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OCDE, desigualdades y nueva constitución

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Este proceso que sólo se puede impulsar a través de la elaboración de una nueva constitución que sienta las bases de un nuevo pacto social con miras a un Chile inmerso en el siglo XXI, la cual no puede ser redactada entre cuatro paredes, sino que requiere el concurso de todos nosotros como ciudadanos, cuestión que debería darse a través de una asamblea constituyente.

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nos ha puesto a prueba y hemos sacado una nota deficiente, mejor dicho roja. Está claro, que para la OCDE somos de esos invitados que provocan sonroja y sus informes nos hacen sonrojarnos de vergüenza cada vez que se emiten.

¿Qué nos dice el informe? Que nuestro país tiene el nivel más alto de desigualdades por ingreso entre pobres y ricos; es el cuarto país (de los 34) que tiene mayor proporción de pobres: casi uno de cada cinco chilenos (sólo uno de cada diez es pobre entre los países de la OCDE); uno de cada cuatro chilenos señala que no pueden comprar suficiente alimentos (esto es el doble de la tasa media de la OCDE). Suma y sigue.

A nivel de gasto público, en materia de protección, nuestro país es el tercero con más baja inversión en la OCDE. Así, Chile destina sólo el 10,2% de su PIB, cuando la media de los países de la OCDE invierte el 21,9% y  para más remate, entre 2010 y el 2013, con un gobierno de derecha, el gasto público bajó en 0,9 puntos.

Sin embargo, nos enfrentamos a una paradoja. Nuestro país ha venido creciendo económicamente a tasas nada despreciables, aumentando también sus tasas de empleo, lo que en ningún caso ha permitido disminuir las desigualdades existentes. Al contrario, estas se han duplicado como se observa cuando se analiza la Casen longitudinalmente en estos últimos 24 años.

A esto se suma la extrema segregación escolar, donde a algunos se les enseñan cosas que a otros no se les enseñan y se quedan pateando piedras como dice una vieja canción de Los Prisioneros, o a la extrema segregación espacial/urbana que es otra forma de desigualdad que concentra/separa a pobres de ricos y que reflejan la concentración de la riqueza y el poder (estudios señalan que el 30% de la riqueza se concentra en 5 comunas del país). En fin, podríamos seguir sumando ejemplos.

Es claro hasta acá, que el paradigma del crecimiento por sí sólo no ha sido capaz de reducir la brecha entre pobres y ricos y de lograr una redistribución más equitativa. Entonces, sólo queda recurrir a la instalación de políticas sociales que ataquen el problema, lo que precisamente quiere hacer el nuevo gobierno encabezado por la Presidenta Bachelet.

Las actuales autoridades han señalado que las herramientas prioritarias para dar una solución de fondo al problema de la desigualdad son: reforma tributaria, reforma al sistema educacional y al mercado de trabajo.

La pregunta que surge es si son suficientes. Una crítica que se ha instalado a este tipo de iniciativas, particularmente en la discusión del bono marzo, es que éstas suponen la negación de la idea de derechos sociales universales/básicos (diputado Gabriel Boric y Benito Baranda), cuestión no menor que nos sitúa en una discusión de fondo, no negando la necesidad por ahora de este tipo de bonos.

La universalización de lo que podríamos llamar los derechos sociales supone que las prestaciones relacionadas con esos derechos, deberían estar garantizadas  para toda la población.

La única forma para que suceda esto, es que los derechos estén consagrados en la constitución, cuestión que no sucede con la que actualmente nos rige, heredera de la dictadura militar, y que si bien ha sido sometida a una serie de modificaciones (más de 100) aún mantiene su carácter autoritario y entrega al sector privado la educación, la salud pública y la previsión social, cuestiones que habían estado tradicionalmente en manos del Estado, lo que permite la generación de negocios y de riqueza para un número reducido de personas en esas áreas.

Esto ha llevado a situaciones dolorosas para miles de personas, con pensiones mínimas, accesos deficitarios a la salud aún cuando se pague, o al lucro en la educación, generando que unos pocos tengan buenos accesos frente a una gran mayoría que nos los tiene, lo que acrecienta y estructura desigualdades que son las que han sido puestas en tela de juicio por amplios sectores de la población, manifestándose principalmente en la calle a través de grandes manifestaciones sociales en estos últimos años, con reclamos de mayor justicia social y menor desigualdad.

