De poco sirven los debates sobre las elecciones primarias, los programas, las candidaturas, si no se toman ahora las medidas que hagan posible mayor participación ciudadana, especialmente de los sectores pobres y rurales, de las mujeres y los jóvenes.
Una de las mayores sorpresas en las elecciones municipales de 2012 fue la elevada abstención de votar entre quienes tenían derecho a hacerlo. Sin duda, ello tiene que ver con la pérdida de legitimidad de nuestro ordenamiento político institucional y con el malestar existente con la clase política chilena, incluidos los parlamentarios. Sin embargo, hay otros problemas susceptibles de ser abordados y remediados.
A lo largo de dos meses recolectando firmas de apoyo a mi precandidatura para diputada por el Distrito 24, en diversas ferias de las comunas de La Reina y Peñalolén, he conversado con gran cantidad de personas de todas las edades. He logrado ese apoyo, pero las y los vecinos me señalan la existencia de graves barreras que encuentran para participar en las próximas elecciones.
En primer lugar, hay personas que están inscritas en otras comunas y regiones y que no han podido trasladar su domicilio electoral. Tras la entrada en vigencia de la inscripción automática y voto voluntario, quienes no modificaron su domicilio antes de las elecciones municipales sólo pueden trasladar su inscripción presentándose a la Dirección Regional del Servicio Electoral –en el caso de la Región Metropolitana- en las oficinas centrales del Servicio Electoral, en calle Esmeralda 611/615, de lunes a viernes entre 9.00 y 14.00 hrs., llenando un formulario, disponible en internet. Es evidente que muchos residentes de las comunas de Peñalolén y La Reina no tienen los recursos ni el tiempo para realizar personalmente este trámite esos días y en ese horario.
En segundo lugar, escuchamos numerosos reclamos por la ubicación de los locales de votación, no existiendo recorridos del transporte –llamado público- para el desplazamiento interno en las comunas que favorezca la participación en las elecciones. Tampoco recorridos de taxis colectivos. Sólo pueden acceder a pie, quedando excluidos quienes tengan dificultades para caminar.
En tercer lugar, nos manifiestan que el costo del transporte no permite el traslado de todos los integrantes de un grupo familiar con derecho a voto, desfavoreciendo a las mujeres y los jóvenes. Las tareas asignadas a las mujeres en la familia, tanto de alimentación familia como en la crianza de niños y cuidado de enfermos y/o adultos mayores, llevan a priorizar por los varones de la familia, lo que una vez más genera discriminación en su posibilidad de participar en la vida política del país. En el caso de las y los jóvenes, carecen de recursos propios para desplazarse en transporte pagado y la asignación de recursos queda en los adultos.
De poco sirven los debates sobre las elecciones primarias, los programas, las candidaturas, si no se toman ahora las medidas que hagan posible mayor participación ciudadana, especialmente de los sectores pobres y rurales, de las mujeres y los jóvenes. El Servicio Electoral y sus nuevas autoridades deben autorizar el traslado de inscripciones vía Internet o reponer oficinas comunales. Asimismo, deben disponer de locales de votación en ubicaciones que permitan el acceso de las personas, de acuerdo con sus lugares de residencia. Es tarea del Ejecutivo enviar al Parlamento un proyecto de ley que establezca la gratuidad del transporte público el día de las elecciones y no alegar “aprovechamiento” de la ciudadanía. Finalmente, los municipios que cuentan con locomoción pública deben establecer recorridos especiales e informar los horarios, de modo que este recurso favorezca la participación y una mejor democracia. Hay que actuar ahora, mañana será tarde y volverán los lamentos y recriminaciones sobre nuestra democracia.
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