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Una política criminal reaccionaria

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En estos días en los cuales el Gobierno de la Presidenta Bachelet comienza a cosechar los éxitos de la  impetuosa ejecución de sus promesas programáticas en lo tributario, educacional, político electoral –fin del binominal-, derechos civiles –legitimación de las parejas de igual sexo y regularización del aborto- y otros, no obstante sus mayores desaprobaciones están en transporte y seguridad ciudadana.


De la misma manera que decíamos que una política de drogas errónea no disminuye las víctimas de las drogas pero sí aumenta las víctimas de las políticas de drogas, de la “guerra de las drogas”, una política criminal errónea, meramente “reaccionaria” ante los hechos, no disminuye la delincuencia pero sí aumenta las cárceles, los presos y la sensación de inseguridad entre la población.

Seguramente  por esto, a la vez, en el campo de la política criminal  el Gobierno se propone el aumento de penas, la reducción de beneficios procesales y penitenciarios, en particular en contra de los jóvenes, los primerizos. La Presidenta firma un proyecto de ley llamado agenda corta de seguridad ciudadana la cual endurece las penas que castigan delitos comunes de alta connotación social;  por su parte, el Ministro de Justicia rechazó reducir la condena de 205 presos que tenían rebaja de penas acordadas por Comisión de Beneficio de Reducción de Condena, conformada por jueces y funcionarios del Ministerio. La política criminal que orienta estas acciones del Ejecutivo es reaccionaria, en su doble sentido de ser una mera reacción a la situación de inseguridad ciudadana y, también, por optar en contra de las posturas progresistas que recomiendan mejorar las ofertas de propuestas alternativas a la privación de libertad, que socializan con oportunidades de ingresos lícitos que satisfagan las necesidades y deseos de los sancionados y sus dependientes, en lugar de remitirlos a esos “basureros sociales” que son las cárceles, como bien lo afirma Nicolás Vial Saavedra, Presidente de la Fundación Paternitas. Bien sabemos, porque así lo indican todas las evidencias internacionales, que las medidas de socialización efectivas no tan sólo son menos costosas que las privativas de libertad, eficientes en el uso de los recursos públicos, también más eficaces en lograr que quienes han pasado por el sistema penal no vuelvan a reincidir en las actividades delictivas, más protectoras de la sociedad.

La tarea del sistema penal ya no es disuadir a la delincuencia de acometer sus transgresiones a los derechos de los otros, eso es el delito- principio de prevención general-, como tampoco retirar del medio libre a quienes viven del delito –prevención especial-, las cuales han sido siempre falsas promesas de imposible cumplimiento. Ahora la tarea del sistema penal es identificar a quienes han delinquido, reprocharle sus conductas transgresoras de los derechos de los otros en el debido proceso, identificar  sus carencias en habilidades y recursos, así como, y esto es lo estratégico, ofrecerle alternativas creíbles y viables  para que en el uso lícito de sus habilidades y recursos satisfaga sus necesidades y las de sus dependientes. Solo la capacitación y el trabajo resuelven el problema de seguridad ciudadana no más presos y más cárceles.

Un campo de acción siempre soslayado en las políticas criminales y de seguridad ciudadana, es la información que se elabora y entrega a la población, las deficiencias en este campo son tan graves que mientras disminuye consistentemente la victimización, la percepción objetiva del delito, desde que se toman estas mediciones en  el país, paradojalmente aumenta la sensación de temor ante el delito, la percepción subjetiva. Esta situación, a su vez, tienta tanto a los diseñadores como a los tomadores de decisiones de las políticas criminales al “populismo penal”, consistente en ofrecer la “mano dura”  y el “fin de la puerta giratoria” que si bien objetivamente no pueden cumplir, aumenta el prestigio y respaldo a quienes ese discurso asume, como también el temor entre la población. Asímismo, el “populismo penal” tienta a los medios de comunicación a relevar la información  sobre la delincuencia y la inseguridad ya que las audiencias  buscan preferencialmente esa información  para así mejor conocer e identificar los riesgos y peligros delictivos que los asechan.

De la misma manera que decíamos  que una política de drogas errónea no disminuye las víctimas de las drogas pero sí aumenta las víctimas de las políticas de drogas, de la “guerra de las drogas”, una política criminal errónea, meramente “reaccionaria” ante los hechos, no disminuye la delincuencia pero sí aumenta las cárceles, los presos y la sensación de inseguridad entre la población.

 

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