Haciendo caso omiso del estrés postraumático, las crisis de pánico, la angustia, la ansiedad y la depresión que afecta a miles de personas que arrancaron de las cuatro olas del tsunami, de los edificios que se derrumbaron, y de las 200 mil viviendas que resultaron destruidas; los grandes medios de comunicación hacen un festín con las predicciones de un charlatán oportunista que goza con el desconsuelo y el dolor de aquellos/as que por tercera vez, pasarán un invierno en mediaguas
Somos un millón de damnificados/as y no existimos. Existen sólo los 156 muertos y 25 desaparecidos del tsunami, ni siquiera los 368 muertos del terremoto. Sí existe la docena de funcionarios de la Concertación que ese 27 de febrero no sintieron el terremoto, existe un charlatán colombiano que predice las peores catástrofes de la historia, y existe un ministerio que se atribuye elevadas cifras de soluciones habitacionales por un proceso de reconstrucción que no es real.
Vivimos en un país ridículo y desde las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero del 2010, que hemos vivido un proceso de reconstrucción absurdo. Primero bajo un equipo de expertos en gestión de riesgo sin sentido común, sin memoria histórica, sin capacidad para decidir lo que miles de ciudadanos/as sí decidieron apenas terminaron los tres minutos del movimiento telúrico gracias a su experiencia y a su historia, no a los planes del Estado: correr hacia lo más alto, porque un terremoto que te hace perder el equilibrio es un tsunami seguro.
Luego, un mes de shock emocional colectivo, que dejó a las regiones del Maule y el Bío Bío en la más completa indefensión; y al millón de damnificados/as, en la incertidumbre.
Chile es un país con una sólida experiencia en gestión de la información. El Instituto Nacional de Estadísticas es uno de los primeros de Latinoamérica y su prestigio es interoceánico. Tenemos una base de datos tan completa, que incluye el rol de todas las viviendas que se han construido a lo largo del país, las condiciones sociales de todas las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, un censo con información detallada de cada cuadra de Chile, un padrón de votantes que vendía por millones a los partidos políticos, un registro civil híper moderno, que es capaz de identificar plenamente a cada compatriota y su familia, un servicio de impuestos internos y un Dicom que puede entregar información detallada de todos los bienes y deudas de las personas, y mucho más. ¿Cómo, con tantas herramientas de información y control de la población, el Estado demoró diez meses en identificar apenas al 75% de los/as damnificados/as?
Además de no esforzarse por identificar a todos los/os damnificados/os, dejó fuera del Plan de Reconstrucción a 60 mil familias de manera absolutamente arbitraria, sin utilizar ningún método transparente para seleccionar a quienes recibirían un subsidio de reconstrucción, y además contraviniendo las recomendaciones internacionales por el derecho a la vivienda de no discriminar a nadie por ninguna razón, ni siquiera por la tenencia de otra propiedad.
Esto implica, que hoy tengamos a 270 mil damnificados/as que no existen para el Estado, y a otros 180 mil que no son dignos de participar en el “Plan” de Reconstrucción, porque a pesar de todo, hoy no existe una política pública para la gestión de los efectos de los desastres naturales y, por ende, no existe una política pública de reconstrucción que le garantice a todos/as los/as ciudadanos/as “derechos”, no beneficios ni migajas.
Sumemos para no perder las proporciones: 270 mil damnificados/as no identificados + 180 mil damnificados/as discriminados + 700 mil damnificados/as con certificado de subsidio. En total, tenemos a un millón 150 mil seres humanos vivos invisibles para la opinión pública, para los parlamentarios del oficialismo y la oposición que discuten si Bachelet es o no culpable; para los funcionarios de gobierno, que celebran cifras mentirosas; y para los medios de comunicación, que divulgan una falsa alarma de calamidad pública, sin considerar las secuelas psicológicas que dejó el megaterremoto/tsunami del 2010.
Hoy, cuando se cumplen 27 meses del 27F, sólo hay 20 mil casas reconstruidas, de las 370 mil que se perdieron.
Esto ocurre porque, al absurdo de bajar la alerta de tsunami y a la decisión inverosímil de no identificar a los damnificados, se suma la idea aún más irracional, de usar los mismos subsidios habitacionales de siempre para atender una mega catástrofe con un millón de damnificados, el 5% de la población total de este pequeño país esquina con vista al mar.
Desde el inicio del proceso de reconstrucción, todas las organizaciones de damnificados informaron de manera frecuente e insistente a las autoridades locales, regionales y nacionales, que los subsidios no servían para reconstruir. Pero dialogamos con una clase política tozuda que por razones ideológicas y oportunistas desprecia la voz, la experiencia y la reflexión de la ciudadanía. A tal punto llegó el absurdo del Plan de Reconstrucción en base a subsidios tradicionales, que el Ministerio de Vivienda tuvo que aplicar 4 mil resoluciones exentas para que los subsidios sirvieran de algo.
Hoy hemos llegado al clímax de este largo proceso de humillaciones, abusos de poder, insensibilidad mediática e irracionalidad política.
Haciendo caso omiso del estrés postraumático, las crisis de pánico, la angustia, la ansiedad y la depresión que afecta a miles de personas que arrancaron de las cuatro olas del tsunami, de los edificios que se derrumbaron, y de las 200 mil viviendas que resultaron destruidas; los grandes medios de comunicación hacen un festín con las predicciones de un charlatán oportunista que goza con el desconsuelo y el dolor de aquellos/as que por tercera vez, pasarán un invierno en mediaguas.
A los periodistas y medios de comunicación les pedimos más respeto, por favor. Si no van a contribuir con una mirada democratizadora al proceso de reconstrucción, lo mínimo que pueden hacer por nosotros/as, el millón de damnificados/as, es respetarnos y no especular con nuestro dolor.
Movimiento nacional por la reconstrucción justa
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