el movimiento sindical debe estar muy alerta, dado que la experiencia demuestra que el gran poder económico no está dispuesto a ceder ni un ápice en su afán por mantener este traje a medida,
A seis meses de iniciado el gobierno de la Nueva Mayoría, las reformas emprendidas por la actual administración se han encontrado, tanto en el parlamento como a nivel mediático, con la férrea oposición de una derecha que ha demostrado no estar dispuesta a impulsar ningún cambio que signifique avanzar hacia más igualdad o mayor democracia.
Con una estrategia de la UDI abiertamente confrontacional e intransigente al principio y consensual después, -más cercana al estilo de RN-Amplitud-, todos y cada uno de los proyectos de transformaciones comprometidos con el país por Michelle Bachelet han sido objeto de fuertes críticas, producto de una tremenda estrategia de tergiversación, desinformación y manipulación mediática, amparada en el oligopolio comunicacional que históricamente detentan los sectores conservadores del país.
El llamado de la derecha a llevar a cabo un rediseño total de la reforma educacional, busca desnaturalizar el corazón de la misma para garantizar la continuidad del mercado educativo y, en un contexto caracterizado por una disputa franca y abierta entre las ideas reformistas y las conservadoras, acechar permanente a las reformas por parte de la anquilosada política de los consensos. Así quedó de manifiesto en el Senado con la Reforma Tributaria. Sin duda los cambios comprometidos en el programa de gobierno para este período tienen un carácter estructural y los avances han sido tan rápidos que la discusión sobre las reformas ha logrado total protagonismo en el debate nacional.
Este segundo semestre será el turno de las reformas laborales que serán presentadas en octubre, según el acuerdo firmado entre la CUT y el Gobierno. Al respecto se puede decir, sin miedo a caer en exageraciones, que dicho acuerdo tiene un carácter histórico; y esto se debe simplemente a que, por primera vez desde el retorno a la democracia, un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento sindical se plantea el desafío concreto de comenzar a remover los ladrillos que constituyen el muro de contención del sindicalismo chileno, el denominado «Plan Laboral de 1979». Se plantea en base al diagnóstico compartido de que una de las raíces más profundas de la aberrante desigualdad nacional, tiene su origen en la profunda asimetría entre el empleador y los trabajadores. La propuesta de cambios al actual Código del Trabajo apuntan en la dirección de otorgar mayor poder al sindicato sobre la base de dos pilares fundamentales: fortalecimiento sindical y negociación colectiva. Estos son puntos críticos capaces de comenzar a revertir la fragmentación de las organizaciones en el mundo del trabajo.
Las reformas laborales esperadas por más de 30 años hallan su profundidad en que, de concretarse, abrirán paso a un fortalecimiento sin retorno de las organizaciones sindicales y de su capacidad para negociar mejores condiciones laborales, lo cual repercutirá inevitablemente en una mejor distribución de la riqueza en el país y por tanto, en avanzar hacia mayores niveles de igualdad y equidad. Por ello, el movimiento sindical debe estar muy alerta, dado que la experiencia demuestra que el gran poder económico no está dispuesto a ceder ni un ápice en su afán por mantener este traje a medida, plasmado en la actual institucionalidad heredada de la dictadura que le ha permitido llevar a cabo una fastuosa concentración de los recursos económicos, a tal punto de posicionar a Chile dentro del grupo de países más desiguales del mundo, donde el 1 % de su población es poseedor de un tercio de la riqueza nacional.
La reforma educacional podrá ser objeto de muchas críticas, sin embargo, y sin dejar de ser estructural, ésta no altera en lo medular el patrón de acumulación de la riqueza en Chile. Ello no ocurre con las reformas laborales, las cuales sí tendrían un profundo impacto directo y a largo plazo, con potenciales consecuencias sociales que pueden llevar a una recomposición del sindicalismo chileno y el fin de su atomización, permitiendo a la fuerza laboral organizada convertirse en sujeto de cambio y factor determinante para las futuras transformaciones sociales y políticas de Chile.
Por ello, es de esperar una reacción aún más dura que la vista hasta el momento por parte del gran poder económico, que ya ha comenzando una aberrante campaña del chantaje argumentando que en el origen de la desaceleración económica se hallan las reformas impulsadas desde el Gobierno. Solo la movilización social, en buena hora convocada para el 4 de septiembre por la CUT, puede actuar de contrapeso y apuntalar el proceso de transformaciones que caracterizan a este nuevo ciclo social y político por el que transita el país.
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