Voto obligatorio: más que un derecho y más que un deber

Los días que siguieron a la primera vuelta de la elección presidencial recién pasada estuvieron marcados por un súbito resurgimiento de propuestas de diversa índole, con las que se pretendía reencantar a los votantes “des-concertados” y huérfanos, quienes parecían ser claves para una eventual e improbable victoria -en segunda vuelta- del entonces oficialismo.  

En aquel contexto se restituyó, un poco a tontas y locas, el debate en torno a si el voto es un derecho o un deber, y si el votar debe ser un acto voluntario u obligatorio. Hoy, tal debate cobra nueva relevancia ante la inminente discusión del proyecto de ley enviado al Parlamento por el Gobierno, mediante el que se pretende zanjar la cuestión instaurando un mecanismo de inscripción automática y voto voluntario. 

Intentando aportar a la discusión quiero esbozar algunas ideas.

En primer lugar, me parece importante recalcar que sobre este asunto no existen verdades absolutas, sólo parciales, y claramente vinculadas a posturas ideológicas. Por lo mismo, la disyuntiva derecho/deber planteada por algunos (véase, por ejemplo, la columna de Javier Sajuria en El Mostrador) está lejos de tener respuestas axiomáticas y unívocas. Por el contrario, puede tener incluso tres soluciones válidas: “A”, “B”, y “A y B”. 

Considerando lo anterior, creo que es importante anteponer un “desde mi perspectiva” a toda propuesta de solución al problema. 

Desde mi perspectiva, el voto es un derecho. Mucho ha costado hacerlo extensivo a toda la población mayor de 18 años –en una epopeya verdaderamente “progresista”- como para siquiera entrar a comentar este punto. No tiene sentido. No obstante, de seguro hay quien, en virtud de alguna ideología cavernaria, quiera rebatir esta afirmación. Está en su derecho, pero quienes salimos ya de la caverna sólo volvemos a ella en busca de arte rupestre, o restos cerámicos.

Desde mi perspectiva, el voto es también un deber. Creo –sin descubrir la pólvora ni mucho menos- que la vida en sociedad requiere no sólo de espacios de libertad; también requiere que los individuos libres asuman responsabilidades mínimas por el bien común. Así como pagar impuestos permite financiar las obras públicas y redistribuir el ingreso, participar del proceso político permite consolidar y perfeccionar los mecanismos de toma de decisiones, y reforzar el sentido de comunidad, todas cosas que van en beneficio del colectivo. La presión ejercida por el total de votantes permite que la clase política se amolde a las necesidades del conjunto social, asegurando que todas las demandas sean escuchadas aunque, ciertamente, con la distorsión generada por el poder de cada quien (pero esa es harina de otro costal).

Esto sólo se consigue con la obligatoriedad del voto. 

El voto voluntario introduce, en la práctica (que es donde importa), un sesgo de clase. Como toda libertad negativa, es abstracta y no considera las capacidades reales de los ciudadanos. Pretende ser, en la teoría, una medida igualitaria pero tal falaz pretensión se esfuma al primer contacto con la realidad. Muchos ciudadanos no logran visualizar el valor del pequeño poder que otorga el voto, y muchos, principalmente de bajos ingresos, enfrentan condiciones estructurales –es decir ajenas a la propia voluntad- que coartan –de facto- las posibilidades de ejercer el derecho, causando una “voluntaria” autoexclusión  de los procesos eleccionarios. En contraste, las personas de ingresos medios y altos tienden a acudir en mayor proporción a las urnas, generando -según la experiencia comparada-, la disminución del peso relativo de quienes más necesitan de la atención de los representantes, y un desbalance que en definitiva provoca la instalación de una fuerza conservadora en el sistema político (que dificulta la búsqueda de igualdad social). 

La obligatoriedad del voto, más allá de hacer de un deber moral uno legal, permite nivelar la cancha, evitando que ciertos grupos sociales monopolicen el poder político, cosa que de hecho ocurre con el voto voluntario. 

El debate teórico e ideológico da para todo, hasta para no ver en el voto un derecho (quizá en alguna olvidada caverna). Por lo mismo, creo que la discusión debe centrarse más bien en los efectos prácticos que la obligatoriedad y la voluntariedad tienen sobre el sistema político, sobre los procesos eleccionarios, y sobre la vida en comunidad. 

Desde mi perspectiva, el voto es un derecho y un deber. Pero más allá de eso creo –apoyado en muy diversos estudios (algunos de los cuales han estado circulando por algunos medios de prensa y redes sociales últimamente)- que la obligatoriedad contribuye a la imperecedera lucha por una sociedad más justa e igualitaria. 

Si para algunos esto es sólo “música” –es decir un detalle irrelevante que palidece ante la discusión netamente teórica-, pues ¡que viva la buena música!

 

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Foto: Mesa do Milladoiro – Galiciaefotos

Daniel Bello

Peruano y chileno, músico, Licenciado en Educación, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Doctorando en Estudios Americanos, investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE). Fundador y editor de la revista Encrucijada Americana (http://www.encrucijadaamericana.cl). Secretario Ejecutivo del Observatorio Democracia, Ciudadanía y Derechos (Decide), del Departamento de Ciencia Política y RRII de la Universidad Alberto Hurtado (http://www.cienciapolitica.cl/decide/)