Política y negocios: la rentabilidad de la democracia en Chile

Los casos Penta, SQM, Caval, y los reiterados episodios que han marcado la pauta durante el último tiempo y que reflejan la evidente carencia de ética de diversos políticos, no hacen más que reafirmar algo que para muchos era, quizás convenientemente, una exageración. En Chile existe la corrupción, y siempre ha existido, con la diferencia de que últimamente se han develado los antecedentes de variadas tramas. De este modo basta con retroceder un poco en el tiempo y recordar aquellos hechos de corrupción que calaron hondo en la opinión pública, tal es lo que ocurrió con los casos Inverlink, MOP-GATE, y Publicam -los más emblemáticos de ese entonces-.

---

Hablamos de una democracia que, al amparo del marco legal, ha sido desvirtuada de su sentido real, el cual no es otro que la deliberación en pos del interés público, plasmado en diversas visiones de sociedad y proyectos políticos.

En todos los casos mencionados, se encuentra un denominador común: el interés individual por sobre el interés común; siendo este último el que debiera predominar en el ejercicio de los cargos de representación popular, y encauzar las funciones que se llevan a cabo al interior de los diversos poderes del Estado. Ciertamente la realidad de la política en nuestro país dista considerablemente de aquello, puesto que el fraude, los conflictos de interés, el cohecho, el nepotismo, el financiamiento ilegal de partidos y campañas políticas, el uso ilegítimo de información privilegiada, y la malversación, suponen una práctica generalizada que se apodera progresivamente de la administración del Estado, y sobre todo de nuestro órgano legislativo.

Siguiendo esta línea, en relación al preponderante interés individual que domina en los cargos de alta dirección, y en nuestro tan desprestigiado Congreso, resulta alarmante la gran similitud entre el comportamiento de aquellos políticos cuestionados por sus malas prácticas y de los partidos tradicionales, con las conductas acaparadoras y monopolistas de ciertos holdings o empresas que operan en el país.

Respecto a lo mencionado previamente, es pertinente hacer un reparo: el interés individual y las ansias por generar beneficios personales es algo completamente legítimo en el área de los negocios, del mercado, y de los emprendimientos. Lo que aquí se cuestiona es la invasión por parte de dichos intereses en aquel espacio donde resultan especialmente perjudiciales para la sociedad: el espacio de poder público, en el cual se toman decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. Dicho esto, y aceptando la normalidad de los intereses privados en el ámbito empresarial, cabe agregar que de ningún modo se justifican las acciones ilícitas y abusivas que determinados grupos empresariales han protagonizado desde hace varios años, justamente lo contrario, los dardos apuntan a estas tanto en el mundo privado como en el ámbito político.

En ese sentido, ha quedado demostrado que la política adquirió el carácter de ser un rentable proyecto de inversión, más que una actividad en la cual se determinan decisiones públicas. Los conflictos de interés al interior de ambas cámaras legislativas dan cuenta de una frontera casi inexistente entre los negocios y la política, permitiendo que parlamentarios no solo tengan la posibilidad de ejercer otras labores remuneradas, pues no tienen la limitante que supone la dedicación exclusiva de sus cargos, sino que además presiden o integran comisiones que legislan en los rubros en los cuales varios de los honorables desarrollan sus negocios. El caso del ex Ministro de la SEGPRES, Jorge Insunza, ilustra bien esta realidad, puesto que -siendo presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados- realizó asesorías a Antofagasta Minerals, empresa minera perteneciente al grupo Luksic. Casos como el de Insunza se replican en muchos otros legisladores, como el actual presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien siendo dueño de empresas ligadas al rubro del transporte, integraba la comisión de dicho sector en el Senado.

Otro antecedente que cabe mencionar es el financiamiento de las campañas y de los políticos por parte de los principales grupos empresariales del país, que suelen denominarse como aportes irregulares pero que no constituyen otra cosa que una inversión (en ocasiones ilegal), cuya utilidad corresponde a las ventajas que obtienen dichas empresas mediante su influencia en el Congreso. Los casos Penta y SQM son el más claro y reciente ejemplo de esta situación, que reflejan el carácter homogéneo de las dos coaliciones políticas que permanecen capturadas por intereses económicos.

Asimismo, el cohecho, responde a una práctica habitual y de la cual bien conoce el Senador Jaime Orpis, quien recibió cuantiosas sumas de dinero por parte de Corpesca mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas. O el caso de la ex Diputada Marta Isasi quien igualmente obtuvo dinero mediante el respaldo de asesorías que nunca se efectuaron, y que al igual que Orpis, favoreció la aprobación de la polémica Ley de Pesca.

Por lo demás, la llamada “puerta giratoria” consistente en el desregulado tránsito entre el aparato público y el sector privado. Y para coronar esta especie de sumario que refleja el deteriorado estado de nuestra democracia, no se puede ignorar el, recientemente aprobado, proyecto de financiamiento y transparencia de la política, que mediante una serie de indicaciones, monopoliza el financiamiento público en los partidos políticos tradicionales. En otras palabras, se coluden ambas coaliciones (Alianza y Nueva Mayoría) para acaparar los recursos fiscales que dispone este proyecto de ley, en desmedro de los partidos emergentes.

De esta forma, la evidencia empírica revela como numerosos políticos tienden a comportarse como verdaderas empresas que, de diversas formas, persisten en obtener réditos a través de los cargos de representación popular. La cultura del abuso, de la concentración, de la utilidad a cualquier costo, la cultura del egoísmo, ha permeado el ámbito en la cual resulta más nociva para un país, la esfera política y las instituciones públicas. Hablamos de una democracia que, al amparo del marco legal, ha sido desvirtuada de su sentido real, el cual no es otro que la deliberación en pos del interés público, plasmado en diversas visiones de sociedad y proyectos políticos.

Ambas cámaras del congreso dan cuenta de que la representación en razón de un proyecto político, se diluye a causa de la colonización por parte del mundo empresarial, de nuestra democracia y sus principales instituciones. Es así como se ha instrumentado la política, viendo en ella un nicho de rentables negocios. Finalmente, siendo testigos de la mercantilización de la democracia en nuestro país, queda demostrado, por si fuera poco, que es un mercado totalmente desregulado, bastante semejante al mercado rentista del mundo empresarial. No sería una exageración, entonces, pensar que la lógica del neoliberalismo ha permeado el ámbito del quehacer político.

No queda más por añadir que se debe mantener lo más lejos posible de los cargos de representación y de las funciones públicas a aquellos que ven en esos cargos una oportunidad de enriquecimiento personal; lo cual no se puede lograr sino a través de la concientización de la ciudadanía.