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El caso Karadima le hace mal a la Iglesia, un mal que va más allá de las posibles sanciones penales que reciba el sacerdote en caso de que la justicia lo encuentre culpable de lo que se lo acusa. Un mal que sólo puede enfrentarse con transparencia, o con luz, esa misma que los pastores recomiendan domingo a domingo a sus feligreses.

 
No soy creyente, pero escribo desde el convencimiento que la Iglesia Católica chilena ha jugado, a lo largo de nuestra historia, un rol positivo. De manera especial, desde el primer cuarto del siglo XX en adelante, hemos visto a una Institución que, con no pocas resistencias internas, buscó ponerse a tono con el signo de los tiempos, promoviendo que su labor estuviera centrada en los más necesitados. Finalmente, que las enseñanzas de Cristo se hicieran realidad a la par que nuestro país vivía el surgimiento de movimientos sociales, políticos y culturales de izquierda que reclamaban y luchaban por una mayor igualdad. 
 
Algunos leen la obra del Padre Hurtado en clave asistencialista, pero finalmente fue y ha sido una respuesta que ha contribuido a combatir la extrema pobreza en Chile. 
 
A estas alturas, pocos recuerdan que la reforma agraria tuvo entre sus orígenes la entrega de tierras que realizó la Iglesia entre sus trabajadores.
 
Y cada vez está menos presente el fundamental rol que la Iglesia jugó en los años más duros de la Dictadura, con el Cardenal Silva Henriquez, como una de las voces que públicamente se alzó contra la violación de los derechos humanos.
 
Por eso, Karadima no sólo quebró la dignidad de las personas que hoy, a través de sus denuncias que deben ser ratificadas, buscan justicia. Puso en jaque décadas de labor por hacer del nuestro un país más justo. 
 
Pero hay que ser exactos. Karadima -el caso, no la persona con sus supuestas prácticas torcidas- es sólo la punta del iceberg de una corriente que, de muy distintas maneras, ha llevado a la Iglesia Católica chilena a separarse de sus fieles. O en sentido contrario, ha impulsado a muchos de sus fieles a separarse de una Institución regida por normas y formas de ver el mundo que no logran dar cuenta de una sociedad que ha cambiado.
 
Cuando en Chile la transparencia se instala como eje fundamental de lo público, la Iglesia parece refugiarse en una extraña figura de "lo privado", volcándose de manera ingenua y con mayor ahínco en un Derecho canónico que -supuestamente- ampara conductas que las otras ramas del Derecho sancionan con rotundidad. Siendo ciudadano, estoy expuesto a la justicia; siendo sacerdote pudiera quedar impune. O así parece entenderse, por la lentitud con la que este caso se manejó apenas se recibieron las primeras denuncias, lentitud de la cual sólo pueden surgir sospechas de encubrimiento.
 
Ante estas denuncias, sólo cabía responder con claridad, con firmeza. Porque Karadima, el caso, no la persona, le está haciendo mucho mal a la Iglesia. No lo vieron o no lo quisieron ver. Pero el daño ya recorre las iglesias y capillas de todo Chile. Una Iglesia que, en el pasado, tuvo mayor capacidad de leer el signo de los tiempos.
 
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