Ministerio de Desarrollo Social: ¿Qué presupuesto requiere?

---

Las transferencias y bonos se ordenan con un sistema de cálculo tan sofisticado, que los más pobres entre los más pobres recibirán montos diferenciados: así los pobres no se unirán; se concentrarán en discutir cifras, unos contra otros. Mientras, casi se duplicará la dotación de personal a cargo de esta disputa.

Estamos a punto de la discusión presupuestaria, cruzada por el creciente desprestigio de sus autoridades producto del mal manejo de los resultados de la última encuesta CASEN, con un ministro que pretende minimizar la torpeza de sus pasos, y una División Jurídica que ha expuesto a sucesivas derrotas legales a la autoridad, sumado a los evidentes riesgos que, como nunca antes en estas fechas, mantienen el cumplimiento de los instrumentos de gestión supervisados por la DIPRES bajo el signo de la incertidumbre. El Ministerio de Desarrollo Social, nuestro Ministerio, termina de ajustar el presupuesto 2013 y, en esa ingeniería de 4 paredes, prepara las formulas de su producto estrella: el mal llamado Ingreso Ético Familiar, hoy ley N° 20.595; iniciativa que de un modo inexpugnable establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea, de la costilla del subsidio al empleo joven, el subsidio al empleo de la mujer.

En las entrañas de esta ley se anida una cuestión fundacional, que, además de ordenar -con una econometría intrincada y a ratos críptica-, bonos y subsidios monetarios, cambia el enfoque de protección social que se venía construyendo desde una perspectiva de derechos garantizados a una lógica que apuesta a modificar conductas a partir de incentivos monetarios. Una lógica dirigida a los más pobres entre los pobres, como si la pobreza fuera por sobre todo una cuestión de actitud y no un problema estructural, perpetuado por la preeminencia de un modelo económico que prolonga las inequidades y desigualdades, más allá del esfuerzo personal.

Hoy no es el tiempo para abordar el fondo de esta ley, curiosamente aprobada sin reparos significativos por parlamentarios de todas las bancadas, muchos de los cuales probablemente no sabrían ni siquiera descifrar el artículo primero. Para qué pensar en pedirles que nos expliquen el único reglamento que, a la fecha, ha visto la luz de los tantos que la ley dejó en manos de onerosos asesores de este ministerio.

En fin, por ahora nos preocupa otra cuestión que parece venirse como un Caballo de Troya y que inquieta a las regiones como al centro; en todas partes se anuncia la llegada de nuevos funcionarios, por sobre los que ya se contrataron para la asignación social -preámbulo de esta política anunciada-y no son pocos, algunas cifras proyectan incluso una duplicación de la actual dotación del Ministerio y, con ello, el arriendo o acondicionamiento de espacios de trabajo, compra de mobiliario, equipamiento, etcétera. Un ejército de técnicos y profesionales que a partir del 2013 se instalarían en los territorios.

¿Cuáles son sus funciones específicas? ¿Cuál será su calidad contractual? ¿Su dependencia definitiva? ¿El rango de sus remuneraciones? Nada de aquello está claro, o al menos nada se nos ha aclarado, ante las consultas legítimas que le hemos planteado a la autoridad. Sospechamos que este crecimiento de la dotación será por la vía de los honorarios, con lo que se continuará contribuyendo a precarizar el empleo público.

Tampoco sabemos del estado de los distintos reglamentos que le darán operatividad y normarán la implementación de esta ley. Apenas hace unas semanas nos hemos enterado de la publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº30 el día 29 de septiembre, decreto que regula las materias vinculadas a las transferencias monetarias y el bono de protección. Dicho reglamento, el único conocido a la fecha, ni siquiera había sido puesto en la página de transparencia del ministerio.

Curioso es, entonces, que las autoridades se dispongan a gestionar los recursos para la implementación de la ley ante el Congreso Nacional y que otras materias sujetas a reglamentación no cuenten a la fecha con los decretos respectivos, o a lo menos no sean de conocimiento público.

Ante tanta desinformación no queremos vernos sorprendidos nuevamente, como ya ocurrió con el decreto que fijó la dotación del Ministerio. Por ello asumimos un estado de alerta y de denuncia, a partir del cual generaremos todas las redes necesarias con el mundo parlamentario y observaremos en lo sucesivo cómo se desarrollan los procesos de contratación, los que por mandato de la propia ley debieran ser mediante concurso público y regulados por un reglamento que aún esperamos y que el Congreso debiera a estas alturas conocer antes de aprobar partidas presupuestarias relativas a personal.

—–

Foto: R. Dinali / Licencia CC