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‘Negociación’ Públicos, otra forma de desmantelar la Salud Pública

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Se cumplieron más de dos semanas de movilizaciones en el Sector Público, las y los trabajadoras/es del estado se organizaron en torno a una “mesa de negociación”, sin voluntad política de avanzar en un acuerdo. Muy por el contrario, gobierno mantuvo una postura intransigente que llevó a sostener una movilización Nacional que tuvo consecuencias en diferentes ámbitos para nuestra población. En esta movilización se vio reflejada la política interna de un gobierno que apuesta al desmantelamiento de la Salud Pública de Chile, mediante principalmente dos mecanismos detallados a continuación.


Hoy el estado no se hace responsable de la Salud de su población y menos de quienes son responsables de otorgarla, sus trabajadoras/es.

El primer mecanismo se evidencia al momento de responsabilizar al Paro de Trabajadores como principal causa del gran número de cirugías y consultas de especialistas postergadas. “Según el Ministerio de Salud, a lo largo del país se han suspendido 7.183 cirugías electivas y 27.595 consultas con especialistas.. Además el gobierno en su tozudez de no querer dar respuestas ni flexibilizar su oferta declara “Alerta Sanitaria lo que facilitó la disposición de aún más recursos económicos para que los privados se llenen los bolsillos con el dinero de todas/os.

Realidad que se presenta en movilización, pero esto también ocurre en períodos sin movilización, tal como evidencia el Presidente Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea al señalar “Se entregan recursos a privados en vez de fortalecer la red pública… los usuarios siguen creciendo, lo que genera un colapso en los hospitales que obliga a enviar pacientes al extrasistema·”. De esta Forma toman la decisión de realizar compras a empresas privadas que resuelvan estas brechas. Esta acción cada vez más frecuente en las políticas de salud hace imposible no preguntarse “¿el dilatar, la poca voluntad de negociar y extender el cierre de la negociación tuvo intereses comerciales detrás?”. Según presupuesto para el 2017 son US$1.156 millones anuales el monto que va a parar al sector privado de salud y la inversión en red pública disminuye un 31%.  Negocio redondo que nuevamente evidencia de manera vulgar la conexión entre el poder económico y el poder ejecutivo-legislativo.

La movilización del sector público busca siempre reforzar el aparato estatal en todos sus sentidos, apunta a la mejora de las precarias condiciones laborales para los servidores públicos en general. En referencia a las condiciones laborales observamos el segundo mecanismo de desmantelamiento, altamente relevante. Mantener estas condiciones para no cambiar nada y sutilmente generar la fuga hacia el privado de la mano de obra técnica y profesional no médico. Con la misma intención a los médicos se les deja la cancha libre para el desarrollo de sus actividades privadas a partir de los fondos públicos o para prestar servicios y cubrir las necesidades que el aparato estatal no cubre (generando un estado subsidiario puro), la estructura de las enfermedades GES es un ejemplo de aquello. Actualmente un par de horas médicas entregadas al sistema público en forma de acto caritativo suplen a una real vocación de Servicio Público.

Las y los trabajadoras/es públicos ganan menos de $500 mil promedio, el sector salud tiene, a excepción del estamento médico, una de las peores remuneraciones del estado. Si sumamos a esto la precarización de los contratos y la inestabilidad laboral cada día mayor, resulta evidente darnos cuenta que no hay condiciones favorables para permanecer en la labor pública y muchas/os de nuestras/os trabajadoras/es migran al sistema privado en busca de calidad de vida para ellas/os y su familia.

De esta manera, minimizando los servicios públicos y manteniendo las brechas de la mano de obra necesaria se obtienen las excusas perfectas para seguir tercerizando (comprándo al privado). Hacen oídos sordos a todos los estudios técnicos que existen y todos los análisis internacionales que recomiendan cambiar este tipo de políticas, los gobiernos de Chile han insistido en traspasar la responsabilidad de otorgar salud a las empresas, quienes entienden la Salud como un Bien de Consumo y no como un Servicio necesario para cualquier país y su desarrollo.

Finalmente,  el estado posterga esta prioridad para la población y evade su responsabilidad frente a la ciudadanía. Hoy el estado no se hace responsable de la Salud de su población y menos de quienes son responsables de otorgarla, sus trabajadoras/es.

Tal como evidenció la Ministra Carmen Castillo en entrevista donde cifra en $1000 millones diarios las perdidas por Paro del Sector, eso multiplicado por 20 días, entrega una cifra no despreciable la cual se incrementará aun mas cuando anuncia además la compra de servicios y pagos extraordinarios para resolver la demanda en espera. Resulta de toda lógica pensar que este dinero sólo con decisión política pudo reinvertirse en un reajuste y condiciones laborales dignas para las/os Trabajadoras/es Públicos y no seguir  beneficiando a los mismos de siempre.

Por: Rodrigo Gruebler y Margarita Araya

TAGS: #SaludPública #TrabajadoresDeLaSalud

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