Sebastián Piñera asumió el gobierno en una situación crítica marcada por el problema de la reconstrucción de Chile luego del terremoto de febrero de 2010. Su primer 21 de mayo estuvo atravesado por esa situación y respecto del área de salud, el discurso tuvo que hacerse cargo de los grandes daños que afectaron a la infraestructura hospitalaria y de atención primaria de 18 de los 29 servicios de salud. En este marco, el gobierno anunció el inicio de un proceso de reconstrucción de la infraestructura perdida.
En Salud un Derecho hemos estado siguiendo el proceso de reconstrucción, solicitando información al Ministerio de Salud (Minsal) sobre el estado de avance, así como de los contratos que esta institución ha firmado, para concretar la reconstrucción.
Política de reconstrucción
La estrategia del Gobierno consistió en levantar hospitales de emergencia en las regiones, para luego proceder a realizar contratos con empresas constructoras para construir hospitales modulares, que sirvan mientras se buscan soluciones definitivas (en un futuro no muy claro). Estos procesos de reconstrucción el Minsal informó que se realizarían a través de las “concesiones hospitalarias”, dado que el gobierno “dejaría de invertir en ladrillos”. Para esto se generó una larga lista de hospitales, y dentro de esta estaban los establecimientos de las zonas afectadas por el terremoto además de otros hospitales de distintas regiones. En Salud Un Derecho consideramos que las concesiones son una pésima forma de construir, dado que genera problemas de financiamiento y de calidad. Esta forma de construcción ha sido fallida: hasta el día de hoy, sólo un hospital se encuentra en fase de “precalificación” (Hospital Regional de Antofagasta) y no es de ninguna de las regiones afectadas por el terremoto. Apuntan más a concretar una buena oportunidad de negocios para las empresas constructoras y concesionarias que una rápida reconstrucción.
Hospitales Modulares
Como es característico del gobierno, durante el 2010 realizó un pirotécnico anuncio que para junio de 2011 todos los hospitales modulares estarían terminados. Con estos fines, el Gobierno lanzó una licitación en el portal Mercado Público. Sin embargo, esta licitación fue declarada “desierta” y se optó por la vía de realizar contratos directos, lo cual impidió que existiera una real “competencia” de los oferentes. En marzo del 2011, Salud un Derecho solicitó a través de la OIRS del Minsal, la información sobre el estado de avance de estos hospitales, así como los contratos de quienes se adjudicaron las obras (ver adjunto). Para marzo, el promedio de avance era de un 22%. Si bien estos hospitales son de una rápida construcción, luego del anuncio el Gobierno ha guardado un sepulcral silencio sobre el avance de estas obras. Sería grave que en estas zonas pasaran nuevamente un invierno sin la infraestructura necesaria para enfrentar la demanda de salud, que es la más alta durante todo el año. Este silencio de las autoridades produce sospechas de que estos hospitales no estarán terminados en la fecha indicada.
Estas sospechas se refuerzan más si consideramos los resultados del Gobierno en la ejecución del presupuesto de salud del año 2010, donde los fondos destinados a inversiones de infraestructura fueron gastados con mucha lentitud, concentrándose la mayor parte del gasto en el último trimestre del 2010. En 2011 la situación presupuestaria no ha sido diferente. El Gobierno, además de no entregar las cifras que serán transferidas a los servicios de salud para materia de inversiones, sólo informa que del total del presupuesto únicamente se ha gastado en este ítem un 4% durante el primer trimestre.
A lo anterior se deben agregar los casos de los hospitales que, si bien fueron dañados por el terremoto, no requerían una reconstrucción total sino más bien parcial. Hay dos casos emblemáticos: los hospitales de Angol y de Temuco, que por error del Minsal se destinaron montos inferiores a los necesarios para realizar las obras de reparación, por lo que la Contraloría tuvo que intervenir, suspendiendo las obras en estos hospitales.
El proceso de reconstrucción hospitalaria está siendo poco transparente y con errores (presupuestarios y en licitaciones), que distan mucho de la autoproclamada “excelencia” que se atribuye el Gobierno. Como Salud un Derecho exigimos del Gobierno, transparencia tanto en los fondos destinados a reconstrucción como también sobre el estado de avance de este proceso. El Gobierno debe cumplir con lo que se comprometió frente a todo el país.
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