La participación se ha definido como uno de los elementos esenciales de y para la democracia, así como un mecanismo que permitiría fortalecer la ciudadanía y dar mayor legitimidad y eficiencia a las políticas públicas. Sin embargo, aún persiste el debate en relación a qué se entiende por participación, qué significa participar y, al mismo tiempo, a qué hace referencia el concepto de ciudadanía, íntimamente relacionado con el de participación -incluida aquí, además, la e-participación o e-democracia-.
La participación es necesaria y debe ser concebida como un bien público, por lo tanto es necesario analizar cómo el sector público enfrenta la participación, cómo ésta se articula con su trabajo y cuál es la posibilidad real de la ciudadanía de incidir en las políticas públicas, consideradas tanto como proceso y resultado.
Si concebimos la participación como un ejercicio concreto de ciudadanía y al mismo tiempo como una acción política, entendida como una motivación para ser parte del proceso de toma de decisiones en ámbitos diversos y sin restricción, podemos ver que cambia totalmente la relación entre el ciudadano y el Estado, entre el usuario y el servicio, entre el beneficiario y el funcionario, se rompen relaciones tradicionalmente asimétricas y el poder se diluye entre los involucrados, poder que los grupos dominantes de todo tipo se empeñan en mantener. Por lo tanto, la participación en tanto acción política es un ejercicio por y de poder incidir en los asuntos públicos, por lo que también debe ser enfrentada como un proceso de negociación entre, al menos, dos partes.
Vinculado a lo anterior surge la necesidad de distinguir la participación funcional de una participación auténtica, así como la estructura de la participación. Esta necesidad encuentra su origen en que los temas públicos o asociados al bien común no pueden ser del dominio exclusivo del Estado; que una democracia requiere no sólo de mecanismos de representación política, sino que también de participación ciudadana, efectiva y auténtica; tendiendo a una co-producción de las políticas públicas entre el Estado y la sociedad civil.
Entendemos por participación auténtica aquella que tiene efectos directos e indirectos, previstos y no buscados, en la toma de decisiones respecto a determinadas acciones o prioridades de política o en las derivaciones de la misma. Asimismo, esta participación se encuentra estrechamente asociada a las estructuras de participación entendidas como un conjunto articulado y diferenciado de posiciones y relaciones conocido y legitimado por los diversos actores involucrados.
En este marco, comprendemos la incidencia como el grado y posibilidad de un grupo de influir en la definición, ejecución y evaluación de determinada política pública, teniendo en consideración la trama de posiciones jerarquizadas asignadas y asumidas por los diversos actores en materia de toma de decisiones. Así, entonces, podemos distinguir analíticamente participación e incidencia, siendo ésta última el resultado visible y verificable de la primera.
Dado los diversos movimientos sociales en Chile en el último tiempo, podemos decir que los actores protagonistas de dichos movimientos están buscando participar en la toma de decisión respecto a los asuntos públicos de una manera real. Es decir, no sólo intentan participar a través de consultas ciudadanas o través de la delegación de su representación en parlamentarios o alcaldes, sino que incidir en la toma de decisión.
Sin embargo, esta expectativa de incidencia plantea un doble desafío para el sistema político en su conjunto, no sólo para el gobierno, requiere cambiar sustancialmente la forma en que ha sido concebida la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos tanto en forma como en contenido. Es decir, se requiere no sólo llegar a acuerdo respecto a los contenidos temáticos de los asuntos en discusión como educación, medio ambiente u otros, sino que se necesitan establecer mecanismos legítimos y confiables para llegar a esos acuerdos y para los cursos de acción que de ellos deriven.
No basta sólo con invitar a conversar, llegar a acuerdos y establecer compromisos, sino que también se deben definir los mecanismos de la toma de decisión y de seguimiento para los compromisos alcanzados.
Este no es un desafío menor, ya que el elitismo y hermetismo con que el Estado chileno ha operado en términos de definición de políticas públicas, principalmente vinculado a un ejercicio centrado en ciertos grupos y bajo un enfoque político-técnico, promoviendo escasos mecanismos para la deliberación pública y participación social ha sido preponderante, con mecanismos y estructuras que dejan fuera a la ciudadanía.
En este sentido, la situación actual de nuestro país enfrenta un desafío estructural no solo porque el sistema económico y político-institucional está siendo fuertemente cuestionado, sino porque los mecanismos llamados democráticos (principalmente la democracia representativa) ya no es suficiente para la ciudadanía y la canalización de sus demandas. Ha llegado el momento de redefinir el marco en que las decisiones respecto de los asuntos públicos se toman, además, de los contenidos de dichas decisiones. Si bien esto pasa por una revisión radical que lleva a la propia Constitución Política, no debe tener como respuesta las estructuras tradicionales que solo llevarán a la misma situación actual, sino que requiere un cambio en la concepción de la relación Estado-ciudadanía que pueda ser realmente democrática, definiendo estructuras participativas que vayan de lo local a lo nacional, y esto no significa sólo el fortalecimiento de los municipios, sino de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, que logre reconocer las diferencias internas de nuestro país tanto en términos de las necesidades y características diferenciadas de las distintas regiones como de la población en su conjunto.
Se requiere enfatizar en la concepción de lo público como un área de interés de todos los ciudadanos y ciudadanos, promoviendo que lo público no sea capturado por intereses particulares y/o sólo técnicos de grupos de élite o de las burocracias. Por lo tanto, y vinculado con lo anterior, es fundamental concebir lo público no sólo como monopolio del Estado, promoviendo la existencia y fortalecimiento de una agenda pública no estatal. Se deben fortalecer estructuras y mecanismos institucionales, pero no todo radica ahí, se debe por sobretodo fortalecer a la sociedad civil y sus organizaciones.
De este modo, consideramos que la sociedad civil es un espacio de múltiples tensiones y luchas culturales, así como de pugnas por una visión hegemónica de la sociedad y su devenir. Por ello, el fortalecimiento de sus organizaciones, la generación de espacios para canalizar los diversos intereses y propuestas, así como la integración de las mismas es aún un desafío pendiente y pertinente, así como potenciar la participación de diversos actores. En este escenario, los últimos movimientos sociales en Chile, que han hecho sentir su opinión en diversos temas de interés público están dando señales respecto a la necesidad de avanzar en esta perspectiva.
* Gloria Ochoa es antropóloga social, Magíster en Gestión y Políticas Públicas y Directora de Germina, conocimiento para la acción
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Foto: matt.hitnsa / Licencia CC
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