Transgresión institucional y la vulnerabilidad de la democracia

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El servicio público exige más que buenas ideas, demanda ética, vocación de servicio, sacrificio y compromiso social.

La protección social, el estado de derecho, el respeto a la libertad de acción y pensamiento, el ejercicio democrático de las naciones y el ideario laico de Estado, son elementos en constante profundización en aquellas naciones donde se busca garantizar las libertades individuales y el bienestar de sus ciudadanos, las máximas de la nación moderna.

Chile no es la excepción. Desde el retorno a la democracia, la libertad en sus diferentes manifestaciones (política, de culto, de asociación, etcétera) ha formado parte elemental de los programas y políticas de gobiernos de izquierda. Sin embargo, estas luchas para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del modelo social, muchas veces son invisibles o incomprensibles coram populo.

El complejo entramado del funcionamiento del Estado, pasando no solo a través del ejecutivo, sino también del poder judicial y legislativo, contribuye a esta nebulosa, y a la larga, traduce todos los esfuerzos y las grandes campañas, en búsqueda del resguardo de la democracia y la libertad, en una masa homogénea, donde las posturas políticas e ideológicas de fondo se omiten y se desata el discurso social común, archirrecontraconocido que declara: «Todos los políticos son iguales». En efecto, no hay regla sin excepción, ayer fue Fulvio Rossi, hoy es Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

Ahora bien, esta desacreditación no ha sido del todo gratuita, si bien hay mucho en manipulación de medios y control de información, no deja de ser cierta la serie de desfalcos y eventos de corrupción que han marcado la agenda de los diferentes gobiernos con el pasar de los años, no es algo que podamos sopesar con el avance en políticas públicas, que no deja de ser cierto, pero no justifica en ningún caso la corrupción en ninguna de sus formas. Este fenómeno, en el contexto nacional, resulta nefasto al momento de evaluar la confianza de los ciudadanos en la política y más aún, la disconformidad con quienes son sus representantes.

Esto supone, a la larga, un desafío enorme para quien hoy asume una posición política, puesto que el gran damnificado detrás de los «errores involuntarios» de los personeros corruptos no son, exclusivamente, ellos mismos, sino todo lo que la prensa mal ha denominado «la clase política».

El servicio público exige más que buenas ideas, demanda ética, vocación de servicio, sacrificio y compromiso social. Son estos valores los que hoy se trasgreden cuando nos encontramos con un caso Penta o un caso Caval. Porque más allá de lo que nuestra justicia pueda decir, hay cuestiones éticas que están a la vista de todos. Si te vas a dedicar al servicio público, no puedes pretender estar ahí para llenarte los bolsillos, así de sencillo.

Por otro lado, el riesgo que conllevan estos casos de corrupción, va más allá de esta «clase política», si fijamos nuestra atención al escenario internacional, no son pocos los casos donde el contenido político-ideológico se ha difuminado y se ha instaurado la política del catch all party o partidos atrapa-todo; es el caso del Partido Justicialista en Argentina o el PRI Mexicano, propuestas políticas que arrastran a las naciones a una profunda crisis institucional y de identidad producto de su carente trasfondo ideológico.

Es necesario, por tanto, transmitir a la ciudadanía el sentir político detrás de las medidas que se pretenden tomar de cara a lo que queda de gobierno, volver a lo elemental de la política, el apego a la ciudadanía y a su sentir, la construcción colectiva y la verdadera vocación de servicio público, esa que nos puede llevar a meter la pata, pero nunca las manos. Los grandes desafíos que vienen por delante, la nueva constitución, el nuevo código del trabajo, la implantación de la reforma educacional, son cuestiones de profunda relevancia, donde el futuro de Chile estará en juego y donde la democracia jugará un rol fundamental.