las gobernaciones se han utilizado como un órgano de negociación política, de repartición de poder en el territorio por parte de los partidos de la coalición gobernante. Esto sin duda pudo equivocar los criterios de idoneidad de los gobernadores.
La Ley de bases de administración del Estado indica en su artículo N°41 que “Corresponderá al gobernador, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, pudiendo representar a aquél las necesidades o de ciencias que observare, y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley o le delegue el Intendente”. En términos más simples su función es la de supervigilar la entrega de servicios y comunicar al intendente respecto de necesidades que tenga la provincia.
Además en la administración del Estado la gobernación provincial corresponde a un organismo desconcentrado, esto quiere decir que está sujeto a la dependencia jerárquica de la autoridad superior, no teniendo personalidad jurídica ni patrimonio propio.
El gobierno de Michelle Bachelet en los próximos días debiese definir a los 53 gobernadores (son 54 provincias en Chile, pero la provincia de Santiago no tiene gobernador) y cuando llegue el día del anuncio probablemente no habrá mucha atención mediática. Pero ¿por qué la designación de gobernadores provinciales es un tema poco relevante? Eso es algo que debiese analizarse en profundidad. En la presente columna se pretende dar algunas luces al respecto.
El primer inconveniente que se percibe es que el gobernador tiene un ámbito de actuación bastante acotado, pues se ve encerrado entre la fuerza que tiene la gobernación regional y la fuerza que tiene la municipalidad. Sumando también las limitaciones que le da el ser un órgano desconcentrado, termina por quedar prisionero entre lo local y lo regional.
Desde la ciudadanía probablemente se percibe el “poco peso” que tiene una gobernación, entendiéndola sólo como un organismo que se preocupa de entregar servicios (SII, registro civil, entre otros) y no como una instancia cierta donde se pueda buscar soluciones a demandas.
Junto con lo expuesto, es posible agregar que no han existido esfuerzos desde el Estado o desde la sociedad civil para la generación de una “identidad provincial”. Estos esfuerzos sí se han dado a nivel regional y comunal.
Y por último, las gobernaciones se han utilizado como un órgano de negociación política, de repartición de poder en el territorio por parte de los partidos de la coalición gobernante. Esto sin duda pudo equivocar los criterios de idoneidad de los gobernadores.
Ciertamente la situación actual de las gobernaciones provinciales es incómoda y frente a esto hay dos opciones: potenciarlas o dejar las cosas tal como están.
Si se elige potenciar las provincias, entonces como mínimo se debe dar mayor autonomía a las gobernaciones provinciales, se debe pensar en la generación de identidad en el territorio provincial para que exista un sentido de pertenencia de sus habitantes Y por último se debe pensar seriamente en la elección directa de la autoridad provincial.
¿Cuál de las dos opciones tomará el gobierno de Michelle Bachelet?
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Foto: Wikimedia Commons
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