Entonces, la pregunta de si las medidas propuestas son suficientes, al parecer no; son necesarias, pero no suficientes. Para superar las injusticias y construir una base que sostenga de forma estable el acceso universal a prestaciones, es necesario estructurar un nuevo pacto social –no un contrato, ya que el contrato supone desigualdades entre quienes los firman.

En cambio el pacto supone igualdad de condiciones- que cohesione a  nuestra sociedad; dado que precisamente estamos en presencia de una sociedad cada vez menos cohesionada y menos inclusiva.

La experiencia internacional desde la primera constitución que se preocupa de los derechos sociales, de la Alemania de Weimar (1919) donde se acuña el concepto de ‘constitucionalismo social’, hasta los modelos constitucionales de los países nórdicos (Suecia, Holanda, Noruega, Dinamarca e Islandia ) o el anglosajón (Reino Unido e Irlanda) o el modelo continental (Francia, Alemania, Bélgica, Austria) y por último el mediterráneo, (España, Italia, Portugal y Grecia), nos muestran que ocurrido al menos una de las siguientes situaciones: i) el individuo es incapaz de satisfacer por sí sólo, sus necesidades básicas; ii) emergencia de riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por las vías tradicionales o, iii) necesidad de que el Estado deba asumir la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar, se ve necesario asegurar derechos mínimos en seguridad social, ya sea a través de un modelo de acceso generalizado con altos impuestos (países nórdicos) o de menor asistencia social (modelo mediterráneo).

Si bien estos modelos están en discusión, dadas las actuales condiciones socioeconómicas que están atravesando estas naciones, no se pone en tela de juicio estos derechos consagrados constitucionalmente. Así se entiende que si el Estado no cumpliera con estas obligaciones, se pondría en duda su legitimidad.

A estas alturas, es fuerte el clamor de disminución de las desigualdades existentes, las cuales inicialmente deben pasar por medidas correctivas. Pero es claro que estas no son suficientes, y lo que tenemos que hacer como sociedad/país, es ponernos de acuerdo en los derechos mínimos necesarios y así enfrentar la exclusión y la pobreza, lo cual amerita una gran discusión donde todos participemos y podamos plasmar justamente esos idearios de país que queremos (justo, solidario, democrático entre otros).

Este proceso que sólo se puede impulsar a través de la elaboración de una nueva constitución que siente las bases de un nuevo pacto social con miras a un Chile inmerso en el siglo XXI, la cual no puede ser redactada entre cuatro paredes, sino que requiere el concurso de todos nosotros como ciudadanos, cuestión que debería darse a través de una asamblea constituyente.

Las constituciones plasman lo que nosotros queremos ser como sociedad y país, y  justamente lo que se demanda es un país nuevo, más democrático, justo, equitativo y solidario.

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Foto: JavierPsilocybin / Licencia CC 

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Comentarios

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jose-luis-silva

28 de marzo

Las desigualdades son por el crecimiento señor. Por ejemplo: Hace 20 años el que ganaba menos recibia 50 y el que ganaba más recibia 1 millon, ahora el que antes ganaba 50 llega a ganar 200 y el que ganaba 1 millon ahora llega a 2 millones. Claro, la diferencia entre 50 y 1 millon que habia antes es menos que la diferencia entre 200 y 2 milones que hay ahora. Pero en ese ejemplo el que ganaba menos cuadruplicó su sueldo y el que ganaba más solo lo dupico, ese crecimiento que tambien va eliminando la pobreza genera diferencia.

Los paises no se acercan al desarrollo cuando son capaces de distribuir su riqueza sino cuando son capaces de generarla.

La constitución le ha dado a Chile el período de mas estabilidad, gobernabilidad y prosperidad en toda su historia.

Ya verá el clamor por la igualdad cuanto dura al darse cuenta que la igualdad sólo se logra en la pobreza y bajo un sistema totalitario.

Saludos

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