El cambio de la constitución del 80 es tema central para dar por concluido, definitivamente, el periodo de transición que no terminará completamete mientras los enclaves de protección constitucional -dejados por la pluma de Jaime Guzmán- aún existan. El mecanismo que se implemente para crear la nueva Ley de Leyes no es lo fundamental de la discusión, ni debe serlo, la discusión de fondo es si queremos cambiar la actual constitución política de Chile o sólo debemos conformarnos con darle retoques “progresistas” para que se aleje un poco más de los pilares ideológicos que la fundaron.
Para algunos líderes de opinión política una forma puede ser elegir un nuevo cuerpo legislativo con Mandato Constitucional para que cumplan con una tarea propia de sus funciones. La fortaleza de esta idea es que se propone un nueva carta fundamental, sin embargo las debilidades son muchas más, por ejemplo se producirá una discusión entre la elite política expresada a través de sus parlamentarios, no se sabrá de los avances hasta que se “filtre” algo o los trámites legislativos ya estén acordados entre los diputados que serán juez y parte. En definitivas se convertiría en una puesta de acuerdo entre cuatro paredes. Sin dudas este método de legislar una nueva Constitución puede ser legal pero, no le asegura legitimidad. Esto último solamente lo puede asegurar la participación ciudadana.La creación de una nueva Constitución debe considerar la variable indígena: reconocimiento constitucional, participación política, reconocimientos de los derechos colectivos y los derechos autonómicos, entre otros.
El otro método que está en boga es el de la Asamblea Constituyente, que en apariencia evoca mayor participación del pueblo para crear la ley fundamental que ordenará las relaciones cívicas de la nación, sin embargo no creo que esta metodología asegure que al fin del proceso se haga carne las opiniones nacidas desde las bases de la ciudadanía. Tampoco debemos olvidar que la lógica de las Asambleas Constituyentes es de los albores de la República –antes de que tuviéramos nuestro propio cuerpo de leyes fundamentales como país- , por tanto nos parece que el llamado a Asamblea Constituyente es más una quimera que una práctica social actualizada.
La alternativa que puede ser perfectamente viable para lograr una nueva Constitución con legitimidad ciudadana es la propuesta por la Presidente Michel Bachelet; la vía del Proceso Constituyente, que conceptualmente invita a un programa de actividades participativas que darán como resultado el acuerdo social para una nueva Carta Magna que por su legitimidad –emanada de la participación ciudadana- tendrá amplio apoyo y respeto de los chilenos por varias décadas.
El temor a poner en marcha un Proceso Constituyente es manifestado por los grupos de poder que saben que por este camino perderán el poder de influencia que tienen. Son los mismos que no quieren reconocer que esta es una nación multicultural con nueve pueblos reconocidos por ley y que hay varios más que esperan a ser reconocidos cuando la nueva Constitución vea la luz.
Son muchísimos los temas que deben considerarse para legislar una nueva ley fundamental que venga a hacer justicia con los trabajadores, adultos mayores, mujeres, jóvenes, estudiantes, pensionados, etc, que hemos sido víctima por decenios del capitalismo salvaje que sin regulación alguna nos gobierna.
Sin perjuicio de lo anterior me quiero quedar con los derechos de tercera generación que reclaman los pueblos indígenas de todo el mundo y de Chile en particular. Estos derechos debieran estar expresados claramente en la nueva carta magna. Pero, ¿cómo saber cuáles son los derechos que los indígenas de Chile queremos que sean expresados en la nueva constitución? Fácil, a través de un proceso de Consulta Previa a la declaración de estos derechos; o sea a través de un Proceso Constituyente que obviamente es previo.
El proceso de Consulta Previa que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a favor de los pueblos indígenas del mundo es en sí un proceso constituyente que tiene por finalidad tomar en consideración la opinión de los propios afectados por alguna medida legislativa que quiera implementar el Estado y que afecte de alguna manera a algún pueblo indígena de su país. Por esto un proceso constituyente no asusta a los pueblos indígenas de Chile, ya hemos tenido la experiencia de ser consultados para los proyectos de ley que crearán el Ministerio de Pueblos indígenas; el Consejo y Consejos de Pueblos indígenas de Chile; y el Ministerio de las Culturas y las Artes de Chile.
El proceso de Consulta duró entre 5 y 6 meses, periodo en que el gobierno realizó una convocatoria amplia a todos los que se interesaran en dar a conocer sus visiones críticas sobre las medidas consultadas. La metodología utilizada contemplo un periodo de entrega de información amplía sobre lo consultado, un periodo de estudio de las medidas con apoyo profesional adecuado, varias reuniones de discusión sin intervención del Estado, mesas regionales de encuentro entre los consultantes y los consultados, y por último una reunión nacional para poner en orden los acuerdos alcanzados previamente y tomar nota de los disensos. De esta manera el proceso constituyente tomará en cuenta la opinión ciudadana, llegará a todos los interesados, hará trabajar a todas las fuerzas sociales y pondrá en sintonía a los parlamentarios con la ciudadanía, al darles la tarea de resolver los disensos obtenidos en el Proceso Constituyente Previo.
La creación de una nueva Constitución debe considerar la variable indígena: reconocimiento constitucional, participación política, reconocimientos de los derechos colectivos y los derechos autonómicos, entre otros.
Si pensamos que estas medidas son necesarias, entonces estamos diciendo que son posibles. Los pueblos indígenas de Chile tenemos la experiencia de participación ciudadana y sólo estamos esperando que nos convoquen al Proceso Constituyente para hacer nuestro aporte desde cosmovisión inígena al futuro nacional con una nueva Constitución Pluricultural.
La creación de una nueva Constitución nos pone frente al desafío de profundizar nuestra Democracia, específicamente sus atributos variables que estipulan la ampliación de mecanismos de participación ciudadana, tales como la iniciativa popular de ley, plebiscitos vinculantes entre, etc.. Es en este contexto donde debemos tener espacios de participación los pueblos indígenas a través del Proceso constituyente.
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