naturales, que reducen la bio-diversidad y ponen en peligro la salud humana. Sin embargo, lo cierto es que existen modelos alternativos de política tecnológico-industrial. Los más avanzados ya no tienen como referencia la fabrica con chimeneas de humo negro, ni se orientan a presionar aún más el medio ambiente ya altamente estresado. Por el contrario: trabajan con un enfoque de producción limpia, carbono eficiente, con energías renovables, considerando las necesidades de la comunidad que rodea la empresa, al tiempo que fomentan el desarrollo de las industrias que proveen bienes y servicios ambientales o “verdes”.
Estos tres enfoques se basan en interpretaciones erradas o incompletas de la historia de la política industrial. Es cierto que estuvo asociada a la industrialización en una economía cerrada, pero la experiencia de China y los demás tigres asiáticos muestra que ahora es posible en el contexto de economías abiertas y exportadoras. Es cierto que glorificó excesivamente al empresario y sus accionistas, pero los enfoques alternativos dan mayor relevancia a las agendas de trabajo decente, a regulaciones fuertes que evitan el abuso contra consumidores y las políticas de competencia que buscan frenar el abuso monopólico. Y también es cierto que en el pasado no consideró la preservación e enriquecimiento del medio ambiente, pero los enfoques actuales de política industrial sí lo incorporan.
En contraposición a lo que era la centro-izquierda de los años sesenta, la oposición del presente parece haber olvidado el legado histórico del desarrollismo. Con ello corre peligro de quedarse en propuestas parciales, incompletas y hasta defensivas. Este es un mal camino. Si no se sueña con lo que parece imposible, no se estará en condiciones de hacer grandes apuestas para el futuro ni menos de cambiar a Chile. Para eso es necesario traspasar las fronteras temáticas y recuperar el diálogo en pos de un proyecto de cambios estructurales para el país.
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Foto: HikingArtist / Licencia CC
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