Las campañas parlamentarias y presidenciales, pueden adquirir el rol de catalizadoras de una gestión pública que garantice los derechos humanos fundamentales y generen condiciones de fortalecimiento de la sociedad civil, facilitando la participación del pueblo adulto mayor organizado y no organizado, en cada instancia de creación de programas de gobierno.
«Una Sociedad para todas las Edades». Esta es la máxima que, desde el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Madrid 2002, nos hemos repetido, más de una vez, desde los ámbitos territoriales del espacio local, ante las encrucijadas de actores políticos que buscan establecer vinculaciones mediáticas con los actores sociales, en el marco relacionado a los temas del envejecimiento y la adultez mayor.
Los sujetos de derecho, en la mayoría de los casos, cuando alcanzan niveles importantes de empoderamiento, suelen caracterizarse por caminar a través de una ruta aparentemente lógica, en la que, sin embargo, resultan ser referentes institucionales los que ‘hablan por ellos’. Es de este modo, el caso de las reivindicaciones femeninas, las de diversidades sexuales y pueblos originarios, entre otros. Más todavía, cuando se alude a las edades, el camino puede requerir de guías o acompañamientos de parte de técnicos y metodólogos especializados; por esta razón, resultan elocuentes, la reflexión y la práctica de ir con, para y por las infancias, juventudes y personas mayores, en una búsqueda de su efectivo protagonismo.
En el caso del sujeto adulto mayor, se hace mención a un grupo etario que ha tomado conciencia, en su gran mayoría dentro del mundo de los organizados, de su carácter de sujeto de derechos. Las personas de edad mayor, no sólo están anhelantes de adquirir nuevos conocimientos sobre cuáles son sus derechos, están formando parte de un activo movimiento social, con la intención de incidir en el reconocimiento público de sus necesarias demandas.
Es la hora de realizar un proceso convergente, de encuentro de mundos. Por un lado, el mundo político ha de realizar los esfuerzos para acercarse a la necesaria actividad participativa que realizan grupos ciudadanos, tales como las personas de edad; por su parte, en el mundo social, tanto a través de las organizaciones de personas de mayor edad -gremiales, es el caso de las asociaciones de pensionados, o sociales propiamente tal, en el sistema de los clubes de adulto mayor y sus uniones comunales-, como de organizaciones no gubernamentales (ONGs), se visibiliza el compromiso por el desarrollo integral de las diferentes edades, en esfuerzos que comprenden el fenómeno de las relaciones intergeneracionales.
En este encuentro de mundos, las instituciones públicas, siendo las primeras mandatadas a aplicar las orientaciones de los acuerdos internacionales, en materia de derecho y desarrollo, están convocadas a desarrollar un rol activo, de coherencia con las propuestas del mundo social organizado, reconociendo la dignidad de la vejez en los planes, programas y presupuestos que les son confiados. El proceso de avance de la sociedad civil tiene energías suficientes para incidir; lo ha de lograr en la medida que suma convergencias. Las instituciones públicas tienen la primera responsabilidad de aplicar las orientaciones internacionales. Cuando este ejercicio sea un proceso francamente efectivo, los poderes públicos se habrán liberado del gobierno de los microsistemas oligárquicos, sustentados en la mezquindad de los intereses creados, en especial de lucrar; y, serán afines a solucionar la desigualdad presente en las necesidades de los pueblos, respecto de los cuales las personas mayores son memoria y energía vivientes.
La ‘Mesa Coordinadora por los Derechos de la Personas Mayores’, resulta ser una red sobre la vejez, de cuyo Plan de Acción se destacan las referencias a la última Reunión Latinoamericana y Caribeña de Seguimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, en San José de Costa Rica 2012, también conocida como Madrid + 10. Una de sus emblemáticas declaraciones asevera que “la participación política, pública y social de las personas mayores es un derecho humano fundamental y exhortamos al respeto de su autonomía e independencia en la toma de decisiones” (Carta de San José N° 5). He ahí una forma de expresar esta dinámica de participación que los mayores viven y que desean incrementar, no sin el apoyo de la sociedad.
Por estas razones y muchas otras, que intervienen la dinámica de los temas relativos al envejecimiento favorable, resulta evidente que las y los adultos mayores, de nuestro país, requieren estar presentes, clara y explícitamente, en un programa de gobierno, que contemple, al menos:
a) Un aspecto normativo, mediante el fortalecimiento de las gestiones proclives a la elaboración de una Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la formulación de un órgano fiscalizador de la Organización de las Naciones Unidas, que podría llamarse ONU MAYOR, que tengan aplicación en Chile; además de la creación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores y de una Subsecretaría del Adulto Mayor;
b) Y un factor de seguridad social, a través de la generación de pensiones dignas –situación que deviene de un proceso de reformas, que crean un sistema de pensiones público, universal solidario y sin fines de lucro, con metodología de reparto-; además del enfoque propicio en salud -para gestionar la atención preventiva, curativa y rehabilitadora, acceso a medicamentos y especialidades médicas-, conjuntamente con la superación de barreras económicas para el desarrollo de la salud integral de las personas mayores, tales como la eliminación del 7% de cotización de salud, para todos los pensionados. Son dos elementos, que bien sistematizados y organizados -siendo conformados también, por elementos de la educación y el trabajo, después de la edad de inicio de la pensión-, son capaces de integrar un Sistema de Protección Social.
Las campañas parlamentarias y presidenciales pueden adquirir el rol de catalizadoras de una gestión pública que garantice los derechos humanos fundamentales y generen condiciones de fortalecimiento de la sociedad civil, facilitando la participación del pueblo adulto mayor organizado y no organizado, en cada instancia de creación de programas de gobierno, con metodologías participativas, tales como la Investigación Acción Participante y Programas de Acción Integral (IAP/PAI) -del cientista político y sociólogo, Tomás Rodríguez Villasante-, mediante una inserción social en el terreno, de profesionales y técnicos de la gerontología social.
«¡La Nueva Mayoría puede tomar el guante!»
Comentarios
30 de agosto
Me ha resultado muy interesante y digno de estudio. Yo creo que la señora Bachelet, podría interesarse.
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30 de agosto
Me gusta la propuesta, creo y siento que es un tema muy relevante…Las ocasiones en donde los adultos mayores se transforman en protagonistas son escasos, estos deben ser impulsados mediante criterios amplios y de convergencia hacia los estamentos gubernamentales……y de la propia Presidencia de la República, hoy la sociedad Chilena envejece mas tarde y son muchos los que podrían ser paladines del quehacer cotidiano, pero faltan oportunidades, el conocimiento sabio del «viejo» debe
ser tomado en cuenta. me gustaría una Subsecretaria del Adulto Mayor con «una gestión pública que garantice los derechos humanos fundamentales y generen condiciones de fortalecimiento de la sociedad civil, facilitando la participación del pueblo adulto mayor organizado y no organizado, en cada instancia de creación de programas de gobierno».
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30 de agosto
Trabajé durante 39 años en el área salud privada. Hoy percibo una jubilación por una aseguradora de $163.000.-; fui muy profesional entregada entera a mi profesión y a la crianza de mis hijos y ahora, que desearía hacer lo que no pude antes, con esa renta, no hago nada. ¿Por qué nadie antes me consultó qué hacer con mis fondos, sino que mi generación fue guiada como pollitos hacia la pobreza y la precariedad?
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