En La Moneda comenzaron el miércoles 25 de marzo las audiencias ciudadanas del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. La primera fue en Santiago, continuando el viernes pasado en Valparaíso. Seguirán luego Concepción, Coquimbo, Temuco y Arica. Serán dos semanas de intensa recolección de antecedentes en diversas zonas del país.
Es probable que algunos la vean como una fiscalía y presenten ante los consejeros sus múltiples denuncias. Otros, quizás, planteen sus propuestas de cambio legal o institucional. Todo vale cuando se trata de avanzar en un tema tan esencial.La principal tarea del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción será entregar orientaciones para recuperar el sentido común sobre la ética de lo colectivo. Esa que extraviamos en algún recodo del camino.
En estos pocos días, han sido fundamentalmente organizaciones, dirigentes partidarios y organismos del Estado los que se han plantado ante una comisión sobre la cual se ciernen las esperanzas de iluminar el oscuro mundo en que se da la relación entre la política y el dinero. Más bien, entre los políticos y quienes acaparan el dinero. A estas alturas, no estamos para generalidades que dejan a todos contentos cuando las malas prácticas tienen nombres y apellidos.
El Decreto 2 de 2015 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que dio vida al consejo, fue claro en el mandato: “Proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para logar el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre éstos”.
El trabajo que realicen los 16 consejeros será muy importante para avanzar en un ámbito que desde la sociedad civil se viene planteando desde hace décadas y que no atañe solo a la política y el Estado: la mercantilización de gran parte de las relaciones sociales. Tanto así, que la rentabilidad económica –legítima o no, da lo mismo- se ha convertido en la medida de todas las cosas. Tal es, en el fondo, el problema subyacente cuando hablamos de regular la relación entre el dinero, la política y la función pública.
Es probable que muchos estemos de acuerdo con la última frase del párrafo anterior. Sin embargo, si lo restringimos solo a esos tres componentes quedaremos a medio camino del principal desafío de la comisión. Y este no es más que dar pautas en muchos otros ámbitos de la sociedad, no exclusivamente relacionados con la política y el Estado. También es necesario avanzar en regular la influencia que tiene el dinero en la provisión de bienes y servicios públicos que son fundamentales para que los ciudadanos se puedan desarrollar en dignidad. Aquellos que no pueden ser entregados exclusivamente a las reglas del mercado. Y menos aún a uno como el chileno donde prácticamente opera la ley del más fuerte. O la de la selva.
Personas que se han apropiado de cuencas completas especulando con el agua, medios de comunicación que coartan el derecho a la información de la ciudadanía porque sus propietarios tienen intereses en la cobertura de ciertas noticias y procesos de participación ambiental viciados por la cooptación de mineras, eléctricas y celulosas, son solo algunos de los ejemplos que dan cuenta de una realidad que es mucho más amplia que el solo financiamiento de la política. La ley del mercado a todo evento, el individualismo y el clientelismo son formas de un hacer cotidiano que ha socavado el sentido de lo público. El sentido de lo que entendemos por bien común.
Tal es la oportunidad que tiene hoy el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. No quedarse solo en el chaucheo de cómo le solucionamos a los políticos profesionales el problema en que hoy se encuentran y que, por tanto, tenemos como país. Su principal tarea será entregar orientaciones para recuperar el sentido común sobre la ética de lo colectivo. Esa que extraviamos en algún recodo del camino. Volver, de alguna forma, al día previo en que comenzamos a creer que todo aquel que se comporta decentemente es un ingenuo y que ser vivaracho es un valor. Uno fundamental para vivir en sociedad.
