En 1869, Manuel Antonio Matta criticaba la opinión dominante: “Como prueba de las mayores inconsecuencias que he oído en esta Cámara, se sostiene por parte del Gabinete, que respecto de la guerra de Arauco no rije el derecho de jentes, i que esto autoriza a tratar a los araucanos de un modo cruel e inhumano”. Y luego agregaba: “respecto de esa pretendida ocupación de la Araucanía, veríamos, descartando todo lo que eso tiene de ridículo i pequeño, que lo que hemos hecho es más que suficiente para que se nos califique de bárbaros e ignorantes. I tan cierto es esto que en los mismos planes de las expediciones que se han hecho estaba prescrito el asesinato, el robo i el incendio”.
El recrudecimiento de actos de violencia en la Araucanía denotan que reducir el “conflicto mapuche” a mero problema terrorista, que se soluciona con fuerte (co)acción, es una estrategia deficiente y contraproducente, al no considerar la complejidad del asunto.
Mi propósito no es discutir la hegemonía estatal a la hora de proponer soluciones, sino plantear una reflexión amplia desde un punto de vista libertario.
Entre las demandas mapuches, están el derecho a la autodeterminación, autonomía jurisdiccional en relación al Estado chileno, respeto de tratados previos, y “reparación” por parte del Estado. Dos argumentos principales se esgrimen para negar tales reclamos: que eran simples tribus dispersas sin organización (sin ley), y no trabajaban la tierra. Bajo un concepto hobbesiano, se plantea que no eran dueños de la tierra pues no estaban conformados como Estado, carecían de gobierno con soberanía territorial, y nadie ejercía derechos de propiedad individuales.
Pero, como dice Robert LeFevre en su obra “La propiedad de la tierra” (capítulo 8): “La acusación de que la propiedad privada del suelo no podría existir salvo con protección del gobierno no se sostiene a la luz de la evidencia. El papel del gobierno con respecto a la tierra ha sido más bien agresivo que protector”.
Que el derecho de propiedad (individual o colectiva) dependa de mandatos del Estado genera dilemas. Porque, ¿cómo podríamos rechazar que ese Estado suprima o no reconozca tal derecho, mediante fraude y coacción?
Bastiat decía: “la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez”. Presumir que sin Estado no hay derecho de propiedad, es aceptar que el Leviatán lo crea, obviando la espontánea interacción desde donde surgen instituciones que permiten el libre intercambio, como el trueque.
Entonces, ¿es válido que el Estado ejerza coacción sobre la tribu Kayapó, sólo por no estar organizados estatalmente? ¿No es acaso eso una forma de servidumbre involuntaria? La respuesta sería sí, sólo si -como dice Rothbard- alguien acepta que un sujeto A puede ser dueño de un sujeto B. Lo que sería aceptar la esclavitud.
Los mapuches no tenían gobierno centralizado, pero sí sus ágoras, que llamaban “Koyang”. A través de éstos hicieron 28 tratados con la corona española, estableciendo límites y mutua independencia. Con el mismo mecanismo hubo 14 parlamentos con el Estado chileno, el último en 1872.
En 1819, O’Higgins reconocía la autonomía mapuche: “Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia”, según cita Carlos Contreras Painemal en su tesis de doctorado “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina” (Freien Universität Berlin).
Los mapuches tenían conciencia de dicha independencia. En 1881, cuarenta caciques envían carta al ministro Recabarren: “¿Con que permiso quiere meterse aquí? ¿Cuál de los caciques le ha dado permiso? Me parece que nadie le ha dado permiso” (cita de Carlos Contreras Painemal).
Por otro lado, es dudoso que sin alguna forma de producción (sin transformar el entorno), un pueblo sobreviva. La cláusula lockeana no restringe el concepto de trabajo sólo al industrial o de gran escala. La supuesta falta de trabajo sobre la tierra, se liga con la noción de progreso y la idea (hegeliana) del Estado como fase ética superior. Bajo ese esquema, los mapuches son considerados atrasados por no producir industrialmente, y carentes de toda clase de derechos, por no tener Estado.
El Mercurio en 1859, en concordancia con dicha concepción, decía que: “no eran más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”, tal como cita Fabián Almonacid Z en su artículo en la revista Historia (N° 42, enero-junio 2009).
No es raro entonces que el 4 de diciembre de 1866 “el carácter principalmente ganadero y comerciante del pueblo mapuche quedaba fuera de las consideraciones de la ley” (citado por Fabián Almonacid Z). Por tanto, que los territorios mapuches fueran declarados por el Estado chileno como baldíos.
En 1869, Manuel Antonio Matta criticaba la opinión dominante: “Como prueba de las mayores inconsecuencias que he oído en esta Cámara, se sostiene por parte del Gabinete, que respecto de la guerra de Arauco no rije el derecho de jentes, i que esto autoriza a tratar a los araucanos de un modo cruel e inhumano”. Y luego agregaba: “respecto de esa pretendida ocupación de la Araucanía, veríamos, descartando todo lo que eso tiene de ridículo i pequeño, que lo que hemos hecho es más que suficiente para que se nos califique de bárbaros e ignorantes. I tan cierto es esto que en los mismos planes de las expediciones que se han hecho estaba prescrito el asesinato, el robo i el incendio” (ambas citas de Matta se pueden leer en la tesis de doctorado de Carlos Contreras Painemal).
¿Tiene el Estado o quienes se organizan en torno a éste, el derecho de determinar qué pueblo es bárbaro o civilizado, para luego coaccionarlo y someterlo en base a aquello?
Desde un punto de vista libertario, no. En este punto podemos hablar de rectificación. No por los siglos de los siglos, sino desde que el Estado como monopolio de la fuerza y como entidad regida por derecho, se apropia de territorios que no le pertenecían. Esa es la discusión que debemos tener.
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Foto: postaletrice / Licencia CC
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