Se acabó el recreo: ¿Cuál recreo y quién tocó la campana?

El reciente acuerdo celebrado en el parlamento por la Concertación y el Gobierno respecto de la profundización del modelo educativo es un signo más de la falta de consideración política desde quienes hoy son parlamentarios en la Concertación y la clase política en general. El argumento simple, que Patricio Navia resumió en un twitt, es que los parlamentarios que hoy tanto aducen ser hijos de la educación pública son padres de la educación privada. Esa simpleza esconde todas esas relaciones sociales heredadas que permiten que la política de concertacionistas y derechistas se parezcan tanto la una a la otra: es que ellos no viven la educación pública, no son profesores de la educación pública, ni son padres de la educación pública. En sí, entonces, su parada de defensa de la educación pública es una representación estética y testimonial, carente del acervo material que permitiría categorizarlos en los grupos sociales que se ven afectados por sus decisiones, particularmente los que usan los servicios públicos porque no tienen otra opción.

Estos señores de la política estética viven la pobreza como un cuadro pegado en el restorán Liguria, no como un inconveniente cotidiano que deba enfrentarse culturalmente. Esa ceguera política es iluminada con los números de sus ‘think tanks,’ que le dan carácter estructural a sus ofensivas emocionales (la pena y la rabia por la desgracia de la carencia), y que les permiten hacer política desde la racionalidad de hombres educados en el sistema público de privilegios, los tecnócratas, pero que no trasciende a la subjetividad de quienes reciben esas políticas como supuestos beneficiarios. Esa misma ceguera es la que les permite a los políticos y tecnócratas defender con tanta vehemencia el acuerdo como algo bueno, algo que fortalece la educación pública de la que ellos no forman parte.

A la fiesta de la celebración se le une el cuerpo tecnocrático del lobby elitista. El brazo intelectual de la élite política, enmascarado en sus trincheras del conocimiento técnico, universidades y ‘think tanks’, en sus alabanzas a la gestión despolitizada, en sus relatos morales sobre lo mal que leen los niños y jóvenes, sobre las carencias del cuerpo profesional docente y de los ‘fundos’ escolares. El discurso perfecto para los privatizadores de la educación, justamente los que lucran con ella. Esos tecnócratas esconden detrás de las cifras y de su supuesta neutralidad política un proyecto, una maquinaria que daría lugar a una educación de mejor calidad a nivel nacional, pero a la cual nadie más que ellos está capacitado para definir en sus cualidades, en sus actores y, por cierto, en los recursos. Claman haber tocado la campana para decir “Se Acabó el Recreo,” y desarrollan un discurso tecnificado con consignas atrayentes que atrapan a personajes del mundo educacional y lo transforman en su base política para hacer lobby, tras la categoría de movimiento ciudadano. Y meten a la prensa en su cuento, que les cree sus consignas vacías de definición, pero amplias para tener la atención suficiente. “Mejorar la Calidad,” “Mejorar la Dignidad Docente,” “Que para el 2020 el 20% más pobre tenga la educación del 20% más rico.” ¿Y el proyecto nacional? ¿Y la política? ¿Y los actores mecánicos y no mecánicos de la educación? Ellos no importan. Al igual que con los políticos del parlamento, los tecnócratas trabajan por otros para ellos, trabajan para los carentes de los que ellos no son parte, pero se benefician ellos y su casta.

Lo que aglutina a quienes celebran el acuerdo son sus relaciones sociales. Se juntan en los mismos lugares y pueden hablar encontrándose a menos de 3 grados de separación. Y probablemente sus acercamientos con esos pobres diablos y diablas que se estampan en las fotos que adornan sus edificios, sus medios, sus universidades y sus pubs sean mediante transacciones de mercado o mediante relaciones con servicios públicos. Siempre mirando con arrogancia y pena las carencias de los otros.

Para no hacer de esto un ejercicio de culpabilidad, habría que situar a los políticos y tecnócratas que hacen la fiesta por este acuerdo en el contexto de la consecuencia social. Esto es la consecuencia de lo que a estos decidores, los de la “sociedad civil” y la “sociedad pública” como decía Gramsci, les tocó vivir. No es su culpa. Así funciona un país cuando el sistema público no funciona, simple.

Las prebendas que se les ha otorgado a los lucrativos negocios de la educación subvencionada siguen siendo estampadas en este proyecto, al mismo tiempo que la apertura a la pelea por la definición de la calidad (que el proyecto de profundización no considera en lo absoluto, al igual que las consignas del movimiento ciudadano de la élite lobbysta). Ello transforma a este proyecto en un hijo de su tiempo: un proyecto hecho desde el mundo privado para privatizar el mundo público, y desde el mundo público testimonial para un mundo público que ojalá funcione como el privado. Así son los contextos.

