Pesca: El consenso de los presidenciables

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Si de algo podemos estar seguros es de que hay suficiente, amplio y transversal consenso político en el país para que el próximo gobierno recoja el guante, no asuma la Ley Longueira como un hecho consumado y también para que no se repitan los errores y omisiones del pasado.

Los industriales pesqueros respiraron aliviados tras la aprobación de la Ley Longueira, porque lograron evitar las licitaciones de cuotas de pesca y obtuvieron, en propiedad, concesiones a 20 años renovables, heredables y “susceptibles de todo negocio jurídico”. La verdad es que al calor de la actual campaña presidencial, uno podría suponer que, gane quien gane (excepto Matthei), su felicidad no tendrá un horizonte muy extendido en el tiempo.

Y aunque no ha sido en ningún caso “tema de campaña”, la pesca y su futuro ha estado presente en discursos, programas, la franja electoral e incluso en los debates recientes.

Matthei, continuadora del statu quo también en esta materia y en cuyo programa la palabra “pesca” aparece una vez, sólo se ha referido a ella para hablar de la muy anunciada creación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Asuntos Forestales y Alimentos, pese a que dicho proyecto todavía no ingresa a trámite legislativo.

MEO por su parte, ha dicho que está por cambiar “las leyes que incrementan la explotación de los recursos naturales” y que la política pesquera nacional ha permitido la sobreexplotación de los recursos durante 25 años, sin un equilibrio entre desarrollo y sustentabilidad, lo que no se ve favorecido por las licencias «renovables» que otorga la nueva ley de pesca.

Israel, no se ha referido al tema, pero en su programa señala que “la ley debe poner límites a la concentración en los mercados”, por lo que considerando el estado oligopólico de la pesca, un eventual gobierno suyo le metería mano a las tristemente célebres 7 familias.

Sfeir, cuyo hijo es gerente de una empresa certificadora de productos del mar, promueve un cambio constitucional para que la propiedad de los recursos naturales sea de todos los chilenos y ha dicho que el país tiene derecho a una discusión sobre la ley de pesca mucho más integrada.

Roxana Miranda ha sostenido que hay que regular la pesca de arrastre y que derogaría la Ley Longueira, señalando que la pesca artesanal tiene que volver a ser privilegiada ya que genera empleo y es una forma de vida de familias donde el ser pescador artesanal se traspasa de una generación a otra.

Parisi ha sido muy expresivo en esta materia señalando ser contrario a la Ley Longueira, sosteniendo que es una ley mal hecha, y que no considera la diversidad territorial y pesquera. Ha propuesto ocho millas para la pesca artesanal y respetar sus caladeros históricos. También está por prohibir la pesca de arrastre. Dice ser contrario a las concesiones a perpetuidad. En materia artesanal propone hacer un distingo entre el armador y el pescador.

Claude se ha declarado partidario de derogar una Ley Longueira “hecha a la medida de los industriales”, para favorecer a los pescadores artesanales, a quienes les otorgaría una mayor cuota. También ha señalado la necesidad de recuperar “la soberanía sobre el recurso pesquero”.

Jocelyn-Holt se ha definido como contrario a la Ley Longueira, porque a su juicio concentra los recursos en pocos actores. Al respecto emplazó a la Concertación a asumir su responsabilidad, pues esa ley se aprobó con votos de la oposición. Sobre los industriales dijo que “se han vuelto rentistas y no asumen riesgos”, y que la Ley de Pesca es la mejor demostración de ello.

Finalmente, Bachelet, que inesperadamente le dedicó una página de su programa al tema, plantea hacer una “evaluación” de la Ley Longueira, incorporar a los pescadores artesanales al sistema previsional, de salud y a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Propone además crear la “Bolsa de la Pesca Artesanal” y el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. También plantea extender las 5 millas de reserva artesanal hasta Magallanes y la eliminación progresiva de la pesca de arrastre.

En síntesis, si de algo podemos estar seguros es de que hay suficiente, amplio y transversal consenso político en el país para que el próximo gobierno recoja el guante, no asuma la Ley Longueira como un hecho consumado y también para que no se repitan los errores y omisiones del pasado. Las cuotas de pesca no pueden ser ni para mantener la paz social de los pescadores artesanales ni para calmar el lobby insaciable de la industria en esta materia.

Está claro que la próxima administración tendrá que hacerse cargo, sí o sí, de la recuperación de las pesquerías: tendrá que haber más investigación, más vedas y más protección social. Por cierto se necesitarán más recursos, más fiscalización y menos pesca de “investigación” o “imprevistos”.  Por cierto, aunque pueda ser alternativa de pequeña escala, la acuicultura tampoco es la solución en las zonas donde habrá crisis pesquera, menos aun si es sólo la salmonicultura y sus líos sanitarios, laborales y ambientales.

Lo que se necesita, ni más ni menos, es desarrollar política de Estado y no solo administración en la materia, y recuperar de una vez por todas la propiedad de los recursos pesqueros para todos los chilenos, sus hijos y su futuro.