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Endeudamiento hospitalario: pavimentando la privatización de la salud

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Los Hospitales y muchos consultorios están por el suelo. Eso es evidente. Por su parte, la Concertación salió en pleno a cuestionar al titular de Salud, a raíz del descarnado análisis que el ministro hizo de los problemas administrativos que habría heredado en la cartera. No faltan argumentos desde el gobierno: hay que hacer las cosas de manera diferente. Se ataca el perverso sistema de financiamiento para que los hospitales no puedan "bicicletear" los dineros y los ocupen efectivamente para lo que están asignados. La enorme deuda que mantienen los servicios de salud pública con sus proveedores del sector privado es, nuevamente, tema de preocupación pues supera los $170.000 millones, considerando la deuda de los hospitales y la de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

El tema de “saneamiento de la deuda” apunta a imposibilitar el funcionamiento y a estimular la privatización. Pero, por otro lado, el virtual ataque de gobierno a las Isapres, obligándolas a emparejar las tarifas y a eliminar las exclusiones, obliga a éstas a acercarse a las capas medias, generando clínicas nuevas y ampliando las antiguas, ofreciendo planes de ofertón. ¿Qué tiene esto de malo? Nada. El Mercado siempre gana, pero es evidente que el Hospital público tratando de sanear sus deudas, no podrá competir con la Clínica privada – con capacidad de dar crédito- en la cacería del paciente de los sectores medios.

Las organizaciones de los Trabajadores de la Salud han denunciado los cambios en el sistema de financiamiento y la concesión de consultorios. En una creciente reorganización del Minsal vimos la salida de altos funcionarios en el Ministerio de Salud como la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Giovanna Gutiérrez; el superintendente Vito Sciaraffia y la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Ingrid Heitmann, y se empiezan a instalar cuadros directivos que están todos alineados en la agenda de privatizaciones del gobierno y que pretenden estrangular económicamente al sector, de tal manera de dejar el camino limpio para la penetración de los privados.

A partir de las reformas a la salud y las reformas a la previsión bajo la dictadura militar, empezaron los problemas que hoy agobian a los hospitales públicos y a sus usuarios. A partir de ellas, la salud se convirtió en un negocio rentable y como consecuencia se desarrolló la privatización con la perspectiva de reemplazar en su totalidad a la salud pública. Del mismo modo en que se logró consumar el sistema previsional de AFP, -obligatorio para los civiles pero no para los militares-, con los nefastos resultados de las míseras jubilaciones que acuerdan, cuyo monto ni se aproxima siquiera al salario mínimo. A lo largo del tiempo se constata sólo el enriquecimiento de las empresas administradoras, sus abusos en el cobro de comisiones, así como su inmunidad a los vaivenes bursátiles que han sufrido los fondos de los afiliados.

Simultáneamente se reduce el presupuesto para la salud pública, generando un dramático deterioro de los hospitales que se ven obligados a trabajar con aranceles que no cubren los costos de las prestaciones, mientras se les exigen los más altos rendimientos. La eficiencia se convierte en un problema perverso. Mientras más se atienda a pacientes pagados bajo el costo real, más aumentará de la deuda. Es exactamente la definición de lo perverso: pasar un mal por bien.

Esta realidad, no casual, trae consigo grandes dificultades para los directores de los hospitales, pues mientras más atenciones y cirugías practican sus equipos de profesionales, más se endeudan institucionalmente. Lo que redunda en una tendencia opuesta a sus objetivos esenciales: atender pocos pacientes para endeudarse menos.

En los hechos esta realidad convierte a los directores de hospitales en angustiados administradores de recursos escasos, confrontados a las enormes exigencias de las autoridades. Cuando se hace difícil mantener los más mínimos equilibrios entre recursos y gastos, se les acusa de mala gestión reemplazándoles por otro profesional que se ve obligado a repetir los mismos ciclos que desprestigian al sistema y a los funcionarios que lo sirven.

Una administración como la descrita jamás permitirá una buena gestión, cualidad que no es sinónimo de administración. La gestión es una cualidad creativa que se aplica en la institución que se dirige para facilitar su desarrollo y llevarla a superiores niveles de satisfacción.

La administración y la dirección de un hospital público no dan ni espacio ni posibilidad de gestión en razón de factores estructurales. Este es un amplio capítulo de discusión en el que entran en línea de cuenta factores conceptuales que, debiendo generalizarse, se aplican en forma focalizada. Por ejemplo, el ingreso per-cápita, según el índice de pobreza del sector, que no cubre los costos de los servicios prestados.

La lógica de un hospital público cuya remesa presupuestaria (cuota mensual que reciben los hospitales del Estado) se consumía en un 84% en pagos fijos, quedando un exiguo remanente de 16% para insumos y operaciones, es ciertamente insostenible. El cumplimiento con las exigencias del sector generaba un endeudamiento progresivo mensual que sumado en el tiempo llevaba, inexorablemente, a una severa crisis con los acreedores.

Ante la disminución de camas como consecuencia del terremoto, Fonasa licita camas en clínicas privadas por valores diarios promedios de $349.108 cada una. El costo efectivo puede variar entre $47.000 y $1.500.000 según el prestador de servicios y el tipo de cama. Si pasada la emergencia se invirtieran valores de esta magnitud en los hospitales públicos, éstos lograrían la calidad y la eficiencia necesarias a un desarrollo coherente con las necesidades de la salud pública, en vez del deterioro progresivo que se traduce en desprestigio desmoralizante para los funcionarios de la salud pública y de los gobiernos de turno.

(*) Entrada preparada por el equipo de comunicaciones de Fenpruss.

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Foto: Maternidad, Hospital del Salvador – SoulSense Licencia CC

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