Puede que privatizar más el sistema no sea la intención de ninguno de los actores que celebran este acuerdo, pero este acuerdo tiene varios puntos donde puede considerarse un profundizador de la privatización de la educación. Varios de los firmantes y defensores del acuerdo tienen que defenderse de quienes los llaman “vendidos”, ello porque deben seguir defendiendo una identidad política que hoy es más estética que material: el ser de izquierda o progresista. La realidad es que es difícil encontrar una mejor palabra que “vendidos”. Ello no necesariamente es un insulto. Es simplemente una constatación de lo que han hecho años de desmantelamiento del sistema público, particularmente en educación y en la segregación espacial o geográfica. Son vendidos no porque hayan tenido la opción de venderse o no, simplemente lo son porque el sistema los trata (y nos trata) como mercancías, al igual que a los bienes públicos, esos que nos permiten conectarnos y conocernos más allá de las transacciones del mercado. Esa falta de política es la que hoy se celebra en el acuerdo, no necesariamente la calidad de la educación pública. Esa falta de política es una falta de espacio público. El espacio público se ha reducido, y recuperarlo no es una demanda técnica o un proyecto tecnocrático; recuperar el espacio público es un proyecto político.

Los pingüinos del 2006 tenían claras las consecuencias de meterse a negociar su demanda principal, el fin del lucro, en términos que no fuesen políticos. Por ello se negaron hasta último momento a participar en el Comité Asesor Presidencial para la Educación creado por Bachelet después de las movilizaciones. Al consolidarse el espacio del consejo, tecnocrático por definición, y al aparecer las diferencias que terminaron por diluir su trabajo, quedó en el aura pública, en la esfera de las prioridades, la idea de que la calidad de la educación debe ser enfrentada. El espacio de la demanda ciudadana, instalada por los pingüinos, debía ser llenado, transformado en fuerza política. Surgieron dos vertientes para ello: la política y la técnica. Curiosamente, ambas se manifestaron en el año 2008. La primera fue organizada desde la política misma, por actores políticos: estudiantes secundarios organizados, federaciones de estudiantes universitarios, profesores y organizaciones comunitarias. Fue un plebiscito político, la Consulta Nacional de Educación, desarrollado de manera autónoma con la participación de más de 103 mil personas que votaron (si, votaron con su RUT) mediante internet o en urnas instaladas a lo largo del país. En esa votación, un porcentaje superior al 75% dijo que el lucro no podía admitirse en la educación. Esa posición política fue determinada de forma democrática, sin el favor de los medios de comunicación y sin el reconocimiento de ningún actor político.

La otra vertiente, la tecnocrática, vino a partir del favor de los medios a un representante natural de la tecnocracia, incorporada con más fuerza con la reciente creación del mecanismo de Alta Dirección Pública. Una columna publicada en un semanario durante el 2008 transformó a un ingeniero en el líder de un movimiento que apelaba a un gran acuerdo político, pero también a la neutralidad ideológica y a la exclusión de la discusión pedagógica. En el fondo, usó el sentido común y el rechazo a los políticos como plataforma para esconder el proyecto tecnocrático y privatizador. Con ello, lleva hasta hoy 74 mil adherentes a un manifiesto, personas que comulgan con una idea de calidad educacional que no está definida sino en cifras, en competitividad, en exclusión de actores, en falta de política; en definitiva: en discurso neoliberal. Es la tormenta y oportunidad perfecta para profundizar el sistema. Este movimiento, supuesto ideológicamente neutro, hoy cuenta con el favor de la masividad mediática que solo otorgan los grupos económicos, los mismos que llamaron a bajar la movilización política de los pingüinos el 2006.

En definitiva, fueron los pingüinos del 2006 los que tocaron la campana para entrar a la educación de calidad y pública, sin lucro mediante, y fueron los tecnócratas quienes se les metieron en la sala de clases, echaron al profesor y lo transformaron en una máquina de enseñar, un autómata de la calidad que supuestamente sería mejor cuanto más puntaje en la PSU y prueba INICIA tenga. Con el favor de la clase política, hoy la política ya no existe como tal, sino que se transforma en un modelo matemático de gestión, donde la técnica se supone neutra y enmascara los valores sociales bajo índices de gestión. Los políticos han privatizado la política, los tecnócratas le hacen la pega. Este mismo proyecto, que tanto habla de calidad sin definirla, y de certificaciones vacías, ha abierto la ventana para que se siga en la misma senda, pero también para que quienes ganen la pelea de la calidad sean los mismos que hoy defienden la supuesta reforma: los tecnócratas que pululan en la política pública aduciendo sus credenciales de neutralidad técnica. Ojalá pronto sepamos tocarles la campana otra vez.

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Foto: Benja – Licencia CC