Durante la reunión de la Comisión de Educación del Senado, uno de los líderes del movimiento estudiantil inquirió a la actual senadora Von Baer cual era su criterio para establecer la calidad de un colegio; la ex vocera de gobierno sólo atinó a una risa nerviosa a sabiendas de que su respuesta sería refutada con la misma solidez que mostraron los estudiantes en la exposición de sus demandas durante toda la jornada.
Lo ocurrido es un reflejo de la perplejidad de la derecha frente al problema de la educación y, más que nada, de la imposibilidad de frenar un conflicto que sólo puede tener una solución: una reforma educacional de fondo. Hay tres puntos en el movimiento estudiantil cuya aceptación cruza los liderazgos, sus bases y a la sociedad en general. Son: la convicción de que el modelo está agotado y que no se puede seguir sosteniendo el lucro; que es necesario un cambio donde el Estado tenga un rol preponderante; y que la reforma debe tocar todos los niveles de enseñanza, incluida la formación técnica.
El gobierno entregó una nueva propuesta cuya línea central está puesta en el financiamiento de la educación. Tal como lo expresara en diversas entrevistas el Ministro Bulnes, se ponen más recursos en juego, se amplian las becas y los subsidios y, el Estado interviene en el modelo crediticio a través de una tasa única del dos por ciento. Hay referencias a aplicar un control efectivo sobre el lucro en las entidades universiarias y se destaca un sistema de control de calidad para la educación básica y media. El ministro descartó que la preocupación por el lucro se extienda a los centros de formación técnica, lo que demuestra que el problema no es sustancial para el gobierno. De ahí entonces que no se pretenda establecer un sistema parejo que evite el lucro, sino aplicar la ley vigente que rige sólo para las universidades.
Las medidas expuestas vienen a profundizar el modelo vigente y no constituyen un cambio real. De hecho, después de tres meses de intensas manifestaciones, pareciera que el Ejecutivo encontró terreno fértil para destinar más dinero público a los actores privados.
En concordancia con lo anterior, el sólo hecho que el crédito fiscal mantenga una tasa del dos por ciento y que ésta se aplique a todos los contratos vigentes, implica que el Estado cubrirá la diferencia de las tasas impuestas por los bancos. De este modo, se traspasarían cien mil millones de pesos anuales (monto declarado por el ministro de educación) a la banca privada sin que ésta sacrifique un ápice sus utilidades que, cabe decir, están dentro de las más altas de cualquier industria. Esto sin contar que los créditos cuentan con aval del Estado, por lo que la banca tiene una cartera garantizada, un gran negocio. Para qué decir del aumento de las subvenciones escolares y el destino de las becas para la educación superior. A este paso, los sostenedores de colegios y dueños de centros universitarios y técnicos podrían hacer fiesta si ya se estima una inyección de recursos del orden de mil millones de dólares anuales (cifra citada por el Ministro Bulnes).
La respuesta del gobierno está lejos de solucionar las demandas estudiantiles y en muchos aspectos se distancia aún más de éstas. El Senador Carlos Cantero, cercano al Presidente, calificó de insuficiente esta tercera propuesta, destacó la profundidad de las demandas y la falta de receptividad de su sector. A estas alturas es incomprensible que La Moneda pugne por sostener el negocio educacional y siga levantando falsas disyuntivas, entre otras cosas su procupación por asegurar la libertad de enseñanza, como si eso pasara necesariamente por apoyar la educación subvencionada. Tampoco es efectivo que una suerte de control de calidad sobre los establecimientos escolares pueda garantizar el punto de inflexión que la sociedad está pidiendo o que esto se alcance con una mera reforma constitucional.
El Ministro Bulnes, durante sus intervenciones insistió en que el gobierno planteaba algunas medidas por convicción y otras por concesión; si miramos la letra chica de lo que impulsa el gobierno, parece que las soluciones calzarían mejor con la crisis de La Polar que con la educación. La convicción del gobierno está en la línea de poner más plata y buscar un mejor servicio, es decir, un mercantilismo puro y simple. Mientras, la huelga de hambre de un grupo de estudiantes secundarios y la posibilidad cierta que estudiantes de media y universitaria pierdan el año parecieran ser datos accesorios. Después de todo, varios personeros del oficialismo siguen pensando que los estudiantes son drogadictos, alcoholicos y vándalos, como se hizo eco recientemente Herman Chadwick, hermano del vocero de gobierno y primo del Presidente. Con ese nivel de descalificación es cada vez más riesgoso que el gobierno insista en mantenerse en la intransigencia y en una postura refractaria. Si Piñera llama a no tensionar al país debiera considerar el viejo dicho de no mirar la paja en ojo ajeno e ignorar la viga en el propio.
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Foto: Cristián Rodríguez – elquintopoder.cl
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