¿Qué sostiene la situación de Echeverría?

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Lo que deja en cuestión a la señora Echeverría no es ser hija de un torturador, abusador y violador (eso es un hecho de la causa). Son además hechos propios que requieren una explicación clara, abierta y transparente.

Ha sido absolutamente decepcionante la actitud que ha tomado el gobierno de Michelle Bachelet en relación a la situación de la futura subsecretaria de FF.AA., Carolina Echeverría, quien más que ser cuestionada por ser hija de un torturador de la dictadura, ha quedado en evidencia su accionar como subsecretaria de Marina en el primer período de Bachelet. Sin embargo, la situación de los otros subsecretarios cuestionados fue considerada por el futuro gobierno como “insostenible”. ¿Con esto debemos entender que la situación de Echeverría es sostenible?

Al realizarse la denuncia sobre el padre de Echeverría, no se buscaba responsabilizarla personalmente  por los delitos de su padre. Se perseguía de ella una respuesta seria y una toma de posición pública respecto de las violaciones a los DD.HH. cometidos en dictadura. ¿Era eso tan complicado? Rodrigo Peñailillo, futuro Ministro del Interior y otros personeros del futuro Gobierno aseguran saber que ella condena tales actos. Entonces, ¿por qué no ha sido ella quien exprese  públicamente esa condena? ¿Por qué debe mantenerla en el fuero íntimo? ¿Por qué debe la ciudadanía aceptar el convencimiento personal del futuro Ministro del Interior sobre el “compromiso con los DD.HH.” de la futura Subsecretaria?

Pero hay más. En estos días, se denunciaron actos propios de la señora Echeverría. Concretamente, que cuando ejercía el cargo de Subsecretaria de Marina, solicitó a marinos constitucionalistas que habían sido víctimas de tortura en los años 1973 y 1976, que retirarán la querella por torturas que habían entablado contra los responsables de estos hechos, para que se les reconociera la calidad de exonerados políticos. Eso es un claro ejemplo que cuestiona su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia y, en definitiva, con los DD.HH. La ciudadanía tiene derecho a pensar que ella puede tener un conflicto de interés en el tema.

Más aún, como salió publicado en la revista El Periodista, cuando ejercía como subsecretaria de Marina se le abrió un sumario entre los años 2008 y 2009 “por posible corrupción en el caso de la tramitación de una concesión costera de uso de agua de mar, solicitada por la empresa franco-belga Suez Energy para su mega proyecto energético Barrancones”. La firma, para destrabar el proyecto y conducirlo a un resultado conveniente para ella, contrató los servicios del ingeniero Clovis Osorio, marido de Echeverría, cuando ella aún ejercía como jefa superior de la Subsecretaría de Marina, donde se gestionaba la concesión. “La relación con Echeverría habría permitido que Osorio tuviera un acceso privilegiado a la información relativa al estado y gestión de la concesión, como aparentemente revelan correos electrónicos intercambiados entre los años 2006 y 2008 entre el ingeniero y el encargado de concesiones de la Subsecretaría de Marina”.

Es decir, lo que deja en cuestión a la señora Echeverría no es ser hija de un torturador, abusador y violador (eso es un hecho de la causa). Son además hechos propios que requieren una explicación clara, abierta y transparente. Carolina Echeverría debió haber salido a explicar al país su condena ferviente a las violaciones a los DDHH al día siguiente de que se realizara la denuncia contra su padre, pero no lo hizo. Carolina Echeverría debió responder la denuncia de los marinos constitucionalistas directamente contra ella y la denuncia de la revista El Periodista por eventual uso de información privilegiada. O debió, mejor aún, dar un paso al lado y declinar aceptar el cargo que se le ofrecíó.

La futura administración y la cuestionada futura Subsecretaria, se equivocaron al mantener silencio. Hoy, a más de dos semanas, cualquier cosa que diga ella u otro no es ni será creíble.

Siento el deber de no callar. La fuente de nominación de Echeverría es la Presidenta y, a su vez, la fuente de poder de ella es el voto popular, entre ellos, el mío y el de toda mi familia. Tenemos el derecho de saber de boca de la propia Presidenta Bachelet las razones que ella tiene para insistir en su designación, en desprecio a las opiniones certeras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, del padre José Aldunate, de mi madre y Coca Rudolphy, víctimas de Víctor Echeverría. La Presidenta debe responder, no otra persona, como Peñailillo que dice una vaguedad, como si su palabra fuese fuente de autoridad, como si su mera afirmación bastase, de alguien que no tiene referencia en materia de derechos humanos.

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