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Movilización social y una nueva Constitución

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Los últimos meses hemos sido testigos de un creciente y masivo descontento popular frente a la desigualdad económica y social, y a la exclusión política, hoy existentes en el país. También hemos constatado, una vez más, la inefectividad de la  institucionalidad jurídico política vigente -sustentada en la Constitución Política de 1980 (CP)- para procesar y dar respuesta a las demandas ciudadanas y a la voluntad popular.

En efecto, a las movilizaciones de las organizaciones que se oponen, por sus graves impactos ambientales y sociales, a la construcción de HidroAysén, proyecto impuesto desde Santiago para alimentar a industrias extractivas ubicadas en el otro extremo del país, han seguido aquellas impulsadas por los estudiantes en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. Más recientemente los trabajadores del cobre han salido en defensa de sus derechos laborales y en reclamo ante el peligro de la privatización de CODELCO, la única empresa minera que aún nos pertenece a todos los chilenos.
 
Aunque no se trata de un fenómenos nuevo, puesto a que por años los propios estudiantes y trabajadores, los movimientos indígenas, las organizaciones sociales regionales, entre otras, han venido manifestándose en protesta frente a las injusticias del sistema y en demanda de sus derechos, existe consenso de que las movilizaciones recientes han sido las de mayor magnitud desde el término de la dictadura. Expresadas en multitudinarias marchas en las principales ciudades del país -mayoritariamente pacíficas y a pesar de ello reprimidas por carabineros-, en creativas manifestaciones culturales, y en ocupaciones de establecimientos educacionales y  asambleas, tales movilizaciones han concitado el respaldo de miles de chilenos y chilenas que se han sumado a ellas, solidarizando con estas reclamaciones en contra de la inequidad y el lucro descarado de unos pocos que han prevalecido ya por tanto tiempo en nuestro país.
 
La respuesta desde el gobierno no ha sido una sorpresa para nadie. Éste poco o nada ha retrocedido en sus políticas neoliberales, que buscan la expansión de la economía globalizada hasta los últimos rincones del país –como lo demuestra su respaldo a HidroAysén- o que incentivan el lucro en desmedro del acceso gratuito a la educación y cultura de las nuevas generaciones, como lo dejara en evidencia Piñera con su “Gran Acuerdo Nacional por la Educación”. Más aún, la crisis política generada por la incapacidad del manejo de los conflictos generados por la protesta social, ha sido abordada a través de un cambio de gabinete, el que se transforma en una nueva burla a la soberanía popular. Ello al recurrirse a parlamentarios electos por la ciudadanía, por segunda vez en un semestre, para llenar las carteras ministeriales, parlamentarios que a su vez han sido reemplazados – como lo hizo también la Concertación- por otros “designados” por sus partidos, reeditando de esta manera una institución nefasta que  se entendía superada.   
 
Algunos sectores presentes en el Parlamento parecen estar conscientes de que las movilizaciones sociales, en particular las estudiantiles, evidencian un agotamiento de los mecanismos existentes en la CP de 1980 para el procesamiento de las demandas sociales de equidad e inclusión, y que por lo mismo, se requiere de reformas urgentes.  Es así como en las últimas semanas surgió de un grupo de diputados una iniciativa que busca abrir la decisión de grandes temas como la regionalización, el uso de energías renovables no convencionales, la educación, entre otros, a consultas populares a través del mecanismo del plebiscito. Más audaz resulta la reciente iniciativa promovida por un grupo de diputados que constata las limitantes que la institucionalidad constitucional vigente pone a la participación política y social ciudadana, proponiendo una reforma constitucional que permita una reforma integral de la carta de 1980 mediante la conformación de una asamblea constituyente.
 
Es interesante ver como personalidades y sectores políticos hoy opositores que por años avalaron, y porque no decirlo, se beneficiaron de la institucionalidad constitucional vigente, han reconocido recientemente que la reforma sustantiva de la CP de 1980 es un requisito indispensable para la proyección democrática del país. Me refiero al ex Presidente Lagos, quien luego de las reformas del 2005 refrendó con su firma dicha carta, y que, hace poco, admitiera en su propuesta sobre Chile 2030 que está debe ser sustituida y que debemos “dotarnos de una nueva Constitución, una definida de manera democrática y en consulta con la ciudadanía”. Es el caso también del PS cuyo pleno ha reconocido, tardíamente por cierto, que la crisis institucional actual requiere de “un nuevo proyecto de país que rompa con la desigualdad y el centralismo, y que genere al menos un pacto tributario, la defensa real de los trabajadores, un nuevo modelo de desarrollo sustentable y una nueva Constitución, que deberá surgir de una Asamblea Constituyente”. De modo similar, los máximos personeros de la DC -aunque no proponen un proceso constituyente- hace poco sostuvieron que “la actual Constitución, a pesar de todas las reformas introducidas desde 1989, no tiene legitimidad suficiente, y que la crisis de la institucionalidad actual requiere de reformas constitucionales urgentes, entre otras materias, como término del sistema binominal y los quórums de súper mayoría para la reforma legal antes de que destruya el régimen democrático.”
 