Comentarios
04 de abril
La corrupción no es sólo por la mercantilización y preeminencia del dinero en nuestras relaciones políticas Para mí hay un tema más complicado por resolver y que está relacionado con los contrapesos y equilibrios de poder al interior de una sociedad. Es común que en su desarrollo, las élites dominantes de cualquier signo, funcionen a la manera de ser portadoras de un mensaje mesiánico que tratan de imponer a través de su influencia social, económica, política y cultural. Su rol es muy relevante en cualquier comunidad y sus aportes han sido innegables en muchos ámbitos. Pero cuando estas élites funcionan sin contrapesos, se transforman en grupos de poder excluyentes y conservadoras del orden dominante. Se desbocan .Un ejemplo es nuestra élite económica chilena que ha hecho lo que ha querido en un sistema que ideológicamente les reserva la última y decisiva palabra.
En un plano similar, nuestro sistema político, no ha podido o no ha querido estimular y desarrollar una organización social fuerte que además de sus fines colectivos, sea capaz de controlar e influir en el accionar de los partidos políticos , a la manera de un contrapeso eficaz que influya en su relación con la élite política . No puede haber una democracia real si la gente común y corriente no está presente a través de sus organizaciones de base, Si no hay juntas de vecinos, sindicatos, centros de madres o cualquier tipo de organización ciudadana con algún grado importante de poder, entonces no hay poder ciudadano capaz de equilibrar y controlar a la élite política. .Y a mi juicio, en este desequilibrio escandaloso de poder entre la élite dirigente y la ciudadanía, está el origen de la corrupción que hoy vemos. Si la élite política funciona sin un contrapeso social, es lo mismo que no exista separación de poderes en una democracia republicana. Ciertamente éste es un momento para repensar nuestra política, abriendo espacios a comisiones y frases para el bronce republicano de aquellos que dicen sentirse llamados interiormente por una vocación incontrolable de servicio público, y que por esa sola razón, no abandonan sus cargos y pitutos desde hace ya algunas décadas. No toman en cuenta que también hay otros miles de chilenos que esforzadamente, incomprendidos muchas veces, y sin apoyos de ningún tipo, hacen actividad social y política en sus barrios , empresas y regiones Si existen no los ven , y si los ven , no existen Por eso creo que la lógica principal en la definición de una nueva relación entre el dinero y la política, no debiera ser sólo el financiamiento de los partidos políticos, cuyas maquinarias de influencia por lo demás ya están bastante bien aceitadas. Se debiera también legislar para financiar a las organizaciones ciudadanas sindicales, territoriales y funcionales, mejorando su infraestructura ,solventando su desarrollo y proponiendo acciones de control y vías de comunicación con sus representantes políticos. Nadie va a quitar el importante rol representativo que cumple la dirigencia política en nuestra democracia, pero sí debe restringirse la exclusividad formal del rol político de esta élite que termina por apropiarse muy fácilmente de proyectos sociales y de la memoria colectiva. Y lo hacen sin dar cuentas a nadie, con sueldos escandalosos autoregulados por ellos mismos y con accesos privilegiados a la información y relaciones con grupos económicos ,que han terminado por desenmascarar algo más profundo que la sola relación inmoral de dinero y política, sino también la profunda desigualdad de poder, entre la élite política dirigente y sus representados , que hace peligrar en primer lugar nuestra democracia, y también el más elemental respeto a la igualdad de derechos y deberes que siempre debe existir entre quienes detentan el poder y los ciudadanos
las organizaciones sociales territoriales, sindicales, funcionales , que contribuyeran efectivamente a democratizar nuestra sociedad
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06 de abril
Estoy de acuerdo la corrupción en Chile no es patrimonio de la clase política, es un problema más extendido como complejo.
Por ello creo esencial enfrentarlo desde todos los ángulos, el principal desde la ciudadanía que debe tener una participación protagónica en las respuestas y las soluciones.
No en vano la nula o poca participación en las decisiones del país, también tiene una responsabilidad en el ciudadano común que se acostumbró a aceptar la oferta política, de la misma forma como ha sido por mucho tiempo el de cualquier servicio o producto del mercado, ejemplo como era antes para afiliarse a una Isapre o una AFP que con regalos convencía o definía la decisión hasta del más escéptico.
Saludos buen artículo.
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