Cristián Larroulet, ideólogo de derecha, fue jefe de gabinete Büchi en Hacienda, luego director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y hoy ministro de SEGPRES.

Es un exponente de la visión de incorporar las lógicas del mercado, que consideran la salud como un privilegio, principio que primará en la “reforma” de salud que impulsará el Gobierno. En Salud un Derecho pensamos que la salud es un bien público, los principios fundamentales de la política en salud deben ser la igualdad y la solidaridad, que aseguren una salud pública de calidad e igual para todos.

En una columna publicada en La Tercera (19/04/2008), no vemos sólo su indignación por un hecho puntual, sino, más bien, los objetivos estratégicos de la derecha en la salud. El autor plantea un diagnóstico y sus respectivas curas a los males que distingue. “Curas” que el gobierno de Piñera está implementando hoy.

El diagnóstico de Larroulet es que los establecimientos de salud se destacan en entregar una “mala calidad de los servicios…”. Esto no es exacto, considerando los resultados en salud, la esperanza de vida versus el gasto per cápita permiten ver que se gasta poco en salud y se obtienen buenos resultados.

La razón de esto sería el incumplimiento de las garantías AUGE, “12 de 14 garantías presentan incumplimientos”, además de las listas de espera. Respecto de las garantías AUGE, el autor no entrega cifras. Y, según el Ministerio de Salud, entre 2005 y 2010 el porcentaje de incumplimiento del total de las garantías es de 1,25%, por lo que el argumento sería falso.

Las listas de espera tienen relación con el problema del consumo de servicios en salud. Son un instrumento racionador del “uso” que busca mediar la capacidad de oferta de un establecimiento frente a una demanda infinita. Las listas de espera pueden ser bien gestionadas cuando existen criterios de priorización adecuados.

Larroulet dice que el problema de fondo es que en los establecimientos de salud “…no están los incentivos ni la organización adecuada para el buen servicio”. Y sostiene que aquello es porque existe cuoteo político en cargos directivos, y el personal de salud no es remunerado de acuerdo a su productividad. Respecto a los sueldos del sector, estos no pueden estar mediados por la productividad; la evidencia en la literatura indica que genera problemas. Por ejemplo: los costos suelen dispararse, apunta a la atención de la enfermedad y no a la prevención, enfatiza la cantidad más que la calidad y estimula la discriminación de precios entre distintos pacientes según capacidad de pago. No es que todo esté bien; hay otros mecanismos que pueden mejorar esta área.

Larroulet plantea tres soluciones. La primera, profundizar la libre elección de los usuarios para atenderse en establecimientos públicos y privados, con bonos para asegurar el acceso, y hoy ya está en marcha a través del Bono Auge. La libre elección genera fuga de fondos desde el Fisco hacia los privados, generando el desfinanciamiento de la salud pública. Además, los privados tienen más interés en lucrar que en resolver los problemas de salud de la población.

Lo segundo es introducir competencia en el sistema público, que también hoy está por materializarse a través del per cápita portable para la Atención Primaria, entre otras. El principio de la competencia en la salud es erróneo, la OMS en sus recomendaciones indica que la competencia no es algo adecuado en salud. Es necesario lo opuesto, o sea, una planificación sanitaria integral que incentive cooperación para hacer uso de la capacidad ociosa en el sistema público.

Tercero. Convertir a los hospitales públicos en “sociedades anónimas hospitalarias, constituidas con participación minoritaria del Estado que permita la incorporación de entes privados interesados en asociarse”. Esta propuesta es decir “privatización” de forma elegante. La idea busca debilitar a los gremios, además de generar un espacio a las clínicas y otros “entes” privados para realizar negocios con la salud de la población.

En el Encuentro Nacional de la Salud de 2009, Larroulet dijo que la mejor forma de hacer inversión en infraestructura en salud es a través de las concesiones hospitalarias. Esto es un problema, la evidencia internacional puntualiza que las concesiones generan drenaje de recursos desde el Fisco a los privados, suele verse afectado la calidad de la atención del paciente y seleccionando a los pacientes menos riesgosos. No hay pruebas serias de que las concesiones otorguen un mejor uso de los dineros públicos, en comparación de la construcción realizada por el Estado.

La salud necesita una reforma estructural, que apunte a generar un sistema igualitario y solidario en salud, a diferencia del proyecto de Larroulet que busca un sistema donde la salud este mediada por la capacidad de pago.

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Foto: en schitterend ongeluk – verbeeldingskr8 / Licencia CC