Tales iniciativas y planteamientos son consecuencia directa de las movilizaciones sociales de los últimos meses, y en particular de aquellas impulsadas por los estudiantes. Lo relevante de esta última es que ha logrado hacer el cruce entre las demandas específicas relativas a la educación con la demanda mayor referida a la necesidad de generar una nueva institucionalidad democrática para Chile emanada de la voluntad popular. Consistente con ello, los estudiantes han llamado a un pacto social por la educación, así como a la generación de un plebiscito para dirimir las bases de una reforma educacional.
 
Todas estas iniciativas, como sabemos, se enfrentan a una CP que fue establecida en forma autoritaria para perpetuarse, y junto con ello, perpetuar la inequidad sustentada en la apropiación de los bienes comunes, así como la exclusión de amplios sectores de las instancias de participación política y toma de decisiones. En efecto, junto con establecerse en ella las bases jurídicas del orden económico neoliberal imperante, la CP de 1980 consagró dos instituciones esenciales para estos efectos; el sistema binominal y los quórum contramayoritarios. A través del primero sus autores se aseguraban que el Congreso Nacional estuviese compuesto por dos grandes coaliciones, excluyendo a las minorías de la posibilidad de tener representación en él, e impidiendo además las mayorías holgadas. A través de la segunda se aseguraba que los quórums requeridos para la reforma constitucional -3/5 como regla general o 2/3 del Congreso pleno para las disposiciones que tratan sobre las bases de la institucionalidad, los derechos y deberes, la reforma de la Constitución, entre otras, y 4/7 del mismo pleno para la reforma de las leyes orgánicas constitucionales-, nunca fuesen alcanzados. 
 
Es por ello que las reformas institucionales propuestas por los movimientos sociales se enfrentan a dilemas no menores. Ellas requerirán de una articulación sin precedentes de todos los actores sociales conscientes de la urgente necesidad de lograr un acuerdo en que se cimente una nueva democracia política, económica y social que ponga fin a las desigualdades y a las exclusiones generadas por la CP de 1980. Se requerirá para el logro de este objetivo, además de los estudiantes y trabajadores, del involucramiento de muchos otros sectores sociales que, como se señalara, por años han venido cuestionando los límites anti democráticos de la institucionalidad vigente. 
 
Es el caso de, entre otros, los pueblos indígenas, que desde hace más de una década vienen movilizándose en defensa de sus tierras y recursos naturales, alertando al país sobre las implicancias del modelo extractivo imperante; los movimientos regionales, que han cuestionado el centralismo endémico del país sin hasta ahora ser escuchados en su demanda de descentralización; las organizaciones de derechos humanos, que hemos venido llamando la atención sobre la impunidad existente frente a los crímenes de la dictadura, a la permanencia de una legalidad y política pública que concentra la riqueza y el poder político en unos pocos, discrimina por razones étnicas, de género y de orientación sexual, y que criminaliza la protesta social.  Por cierto deberán estar presentes, además, las organizaciones que desde hace algunos años han venido planteando la necesidad de una asamblea constituyente como mecanismo para la generación de un nuevo acuerdo político social del país, las que con su análisis y experiencia pueden realizar un aporte fundamental en esta tarea.
 
Solo en la medida en que se genere un gran acuerdo social entre estos movimientos se podrá avanzar en el desmantelamiento  de la institucionalidad heredada de la dictadura, y en la construcción de una nueva basada en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y las personas hoy negados.
 
Se requerirá en su momento también, por cierto, de una articulación con los sectores políticos progresistas que  hoy reconocen, aunque sea tardíamente, que ha llegado el momento de un nuevo pacto social para la generación de una nueva institucionalidad democrática. El rol de aquellos en este proceso no puede ser obviado, no solo por cuanto es indispensable sumar fuerzas para hacer posible los cambios anhelados, sino también por cuanto tienen un espacio en las instancias de toma de decisión actualmente negadas a quienes con su protesta han dejado en evidencia el agotamiento institucional. Dicho rol, sin embargo, deberá ser esclarecido prontamente de modo de evitar los protagonismos y exclusiones que han sido característicos en las luchas por la democratización del  país.
 
Ha llegado la hora. ¿Qué estamos esperando?
 
