Venta libre de fármacos: de carretas y bueyes

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Mientras autoridades, legisladores, empresas relacionadas y la opinión pública en general, no tomen conciencia del real peligro del consumo masivo y escasamente regulado de remedios, el debate estará parcialmente ciego, y nos perderemos la oportunidad de implementar una política de OTC efectiva que ayude a descongestionar los servicios de urgencia.

Uno de los principales objetivos de la ley de medicamentos es posibilitar la venta fuera de las farmacias. Desde los gremios de la salud, se critica la casi nula mención a aspectos de seguridad para quienes los usarían, ya que algo que la ley y sus promotores omiten, es que todos pueden causar daño si no se usan adecuadamente. De hecho, en Estados Unidos causan tantas o más muertes que los accidentes de tránsito y los principales afectados son casi, invariablemente los niños, a través de intoxicaciones domésticas. Algo tan “inofensivo” como la aspirina, puede provocar la muerte bajo ciertas condiciones.

Pese a esto, en Estados Unidos y otros países como el Reino Unido y Australia, algunos medicamentos pueden ser comprados en tiendas de conveniencia como almacenes, minimarkets y supermercados. Esta política, permite a los usuarios resolver dolencias menores, evitando consultas de urgencia innecesarias y descongestionando dichos servicios. ¿Pero por qué en esos países se puede y en Chile no? Mas allá del debate de si bajarán o no los precios de los remedios de venta libre, debemos debatir sobre las potenciales consecuencias de esta modalidad para la salud de la población, y de cómo podemos minimizar el daño, optimizando a su vez los beneficios.

Los países que han decidido liberar la venta de algún grupo de medicamentos, cuentan con políticas farmacéuticas consistentes. Éstas políticas, comúnmente se conocen como Política de OTC por la frase en inglés Over The Counter (sobre el mesón) y tienen su principal foco en la seguridad del paciente exigiendo, por ejemplo, envases que no puedan ser abiertos fácilmente por niños, presentaciones con gramajes que dificulten las sobredosis, programas de información y educación, fondos para la investigación sobre el uso de medicamentos, entre otras condiciones.

Otro aspecto de éstas políticas, son el constante monitoreo de la ocurrencia de daño en la población. Existen avanzados sistemas informáticos que permiten medir o estimar el daño producido por el uso de los medicamentos. En el Reino Unido, por ejemplo, un sistema llamado “The Yellow Card Scheme” permite monitorear constantemente la ocurrencia de daño por uso de medicamentos en la población. En base a esto, la autoridad tiene una estricta política que permite cambiar la condición de venta en el caso de que un medicamento pruebe no ser seguro para su expendio libre.

En Chile, se pretende liberar un grupo de medicamentos cuya condición otorgada por el Instituto de Salud Pública (ISP) es “venta directa en establecimientos A y B”, sin embargo, no existe un reglamento que determine qué parámetros de seguridad deben cumplir estos medicamentos, peor aún, no contamos con un sistema que permita a la autoridad monitorear dichos parámetros de seguridad.

En este contexto, cabe preguntarse ¿cuáles serán los criterios que otorgarán la posibilidad de ser vendidos en un supermercado?, ¿debemos tomar estas decisiones en base a la seguridad o en base a criterios comerciales? La pregunta no es antojadiza, ya que la idea de liberar la venta de medicamentos surgió desde el Ministerio de Economía y no del Ministerio de Salud, es decir, nace de una inquietud de corte comercial-económico y no de salud.

Por otra parte, y en medio del debate por la calidad de la educación que recibe la población chilena, se puede reflexionar en torno a si existe en Chile una cultura de uso seguro de medicamentos o no. En un país en que más de la mitad de los adultos no entiende lo que lee, un folleto escrito en lenguaje semi-técnico y probablemente con demasiada información, es claramente insuficiente para garantizar la seguridad del paciente. En este sentido, debemos también debatir sobre cómo fomentar el uso seguro de fármacos y si esta responsabilidad recaerá tan sólo en el Estado o debe formar parte de la responsabilidad social de las empresas que los fabrican, distribuyen y venden finalmente al público.

El debate se ha quedado sólo en la dimensión del precio de los medicamentos, mientras el tema de la seguridad está aún ausente del foco de la opinión pública. Muchos argumentarán que para qué preocuparse de la seguridad, si en la actualidad cualquier persona que ingresa a una farmacia puede comprar medicamentos que debieran ser vendidos sólo bajo receta médica, sin que nadie se la exija. Tienen toda la razón, no existe una real preocupación por la seguridad, pero si una cosa es segura, liberar la venta no mejorará la seguridad.
Como reza el dicho: no pongamos la carreta delante de los bueyes, primero la seguridad, luego la venta libre. Por ahora, el daño seguirá escondido debajo de la alfombra, mientras usted lee esta columna, alguien en Chile estará hospitalizado grave por una hemorragia causada por un analgésico que compró en la feria, pero no lo sabremos porque nadie lo registrará. Más aún, si la persona muere, su deceso quedará registrado oficialmente como una anemia aguda y la autoridad nunca se enterará de la real causa de su muerte.

Mientras autoridades, legisladores, empresas relacionadas y la opinión pública en general, no tomen conciencia del real peligro del consumo masivo y escasamente regulado de remedios, el debate estará parcialmente ciego, y nos perderemos la oportunidad de implementar una política de OTC efectiva que ayude a descongestionar los servicios de urgencia. Y, como ya es una costumbre en nuestro país, seguiremos poniendo la carreta delante de los bueyes.