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Probidad y ciudadanía: supuesto sobre el que se basa esta legislación

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Sobre la confianza en el Congreso Nacional de un listado de 13 instituciones, la Cámara de Diputados y el Senado se ubican en las posiciones 11 y 12 de menos confianza de la ciudadanía.

El día 23 de julio el programa Contacto de Canal 13 emitió un capítulo sobre seguimiento al patrimonio de parlamentarios. Las conclusiones fueron claras: los congresistas no entregaron toda la información requerida, algunos incumpliendo la ley y otros porque –sin encubrimiento- la legislación actual así lo permite.

En mayo del 2011 el Gobierno presenta a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca la probidad en la función pública (Boletín 7616-06), el que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con urgencia simple. Este proyecto de ley –como su nombre lo dice- tiene como objetivo regular el principio de probidad en la función pública y la prevención de conflictos de interés de las autoridades públicas, buscando generar un continuo de obligaciones tendientes a la probidad (las declaraciones de interés, patrimonio y la enajenación de activos).

Para lograr este objetivo, el proyecto modifica más de nueve leyes y decretos; no es un proyecto simple sino una reforma que busca modificar el ejercicio de la autoridad y mejorar la percepción ciudadana de la gestión pública con todas las aristas políticas que existen.

Si bien la propuesta legislativa es un avance, es insuficiente por varias razones. En primer lugar, no considera limitaciones al cambio de trabajo que pueden realizar personas desde el sector público al privado, en una misma rama económica o de interés, pudiendo manejar información confidencial que podría provocar conflictos de intereses y/o favorecer con esa información a su nuevo empleador.

En segundo lugar, sobre las multas por incumpliento de entrega en las declaraciones o no actualizarse estas después de un hecho relevante si bien son altas, dudo  del poder disuasivo de éstas. Principalmente porque a quienes se les aplican son personas con alto poder económico. Una medida realmente disciplinaria sería la inhabilidad de ejercer cargos públicos para quienes incurran en faltas reiteradas e incumplimientos en las declaraciones.

Por último, el contenido del proyecto se basa en un supuesto poco probado: que la ciudadanía ejerce un control ciudadano activo y que esta legislación será un mecanismo más de ello, convirtiéndose -junto con el funcionario público- en un fiscalizador para lograr el cumplimiento del principio de probidad. Así, se deja principalmente el rol fiscalizador a la ciudadanía, la que debe ejercer el derecho a requerir información para perseguir responsabilidades administrativas, pues sería ésta -según el Ejecutivo- la que tendría los incentivos para denunciar y perseguir actos de corrupción. Esta hipótesis se contradice con los resultados con solo el 15% de los ciudadanos encuestad por el Consejo para la Transparencia en su última encuesta tiene conocimiento de su derecho de acceder a la información pública. Si a eso se suman los resultados de la Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales del 2013 que señala que solo un 8,1% de los encuestados muestra bastante/mucha confianza en sus parlamentarios. Sobre la confianza en el Congreso Nacional de un listado de 13 instituciones, la Cámara de Diputados y el Senado se ubican en las posiciones 11 y 12 de menos confianza de la ciudadanía. En el caso de la Cámara un 7.7%  muestra bastante/mucha confianza porcentaje que disminuye a 7,5%  en el Senado. El dato más explicativo de la relación ciudadanía y congreso es que un 48% de los encuestados considera que muy fácil/fácil sobornar a un parlamentario.

Reportajes como el de Contacto, sin un llamado a legislar sobre probidad, lobby y financiamiento público de la política, no hacen más que generar mayores niveles de desconfianza a los ya existentes y predisposición negativa al trabajo parlamentario y político en general. Una ciudadanía organizada, con información y activa electoralmente siempre será el mejor accountability para el sistema político. Sin embargo dejar de hacerlos puede ser un error, lo importante es plantear objetivos positivos de largo plazo y no sensacionalismos mediáticos.

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