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Desde Aysén: Los cargos pasan, el daño a las instituciones queda

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España vive por estos días uno de los más controversiales procesos de pederastia de los últimos años. El “Caso Romanones”, llamado así en alusión al párroco Román Martínez, ha involucrado a un profesor de religión y a varios sacerdotes del barrio San Juan María Vianney (Granada), acusados de abusos sexuales contra niños y adolescentes.


Una de las propuestas del trabajo de la Comisión de Descentralización en Aysén fue la necesaria rotación de los jueces en los territorios, similar a lo que ocurre en otros organismos del Estado. Se evitarían así las influencias cruzadas producto del establecimiento de relaciones de amistad. La concentración del poder es un fenómeno que debemos combatir como sociedad.

Fue en julio de 2014 cuando un joven de 24 años, hoy aspirante a PhD, envió una carta al Papa Francisco. En esta relató cómo durante su pubertad fue víctima de Martínez y su grupo cercano. Al hacerlo, no centró muchas esperanzas en los efectos de su misiva. Pensó que sería un acto oficioso más, producto de las redes de poder e influencia que perviven al interior de la Iglesia Católica.

Un mes después, el 10 de agosto, un llamado telefónico lo cambió todo. “Buenas tardes hijo, soy el padre Jorge”, le dijo una voz al otro lado de la línea. Ante su extrañeza, el interlocutor insistió: “Soy el Papa Francisco”.

Aunque inverosímil, tal fue la conversación. Lo primero que hizo Jorge Bergoglio fue pedir perdón a nombre de la Iglesia. Luego, asegurar que su denuncia sería investigada, pidiéndole entregar los antecedentes al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.

Pero no fue todo. En conocimiento de que uno de los acusados oficiaba de vicario general de Granada –por tanto muy cercano a la jerarquía local- la Santa Sede decidió intervenir el proceso con dos vicarios judiciales de la diócesis de Valencia. Francisco no estaba obligado a ello, pero así procedió para asegurar la mayor independencia en la investigación interna, en paralelo a la criminal.

En Chile la semana pasada supimos de la decisión de relevar al fiscal Carlos Gajardo de la investigación del caso Penta, una de cuyas aristas conduce a Soquimich. Soledad Huerta, fiscal nacional subrogante (el titular Sabas Chahuán se encontraba en el extranjero), autorizó la decisión, quedando a cargo de la indagatoria el fiscal Metropolitano Oriente Alberto Ayala (jefe de Gajardo). Para todo lo relacionado con la minera, quedaría el fiscal Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, ante la inhabilidad de Ayala quien durante años fue asesor de Soquimich.

El problema es que Montes es hijo del senador PS Carlos Montes, partido con algunos de sus parlamentarios investigados por el caso. Y que Ayala tendría interés en ser el próximo Fiscal Nacional, para lo cual debe ser respaldado por la Cámara Alta.

De regreso de sus vacaciones, Chahuán tomó cartas en el asunto. Ante los múltiples cuestionamientos ciudadanos y políticos, asumió la investigación e incluyó en su equipo al propio Gajardo, acreedor de la confianza ciudadana por la forma en que hasta ese momento había llevado las diligencias.

Chahuán tampoco estaba obligado a tomar esta decisión, pero con tal medida evitó que se instalara la desconfianza sobre la incorruptibilidad del Ministerio Público.

Aterricemos en Aysén. Este fin de semana se difundió profusamente un comunicado de la Fiscalía Regional informando el resultado del juicio a un empresario de Coyhaique, acusado de abusos sexuales en contra de una niña.

Antes de continuar preciso informar que –sin ser amigos cercanos- conozco desde antes al inculpado y he tenido siempre una opinión positiva de su persona. Aclaración necesaria no solo por transparencia, sino porque precisamente este artículo trata sobre conflictos de interés.

Durante el juicio, la defensa solicitó que el caso fuera tramitado en un tribunal externo a la región. La razón: el padre de la víctima era a la fecha funcionario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique e incluso compartía roles directivos con el juez de Garantía a cargo del caso, según informó en noviembre la prensa local.

Las peticiones fueron rechazadas. Tanto por el tribunal de primera instancia como por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, cuyos integrantes también forman parte del círculo laboral del padre de la víctima.

Al hacer estos descargos, quien en todo momento planteó su inocencia no buscaba un tratamiento especial. Tampoco que se le exculpara solo porque él lo decía. Su intención, y la de su defensa, era simplemente tener un juicio justo. Uno en el que no hubiera duda sobre la imparcialidad de quienes tenían la responsabilidad de juzgarle.

Todo fue infructuoso. Fue condenado por un tribunal sobre el que rondaron dudas con respecto de su imparcialidad. Faltó, en el fondo, la prudencia que sí ha operado en los casos descritos en un inicio.

Una de las propuestas del trabajo de la Comisión de Descentralización en Aysén fue la necesaria rotación de los jueces en los territorios, similar a lo que ocurre en otros organismos del Estado. Se evitarían así las influencias cruzadas producto del establecimiento de relaciones de amistad. La concentración del poder es un fenómeno que debemos combatir como sociedad.

Algo de sensación de injusticia se va instalando entre la ciudadanía cuando se insiste en no dar señales de imparcialidad y transparencia. Se lastima la fe pública, principal sustento de cualquier institucionalidad.

Porque los hombres en sus cargos pasan, pero el daño a las instituciones queda.  Y eso también nos debe preocupar.

¿De aquello no tratan, también, los casos Penta y Caval?

TAGS: Institucionalidad Justicia

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