Temor a la competencia: la colusión de los partidos tradicionales

En el marco del actual contexto de crisis política, desencadenada a raíz de los múltiples casos de corrupción ampliamente conocidos durante el último tiempo, se ha elevado el debate en torno a mejorar la calidad de nuestra democracia y de los partidos políticos, principales componentes de ésta. El financiamiento a campañas y colectividades, proveniente del mundo empresarial, ha puesto en evidencia la conducta derechamente inescrupulosa de aquellos representantes que hipotecan la democracia en aras de intereses corporativos. Resultado: una espiral de rechazo desde la opinión pública hacia la política y los políticos.

---

Tal parece que la preocupación por la calidad de la política y el estado de la democracia pierden toda relevancia cuando se trata de conservar el poder frente a una coyuntura que augura un porvenir poco prometedor para aquellos que persisten en perpetuar su permanencia en el ámbito político.

En ese sentido, este clima de desconfianza ha golpeado directamente a los partidos políticos tradicionales, quienes han protagonizado los numerosos y cuestionados episodios de financiamiento ilegal y cohecho, creyendo que dichas prácticas todavía caben bajo la alfombra. Sin embargo, a dichos partidos poco les ha importado el progresivo desprestigio de la política, y con tal de evitar la amenaza de sus intereses, han hecho lo posible por restringir, de diversas formas, la competencia que ofrecen las nuevas fuerzas políticas que han ido surgiendo. Reciente es la controvertida decisión de aumentar las firmas requeridas para la conformación de un partido político, lo que se traduce en el establecimiento de mayores barreras de entrada para las entidades emergentes.

El papel que han desempeñado ambas coaliciones tradicionales es propio de carteles, que se coluden con el propósito de limitar la competencia, sana e indispensable para todo sistema democrático, acaparando los recursos disponibles. Es evidente que tras estas acciones subyace una aguda intranquilidad respecto a una mayor competencia en la arena político-electoral, que, sin duda, brindarían nuevos aires a la política nacional, viéndose amenazadas sus actuales cuotas de poder.

Quienes respaldan la adopción de medidas que elevan el nivel de exigencia para constituir un partido, argumentan que se hace en función de un mejor estándar y legitimidad en cuanto a la representatividad de los nuevos referentes; sin embargo, estas buenas intenciones contrastan con la nula disposición tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría frente a las medidas que ha propuesto la Comisión Engel para fortalecer y transparentar la democracia, como la reinscripción total de la militancia de los partidos como requisito para acceder al financiamiento público.

Tal parece que la preocupación por la calidad de la política y el estado de la democracia pierden toda relevancia cuando se trata de conservar el poder frente a una coyuntura que augura un porvenir poco prometedor para aquellos que persisten en perpetuar su permanencia en el ámbito político. La encuesta Plaza Pública Cadem publicada recientemente, refleja una clara tendencia: los partidos tradicionales ostentan los mayores niveles de desaprobación ciudadana y su imagen se desploma; mientras los partidos emergentes se alzan como una alternativa con índices cada vez mayores de conocimiento público y un considerable menor rechazo.

Definitivamente los partidos políticos tradicionales no se encuentran en sintonía con las exigencias que demanda una mejor y más competitiva democracia, que amplíe la oferta y presente nuevas opciones. Quizás el monopolio de la política transite hacia una democracia con más y nuevos actores disputando los espacios de representación.