El título de esta columna da pie para pensar que su centro es el entredicho entre José Piñera y el oficialismo, por la intención de legislar sobre una eventual reelección presidencial, pero no es así. El ex ministro de Pinochet no es partidario de la reelección y no ha dudado en comparar el intento con el modelo chavista y la derivada populista que ello implica. Sin embargo, es claro que la opinión de José Piñera dista de la del Presidente en otros aspectos, por lo cual este es sólo un episodio más de disputa y no constituye una novedad.
En realidad, el título alude a la insólita idea del Presidente Piñera de evaluar acciones judiciales contra quienes lo vinculan con una intervención en la reciente elección de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El Presidente ha calificado como una calumnia que lo señalen como uno de los gestores de la derrota de Mayne-Nicholls y, con ello, partícipe de la renuncia de Bielsa. Lo complejo del tema es que traspasar el problema a tribunales abre un escenario bastante impredecible, al margen de constituir un hecho inédito.
No es usual que un Presidente se querelle contra personas particulares o parlamentarios. El recurso judicial tiene sus bemoles; si el Presidente pierde, quiere decir que no hay injuria y, en consecuencia, los afectados están en el derecho de pedirle explicaciones públicas. Por otro lado, lo más probable es que una victoria sea a lo Pirro, entre otras cosas porque los condenados serían víctimas del peso del poder y, en el proceso, aparecerían en rumbo de colisión el poder Ejecutivo, el Judicial y parte del Legislativo. Entonces, si el Presidente no gana nada con este expediente ¿por qué lo anuncia?
Cuando se invoca la figura de la injuria y la calumnia, la ley parte de la base de que el daño se hace sobre personas y no recae en instituciones. Esto implica que el injuriado no lo es en su calidad de Presidente de la República, sino que lo es a título personal. Una hipótesis es que Piñera anuncia querella porque efectivamente se siente tocado en lo personal, pero ¿puede darse el lujo de seguir un impulso, teniendo la investidura que tiene?
En este caso debiera aceptar que sus intereses privados no pueden sino quedar subordinados a su función pública.
Siguiendo la línea en la que ha insistido el propio mandatario, en que consideró que era capaz de convivir con algunas inversiones y su responsabilidad política, sin que una cosa afectara a la otra, es curioso que en un momento de crisis la frontera se desdibuje. Desde el momento en que la vocera de gobierno, Ena von Baer, interviene calificando de “canallada” a los que han hecho la mentada acusación, el tema pareciera que está en la agenda del gobierno. Esto también se sostiene en los dichos del Presidente cuando compele a superar las “minucias” y atender a los desafíos del país. Entonces, ¿en qué quedamos?; ¿es posible separar la política de los negocios?; ¿sólo es aplicable este quiebre en tanto las cosas van bien?.
En todo lo expuesto ni siquiera hemos entrado a discutir si la razón le asiste al Presidente o a sus acusadores. Lo que queda de manifiesto es que la diferenciación entre el Piñera empresario y el Piñera Presidente se enfrentan casi como en una tragedia griega (con un guión más pobre, por cierto). Hay que recordar que la Contraloría no vio en su momento que exista conflicto de interés en el hecho que Piñera posea acciones de Blanco y Negro S.A., al parecer tampoco en que sea parte de los controladores del club. Ahora bien, si el criterio es que el conflicto de interés solo es tal cuando se produce ¿no estamos llegando a ese punto?; ¿hasta dónde estas cosas hacen mella en el empresario o en el Presidente? ¿Cuál es la camiseta?
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Foto: Presidencia.cl
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