La declaración de Sebastián Piñera defendiendo la legitimidad de la Ley del Royalty, con un articulo redactado por el «co-legislador» Patricio Contesse como traje a la medida de SQM -a solicitud expresa de Pablo Longueira- deja la sensación de que, para el ex Presidente, la influencia indebida de las empresas en la gestión directa de las leyes no es un comportamiento reprobable. Refleja una actitud que va en contra del sentir generalizado de la opinión pública y que se inscriben en otra escala de valores, la de personas que creen que las normas no están hechas para ellos.
Puesto que toda iniciativa que tiene que ver con tributos es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es sensato colegir que la “indicación” Contesse fue recibida y aprobada por el ex mandatario para, posteriormente, ser tramitada por su gobierno para favorecer a Soquimich. Por tanto, él, no puede huir de esa responsabilidad.En la actividad política lo mínimo que se espera es que los partidos aparten de sus filas a los militantes involucrados en los ilícitos de corrupción y apliquen estrictos estándares éticos en la selección de sus candidatos a elecciones populares, excluyendo a cualquiera que tenga antecedentes judiciales o comerciales.
Los gestos de solidaridad que hemos visto últimamente con personajes imputados por recibir financiamiento ilegal de la política, y sospechosos de haber participado en otros delitos -cohecho, lavado de activos- expresa un contexto cultural que posibilita la corrupción en Chile. Queda en evidencia cuando un personaje público es imputado o investigado por corrupción, no son pocas las muestras de respaldo que suscita, incluso entre un imputado y otro imputado, como lo ha hecho Carlos Ominami defendiendo a Longueira, relativizando los delitos que se le imputan.
La falta de pudor y el cinismo traspasa todo límite, es un amplio marco de contravalores profundamente anclados a las estructuras más icónicas de nuestro país. Se trata de un modelo cultural que premia los resultados y desprecia cualquier planteamiento ético.
Las personas que solidarizan y contemporizan con el presunto corrupto pueden ser considerados cómplices de ese modelo cultural que acoge a los corruptos. La amistad entre amigos y miembros del mismo círculo social no justifican semejante acto de solidaridad, ni atenúa la responsabilidad pública del posible corrupto. Esa actitud de apoyo a quien ha sido encauzado indica también un desprecio a los órganos jurisdiccionales de investigar e impartir justicia. Asimismo, los emisores solidarios están expresando que la acción del imputado no es punible.
Existe un efecto de aquiescencia por parte de la élite política, social y económica con las prácticas reñidas con la probidad, ya que no se perciben respuestas tajantes de estos sectores ante las situaciones constitutivas de delitos o conductas incompatible con la ética; demostrando que ellos siguen anclados a una praxis ética que está en contraposición a la tolerancia y exigencia ciudadana del Chile actual. Lo preocupante, entonces, es que continúan sustrayéndose del contexto actual y respaldan a quienes todo el país ya sabe que son presuntos culpables de infringir la ley y cuya solvencia moral ha quedado en entredicho.
El compromiso con la probidad y la transparencia en el desempeño de cualquier actividad privada y pública debería ser imperativo. Y en la actividad política lo mínimo que se espera es que los partidos aparten de sus filas a los militantes involucrados en los ilícitos de corrupción y apliquen estrictos estándares éticos en la selección de sus candidatos a elecciones populares, excluyendo a cualquiera que tenga antecedentes judiciales o comerciales. El obviar esta medida, es un acto de arrogancia y desprecio intolerable a los electores.
Los estudios comparados de corrupción de Helena Stensöta, Lena Wängnerud y Richard Svensson, encontraron una notable correlación entre los factores “contextuales” y la menor o mayor tolerancia a la corrupción: en países donde el “buen gobierno” es la norma social – y la democracia se basa en una menor desigualdad social, se incrementa la participación política de las personas, particularmente de la mujer- es menor la corrupción. Por esto, es fundamental avanzar en políticas públicas en Chile que fomenten la participación política de las mujeres y disminuir las desigualdades, puesto que actúan como antídotos para reducir la corrupción.
Llevar a cabo este cambio requiere una reconsideración de valores y del modelo económico que permita sustentarlos, pues no se puede lograr menos corrupción sin mecanismos participativos, pero, a la vez, no se puede lograr más participación sin reducir la desigualdad social.
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