* José Aylwin es Co-Director del Observatorio Ciudadano y Vicepresidente de Acción AG
 
Nota de elquintopoder.cl: Si estás de acuerdo con la idea de una nueva constitución, te invitamos a adherir y firmar esta carta. Si eres parte de una organización social que desea adherir institucionalmente, pueden hacerlo en esta carta.
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Comentarios

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06 de agosto

Concuerdo con José. Mas, creo que la urgencia de las demandas actuales ADEMÁS requiere la implementación de reformas legales y constitucionales, paralelamente a que llamemos al constituyente. Principalmente por la celeridad de los procesos y la urgencia de las demandas.
Tal vez a hace él hacía referencia cuando menciona la corrdinación social necesaria para llevar a buen puerto este cuadro de acción, pero quería hacerle énfasis por dos cosas:
1. No podemos salvar todos nuestros problemas socio-políticos impuestos por los precursores del modelo imperante sin las instituciones. Por mucho que nos cueste creerles aún, son necesarias para que los pasos a dar estén cubiertos de legitimidad democrática.
2. El congreso hace unos días envió una invitación a los actores sociales para llevar una agenda junto al ejecutivo y el legislativo, y a nadie le ha importado. Si no es ahí (instancia “democrática” útlimamente dedocrática), dónde?
La coordinación social y política, de todos los actores es necesaria. Si finalmente, de todos modos tendremos la opción de castigarlos con nuestro voto en las parlamentarias.
Muy buen posteo José.

06 de agosto

Matías, no me parece que es posible castigar con el voto… Con el voto sólo escoges a un personaje y no importando cuál haya sido el escogido, desde aquí hacia atrás, nunca se ha tenido un parlamentario o senador que se la haya jugado por reformar todo lo que se debe cambiar, por lo tanto, no importa qué candidato será electo, sino el poder que tenga el pueblo en un sistema democrático obviamente distinto al que tenemos…

kgjfdl

06 de agosto

Cambio todo aquello por una simple obra nacional, una Cámara Ciudadana Digital, en la que el pueblo tenga representantes directos en el Congreso y en el Senado y participen las universidades estatales, además de todas las organizaciones que lo deseen, junto a algunas de Gobierno y los partidos políticos…

Sin esa institucionalidad, sin esa herramienta para ejercer la democracia, nuestras aspiraciones no serán satisfechas, ya que la diferencia entre lo que he leído en el post y una Cámara Ciudadana Digital es que esta última permitiría hacer todo lo que contempla el post y mucho más que ello…

De hecho, solicitar una Nueva Constitución es algo que implementar tomaría bastante tiempo y como contrapartida en la Cámara Ciudadana se podría trabajar paralelamente en torno a muchos otros temas, al mismo tiempo que se hace en la nueva Constitución por capítulos…

jklklklkljkl

gabmarin

06 de agosto

Te leo con frecuencia en distintas columnas en este sitio hablar de esa Cámara Ciudadana Digital. Dos comentarios:

1. ¿Cómo resuelves la participación de la mitad de la población de Chile, la que no tiene acceso a Internet?
2. Respecto de lo que comentas a la columna de José, creo que confundes el método con el fin.

06 de agosto

Hola Gabriela…

No me queda claro tu comentario acerca de confundir el método con el fin. Ojalá lo pudieses aclarar…

En relación al punto 1., se suele decir que internet es un medio que penetra cada día más hogares de nuestra sociedad, por lo tanto, dado ese dato, la participación sería incremental…

Aparte de ello, que participe la mitad de la nación es mejor que no participe el 100% de ella, ¿no te parece?…

Sin embargo, creo que el punto se resuelve utilizando centros de acceso a internet en un cyber y eventualmente habilitando medios para recibir la participación ciudadana en un centro adecuado, en donde la opinión respecto de algún tema o propuesta sea digitalizada por algún operador…

Se entiende que habrían casos muy diversos que habría que resolver en la práctica, pero, lo importante es que siempre que hay un inconveniente o insuficiencia, de alguna forma se puede suplir, pero, sobre todo ello debe estar la herramienta, además de la voluntad para pedirla y legislar acerca de ella.

Las opiniones por regiones y comunas podrían ser excelentes formas de tratar temas particulares y los que fueran de orden nacional tal vez se podrían divulgar en un espacio pequeño de tiempo en el noticiario de TVN, lo que imagino que le daría cierto interés a la población por saber qué temas se están tratando. Igualmente se podrían publicar resúmenes en algunos diarios y las radios locales podrían ser un gran aporte divulgando los temas de interés para la comunidad, conversándolos con ello y quizá tomando nota de algunos de sus comentarios…

A pesar de todo ello, si crees que una Cámara Ciudadana Digital no sería una solución englobadora a todo lo que se aspira en cuanto a política, economía, democracia y desarrollo, entre otros temas, y crees que una nueva Constitución sería más importante que la Cámara Ciudadana, dime, ¿cómo generarías una nueva Constitución sin la participación ciudadana?…

Si la generasen unas pocas personas, seguramente las de alguna cúpula, ¿por qué no habría de ser mejor crear esa nueva Constitución en una Cámara Ciudadana con la participación de la mitad del país?…

lkjfds

08 de agosto

Me parece fundamental lo que presenta el columnista. Es necesario reconocer ttras estas actuales protestas los ecos de una necesidad: Una reforma estructural del sistema social, político y económico. Una de las medidas más necesarias es justamente una nueva constitución.

http://deshileanguei.over-blog.org/

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