La irrupción de las “detenciones ciudadanas” que en los hechos son irracionales palizas colectivas y agresiones denigrantes contra presuntos delincuentes, así como las encuestas de respaldo ciudadano al Gobierno y al sistema político nacional, han reinstalado un confuso y desinformador debate sobre la seguridad ciudadana, cuyo resultado previsible será aumentar el temor entre la población y las respuestas violentas en contra de los presuntos delincuentes, situación de triste pronóstico con la eventual muerte de alguno de aquellos, como ha sucedido recientemente en Argentina y también aquí en el pasado reciente.
Los debates sobre la seguridad ciudadana y la política criminal son absolutamente necesarios y de gran importancia informativa, educativa y tranquilizadora para el conjunto de la población; pero, mal planteados con finalidades publicitarias y en el contexto ideológico del populismo penal, igualmente válido tanto para los publicistas de derecha como de izquierda, ese tipo de debates son generadores de temor y miedo, así como muy peligrosos específicamente para las poblaciones vulnerables, tales como: jóvenes, minorías, extranjeros, pobres, y, en general, atemorizantes para todos.En el tráfago de acusaciones y descalificaciones cruzadas con respecto al tema de Seguridad Ciudadana, solamente el ex Jefe de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela Agüero hace la pregunta correcta: ¿cómo reducir la reincidencia?
El Subsecretario de Prevención de Delito, Antonio Frey, atribuyó el aumento de la percepción de inseguridad de la población y la desaprobación en seguridad ciudadana para el Gobierno, al indulto que el Gobierno anterior otorgó a algo más de cuatro mil reclusos de los cuales unos 900 habrían vuelto a delinquir –dato que no tienen ningún significado estadístico en el contexto de los 896.000 delitos denunciados cada año-, lo cual habría impulsado la “puerta giratoria” del delito. Esto fue rebatido por el anterior Subsecretario, Cristóbal Lira, argumentando que el indulto en referencia fue aprobado en 2012 mediante una ley por la mayoría de los diputados y la unanimidad del Senado con la finalidad de disminuir la sobre población penitenciaria, luego de la muerte de 83 presos en el incendio de la Cárcel de San Miguel. El debate entre el Subsecretario en propiedad y el saliente se vio reforzado en los medios de comunicación con las intervenciones del ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) , el ex Subsecretario del Interior ex diputado y actual senador experto en el tema Felipe Harboe (PPD), el senador Alberto Espina (RN), también experto y la ex Ministra de Justicia Patricia Pérez, entre otros. Finalmente, la tesis del Subsecretario Frey fue respaldada por el propio Ministro del Interior, que subió a 10.000 el número de los indultados por el pasado Gobierno.
En este tráfago de acusaciones y descalificaciones cruzadas, que en nada explican ni el aumento de la percepción objetiva del delito ni el crecimiento de la sensación de temor ante él, solamente el ex Jefe de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela Agüero hace la pregunta correcta: ¿cómo reducir la reincidencia?. Los dos ejes estratégicos de la seguridad ciudadana son la reincidencia delictiva y la eficiencia policial. Como es sabido la reincidencia depende principalmente de las oportunidades que se le ofrezcan a los que delinquieron, es decir, oportunidades creíbles y reales para satisfacer de manera lícita las necesidades y deseos personales y de sus dependientes sin tener que trasgredir los derechos de terceros, en ningún caso se controla con una mayor y más dura intervención penal.
El segundo problema de la seguridad ciudadana está en la investigación policial ya que los imputados conocidos para los delitos de mayor connotación social son sólo el 8% para robo con fuerza, el 14% para robo con violencia y el 36% en el caso de hurtos –aquí la eficiencia en contra del hurto, generalmente ocurria en supermercados mejora las estadísticas-, por eso más de 95% de las denuncias por los delitos de mayor connotación social no tienen sancionado alguno. En cambio, en delitos relacionados con drogas, más del 80% de los imputados sí son conocidos, siempre y cuando se trate de porte y consumo o microtráfico de ellas.
Este inconducente debate sobre si las responsabilidades políticas por la inseguridad ciudadana son de los galgos o los podencos, en nada disminuirá la victimización ni el temor de la población, pero sí puede aumentar las “detenciones ciudadanas” y producir víctimas mortales de las mismas. La «ventaja» aquí, es que se le puede echar la culpa a la gente.
Comentarios
15 de diciembre
Me parece que el debate finalmente sancionará las «detenciones ciudadanas», hay mucha gente «horrorizada» por el sufrimiento de los delincuentes, por lo tanto una nueva ley, salida con algunos minutos de debate, sancionara con presidio efectivo a quien resulte responsable de una detención ciudadana, es decir, como ha estado ocurriendo, nadie se podrá defender, y si lo hace, irá a la carcel. Así, en un ambiente tranquilo, sin peligros para ellos, la delicuencia seguirá creciendo, también los que creen que los delincuentes necesitan «más oportunidades», por lo tanto harán lo imposible por otorgarselas, y que mejor que ciudadanos paralizados.
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17 de diciembre
Mientras la gente apalea delincuentes callejeros, el señor Serrano que le robó 10.000 millones a los pequeños accionistas cumplirá 15 años de privación de libertad EN SU CASA