En un contexto de crisis de confianza en las institucionalidad política, el Ejecutivo ha propuesto modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional para la elección de Intendente (gobernador regional) y que permitiría a los parlamentarios postular a dicho cargo sin tener que renunciar a su escaño. Es una iniciativa abiertamente discriminatoria puesto que la modificación si obliga a renunciar a otras autoridades que aspiren a ser candidato (a) al mismo cargo; ergo, ministros subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, alcaldes, concejales y cores. Sin embargo, esta renuncia es imperativa cuando estos últimos aspiran postular al Congreso.
La iniciativa contradice la esencia de todo sistema de inhabilidades que es permitir emparejar la cancha electoral para todos los competidores, sin excepción.
Esta propuesta, en el caso de ser aprobada, estaría violando un principio jurídico y democrático básico: “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”. Por tanto, transgrede el principio de igualdad ante la ley al entregar privilegios excluyentes a los parlamentarios en ejercicio, otorgándoles también una compensación adicional al permitirles hacer campaña con fondos fiscales, teniendo en cuenta que ellos (as) seguirían recibiendo la dieta parlamentaria, considerando que solo deberían renunciar al escaño en el caso de ser elegidos.
Al seguir contando con los ingentes recursos públicos de la dieta parlamentaria, hace que cualquier competencia esté abiertamente sesgada a favor del parlamentario que desee postular. La iniciativa contradice la esencia de todo sistema de inhabilidades que es permitir emparejar la cancha electoral para todos los competidores, sin excepción. La propuesta del Ejecutivo exhibe un criterio totalmente opuesto, ya que está validando una prerrogativa que beneficia exclusivamente a los Parlamentarios, dejando a alcaldes, cores y funcionarios de gobierno inhabilitados de competir si no renuncian con antelación a los cargos que ocupan.
Se estaría, en consecuencia, generando un escenario político en que se legalizaría una competencia electoral discriminatoria a favor de una élite, impidiendo desplegar una campaña en igualdades de oportunidades; cerrando de esta manera la emergencia de nuevos liderazgos. Además, se estaría incentivando las malas prácticas en la política, las cuales han sido ampliamente repudiadas por la ciudadanía. Asimismo, sería visto por la opinión pública como una nueva señal de defensa corporativa que desprestigiaría aún más al Congreso, al sumarse más privilegios a sí mismo.
De hecho, el debate en torno a los parlamentarios y los partidos políticos, está profundamente marcado por la pérdida de valoración positiva que estos habían tenido durante los primeros años de la recuperación de la democracia y que difícilmente podrán recuperar sin ceñirse a las exigencias de funcionamiento más transparente y exento de privilegios que demanda una ciudadanía más informada y crítica.
Ante la abierta crisis de representación política que afecta al país, es necesario que las normas que se tramitan en el Congreso se sometan a un proceso que conduzca a romper con las trabas de una sociedad tan estamental como la chilena. El diagnostico es claro, por ende, ahora se espera la respuesta de los honorables, la que no debe ser otra que la causa de darle prioridad a lo justo y su relación con la idea de la razón pública (Rawls) con el propósito de expandir las igualdades y la democracia, lo que obliga a no buscar granjerías, sino al contrario, conferir garantías para que la competencia electoral sea desplegada en circunstancias de paridad de condiciones, sin importar ninguna clase de distinción o privilegio para ninguna persona.
El funcionamiento opaco e insostenible de la política -algunos la asignan a la “cultura de la Transición”- que no logra conmover, ilusionar y traducir lo que está sucediendo en la calle y lo que piensa la gente. La crisis, por tanto, no es solamente de representación, tiene que ver también con una crisis de referentes culturales, puesto que pretender establecer un status de cero inhabilidades de renuncia previa de los parlamentarios a sus escaños para postular al cargo de Gobernador Regional, gráfica muy nítidamente como se apela a constructos políticos aviesos para que un reducido grupo pueda controlar la institucionalidad política, impidiendo la entrada de nuevos actores.
Comentarios
17 de enero
¡¡ Una vergüenza !!..No asisten a las sesiones, menos irán a las gobernaciones.
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