Mucho se ha escrito en torno al proyecto de ley que reforma el sistema electoral binominal.
Del tenor del debate, así como del tenor del proyecto de ley, se deduce que el objetivo principal sobre el cual se plantea la reforma, más allá del válido derrumbe de un sistema originado en la dictadura y en sus mecanismos de garantía, pretende ser aquel de conceder al sistema político-representativo chileno una mayor proporcionalidad y, por ende, una mejor representatividad.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tiene que ver con la incorporación de cuotas de género, en el sentido de favorecer, en la nómina de candidatos parlamentarios presentada por todo partido político, una mayor presencia del género femenino en el Congreso.
…el actual proyecto de ley favorece la presencia femenina –ciertamente subrepresentada–, callando en relación a otro tipo de representación –completamente carente–, símbolo de un punto crítico en la agenda de los últimos seis gobiernos: la representación de los pueblos originarios.
Dicha cuota operaría, a grandes rasgos, a través de la obligación para los partidos de incluir mujeres en sus listas de candidatos al Congreso, en un número no menor al 40% –ni mayor al 60%– del total de los aspirantes; además de promover, mediante un mayor aporte fiscal, la elección de postulantes de género femenino.
Sin ir más allá en torno al por qué de la incorporación de cuotas –manifestando aquí mi reserva en relación a mecanismos que artificiosamente creen presencias que no respondan al carácter meritocrático de los cargos representativos– me esmero por comprender el porqué de tal inclusión a expensas de otras.
Mi mirada ahonda en la constatación de que el actual proyecto de ley favorece la presencia femenina –ciertamente subrepresentada–, callando en relación a otro tipo de representación –completamente carente–, símbolo de un punto crítico en la agenda de los últimos seis gobiernos: la representación de los pueblos originarios.
Me pregunto entonces, ¿cómo será representada aquella porción de chilenos que bordea el 10% de la población nacional? ¿Cómo pretendemos dar valor material al Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten?
No pretendo abogar por la incorporación de escaños reservados –como plantean algunos sectores –, sino más bien busco alertar sobre la existencia de una necesidad, cuya atención –y el inicio de mecanismos que pretendan resolverla– podría aportar notablemente para la mejora de otros temas más complejos y que el Estado, hasta hoy, no ha podido –y no ha querido– resolver.
Posibilidades hay –más allá de los escaños reservados– y muchas. Cuotas o incentivos que sigan un tenor similar a las de género o, mejor aún, mecanismos que permitan manipular el diseño de distritos electorales con el objetivo de promover la representación de grupos minoritarios en el contexto nacional, pero históricamente mayoritarios en ciertos contextos territoriales.
Las oportunidades, en cambio, son pocas. Y el actual contexto de profundas reformas en el ámbito nacional parece representar una de ellas.
Incorporar representaciones indígenas, además de enriquecer el debate parlamentario, podría incluso contribuir a solucionar problemas latentes –en algunos casos violentos– que vive la sociedad chilena. Realizar un Congreso que refleje la diversidad de la sociedad, facilite la representación de las minorías y reduzca la desigualdad del voto, respondería al mismo proyecto.
Si Chile busca –caprichosa y presuntuosamente– replicar el sistema neozelandés (como afirma una nota publicada el 12/08 por la BCN), entonces sería oportuno replicar un sistema que, además de por su incorporación de cuotas de género, se caracteriza por la fuerte garantía –mediante distritos indígenas especiales y otras perspicacias institucionales– de la presencia indígena en el legislativo.
Si Chile busca la efectiva materialización de un sistema inclusivo y democrático, podría comenzar por no dar la impresión de que existan algunas cuotas que son más incómodas que otras.
Nicolás Freire Castello, Docente, Escuela de Ciencia Política – U. Central
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