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Movilizaciones frente a un gobierno miope

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Existen muchas ocasiones en que la política se disocia del bienestar general, pero son pocas las que culminan en verdaderas crisis. ¿Qué lleva a la gente a pedir o exigir cambios sustantivos o radicales? La respuesta siempre es compleja y varía según el escenario, sino basta ver cómo se han desarrollado los movimientos sociales en Túnez, Egipto, Libia y otros países árabes. La predicción sobre estallidos sociales y revoluciones puede ser tan difícil como anticipar la proximidad del próximo terremoto. Simplemente ocurren y las explicaciones vienen después. Un ejemplo ya clásico fue la inesperada caída del muro de Berlín y el desplome soviético. En América Latina, en años recientes, sendos estallidos sociales echaron por tierra al gobierno de De la Rúa (que escapó en helicóptero desde La Casa Rosada) y de Sánchez de Lozada en Bolivia.
 
Sin embargo, hay tres elementos que me parecen están detrás de este tipo de procesos: La gente asume que le asiste la razón; que su causa comporta un sentido de justicia; y que haya una gran frustración subyacente. Las tres cosas constituyen formidables acicates y una combinación peligrosa cuando los gobiernos hacen abuso de la fuerza. 
 
No quiero decir con esto que, con las protestas por HidroAysén, esté ocurriendo una revolución ni mucho menos, pero es interesante constatar que el proceso crece, mientras la interpretación política se afirma en defender el megaproyecto y hacer oídos sordos. Las respuestas que se han planteado desde La Moneda van más allá del caso HidroAysén porque reflejan una conceptualización, una forma de interpretar la realidad que trasciende este caso particular: es la visión del oficialismo respecto al medioambiente y, sin duda, como se concibe la relación del Estado con las empresas. Por ello, esta movilización difiere del movimiento pingüino que enfrentó Michelle Bachelet. El gobierno de entonces encauzó el diálogo y fue receptivo a las demandas estableciendo compromisos e iniciativas de gobierno, algo muy opuesto a lo que plantea Piñera.
 
Lo primero es que el gobierno y los medios de comunicación insisten en catalogar que la oposición viene de “sectores ambientalistas”, algunos incluso los definen como ambientalistas fanáticos (como dijo Büchi en La Tercera). Es decir, las protestas y diversas acciones que se han emprendido por estos días están concertadas por gente que se opone a todo y, con ello, hipotecan las expectativas de desarrollo del país. Mucho de eso está en el discurso de Golborne. En definitiva: los que mueven el tema son unos desalmados que hay que reprimir, porque aquí no hay diálogo posible (es la visión de Hinzpeter). Esta tesis daría para pensar que más de medio Chile debería estar inscrito en alguna organización ambientalista.
 
Lo segundo, es que la institucionalidad, a lo menos desde el punto de vista gubernamental, no está en cuestión. El gobierno se resiste a poner en tabla la forma en que se dirimen los proyectos en circunstancias que los procedimientos han demostrado reiteradamente su parcialidad. La legitimación que se pretende dar a los emprendimientos empresariales a través de la política ambiental, ha terminado por quitarle toda credibilidad a dicha política. Más aún, la supuesta impronta regional que tiene el proceso es vista como un ardid para cubrir las decisiones que se toman en Santiago. La percepción no es errada y queda de manifiesto cuando el propio Presidente opta por evitar la construcción de la central Barrancones poniendo en tela de juicio lo obrado por las autoridades locales. Si la institucionalidad ambiental queda sujeta a decisiones arbitrarias, puede bajar el “Dios desde la máquina” a poner orden para favorecer a unos u otros, según el caso. Por cierto, cuando los otros son las empresas la intervención sería aparentemente más sutil. 
 
En tercer lugar, el nulo cuestionamiento que hace la élite, al menos desde la derecha, a la acción de las empresas. Para un país que tiene un largo listado de pasivos ambientales y sigue generando nuevos, es muy significativo que la visión pro empresa esté tan arraigada cuando ha habido casos que han causado conmoción pública. Lo ocurrido con Celco en el río Cruces fue muy indicativo que las normas ambientales no se cumplen cabalmente si éstas comprometen el cumplimiento de metas de producción. Por su parte, la crisis de la industria del salmón también reveló que el sector no respetaba normas ambientales básicas (distancia de las faenadoras de las jaulas de crianza, concentración de peces y otras), lo que favoreció la expansión del virus ISA. Pese a ello, el discurso del desarrollo sigue primando y justificando casi cualquier cosa. El propio Büchi sostiene, a propósito de HidroAysén, que “lo que tenemos acá es que, para poder desarrollarnos, hay ciertos efectos que hay que manejar. No es la empresa la que falla. La empresa es un actor que está intentando hacerlo lo mejor posible”. Estoy convencido que esta visión es ampliamente compartida en círculos oficialistas. 
 
Los argumentos contra HidroAysén son múltiples y ponen en cuestión alguno de los tres elementos descritos. Para algunos o la mayoría la motivación para protestar radica en su impacto ambiental y, con ello, la falta de fiscalización en esta materia; para otros es una manifestación de la escasa o nula consideración hacia las regiones; unos cuantos reclaman hastiados por los costos excesivos de la energía y los abusos de las empresas; también hay quienes sostienen que la decisión propende a conservar el virtual monopolio en el sector eléctrico por los próximos treinta años; por último, hay muchos que no sienten que este estilo de desarrollo sea el correcto ni el más adecuado a los tiempos. Probablemente, hay otras razones, pero el denominador común es que todas ellas son válidas, se asumen desde un sentido de justicia y manifiestan una gran frustración.   
 
El gobierno pareciera dispuesto a enfrentar los costos de estas movilizaciones y actuar desacreditando al movimiento social y sus demandas (con ideas como “si no es hidroelectricidad, ¿qué quieren?”), y amparándose en algo tan difuso como la razón de Estado. En medio de esta colisión de visiones y el malestar general, no es claro que La Moneda esté calibrando los alcances del fenómeno. Al parecer no se le dá demasiada proyección al reclamo generalizado y tampoco hay mayor interés en flexibilizar posiciones. En todo caso, tengo dudas que un diálogo consiga algo después de ver lo estéril de las conversaciones por el tema del precio del gas en Magallanes o la huelga de hambre que aún sostienen representantes mapuche. Así las cosas, el Presidente se apresta a tomar unas vacaciones en Francia la próxima semana y el Ministro de Energía, Laurence Golborne, ya está gozando de sus días libres en el buen clima de Miami. ¿No será mucha frivolidad o desinterés frente a todo lo que está pasando? ¿Un exceso de impronta cota mil en el Ejecutivo? En esa línea, es posible que el gran anuncio del 21 de Mayo sea el anuncio del traslado del gobierno y el gabinete a La Parva, así se libran de las lacrimógenas. Dá para pensar, ¿cierto?
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