Una como madre, padre, o tutor legal tiene el derecho y el deber de elegir el colegio donde se educarán nuestros hijxs; pero ¿quién tiene el derecho de denegar un derecho esencial como lo es la identidad a los estudiantes transgénero que nacieron con el mismo derecho inherente a una educación libre de discriminación que el resto? ¿Quién? ¿El colegio, los apoderados o el Estado? La respuesta es simple, nadie. Nadie puede libremente vulnerar los derechos de los niñxs a su identidad, los derechos de los NNA están consagrados en la Convención sobre los derechos de los niñxs (CDN).
Es alarmante ver cómo la CDN aún después de 25 años no es un instrumento lo suficientemente relevante para evitar que ningún colegio incurra en discriminación arbitraria contra los alumnos. Al parecer, tampoco hace una diferencia contar con la ley 20.609, Ley de No Discriminación, debido a que aún vemos cómo algunos colegios se toman atribuciones que no les corresponden, con una interpretación errada de la libertad de enseñanza al ponerla por sobre el derecho de los estudiantes a una educación libre de discriminación. Al parecer los colegios en la práctica sienten que su proyecto educativo es más relevante, cuando ningún colegio cuenta con el derecho de vulnerar los derechos a ninguno de sus estudiantes.El proyecto busca modificar la Ley General de Educación y garantizar el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de los niños y niñas en sus colegios.
Como madre, jamás aceptaría que el colegio de mi hija le negara su derecho a identidad ¿o acaso alguien aceptaría que a su hija, la obligaran ser un niño cuando no lo es, o a su hijo obligarlo ser una niña cuando no lo es? Estoy segura de que nadie lo permitiría, lucharían contra el colegio por haber vulnerado los derechos de sus hijxs a la identidad que les corresponde y no que el colegio les desea asignar.
Esto es exactamente lo que hacen colegios como Pumahue, cuando el colegio le niega la posibilidad a vivir su transición en un ambiente seguro y libre del escrutinio y la discriminación sin límites; es más grave aún cuando luego de incurrir en esta vulneración que su rectora abiertamente declare en una entrevista que como establecimiento decidieron mantener aspectos del proyecto, como el uso de los baños y los uniformes que están definidos para niños y niñas. Según la rectora, el colegio recibió el apoyo total de los apoderados por ser el proyecto educativo por el que optaron; es decir, no se pueden cambiar los acuerdos de este negocio así como así.
Aquí hubo un aspecto que no desean reconocer, vulneraron los derechos de una niñita que no merece ese trato, por una ignorancia y transfobia que no les permite siquiera ejercer respeto por su dignidad. ¿Cuántos colegios más se toman estas atribuciones? ¿Cuantos niñxs más sufren en las manos de adultos sin la menor idea del concepto del respeto? Con un colegio bastaría para ya realizar cambios, con un solo estudiante ya es más que suficiente razón para hacer algo diferente por la dignidad humana de todos los estudiantes.
El lado positivo de este tipo de crueldad y nulo criterio de colegios como este, es que inspiró que las Vicepresidentas del Senado Diputada Adriana Muñoz y de la Cámara de Diputados Diputada Denise Pascal Allende, tomaran acción con una gran iniciativa y presentaran un proyecto que no permitirá que los colegios sigan incurriendo en esta brutalidad de denegación de derechos a los niñxs por ninguna razón. El proyecto busca modificar la Ley General de Educación y garantizar el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de los niños y niñas en sus colegios.
En el fondo, se les acabaría la fiesta del club «educativo V.I.P.» y llegaría a frenar el libertinaje inescrupuloso de discriminar a los colegios y a los apoderados que contratan sus servicios. La exclusión, que lejos de educar fomenta desigualdad, ya no será parte de los proyectos de los colegios y tendrán que desarrollar planes educativos para enseñarles a las personas a respetar a los demás, aunque les pese. Las Diputadas ya entregaron el proyecto a la Ministra de Educación Adriana Delpiano, y esperan el apoyo para comenzar su tramitación. Como ciudadana, también espero que sea así.
Una ley como esta generaría la posibilidad de crear espacios seguros y libres de discriminación, si va acompañado con un plan educativo que les entregue las herramientas necesarias a lxs niñxs a vivir y hacer de esta sociedad, una sociedad más justa y respetuosa en el futuro.
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