Los sistemas bipartidistas – Estados Unidos, España, Chile – generan altas dosis de estabilidad. No obstante, la experiencia reciente de estos países sugiere que una protección demasiado celosa del status quo puede devenir en inmovilidad política.
Dos años atrás, en medio de una espectacular campaña presidencial, Obama prometió – entre otras medidas – terminar las exenciones tributarias que el gobierno de Bush había otorgado a la clase alta norteamericana. “Yes, we can”, señaló.
Pero no pudo.
Este mes el congreso ratificó el proyecto de ley que la Casa Blanca acordó con los republicanos, según el cual las rebajas impositivas a los más ricos permanecerán por otros dos años. La votación del proyecto de ley es ilustrativa: mientras los republicanos votaron mayoritariamente por el acuerdo, los demócratas se dividieron y finalmente la mitad más liberal del partido votó en contra de la proposición del presidente.
Días más tarde, los republicanos levantaban el bloqueo para retirar la ley de “Don’t Ask, don’t tell” – aceptación explícita de homosexuales en las fuerzas armadas –, pero vetaron a su vez el “Dream Act” – que ofrecía un primer camino para la legalidad de los inmigrantes traídos de niños a los EEUU –, con lo que la agenda demócrata en inmigración terminaba sufriendo un serio traspié.
¿Por qué el Partido Republicano decide cuál materia se legisla y cuál no?
La respuesta es un curioso mecanismo que impone una regla de supermayoría para el trámite legislativo. El recurso de piratería o “filibustering” permite a cualquier Senador bloquear una ley, obligando a sus oponentes a convocar a 60 de los 100 senadores para revocar la objeción del pirata. El mecanismo original suponía su uso sólo en situaciones calificadas, pero en las últimas décadas se ha convertido en una herramienta usual para ambos partidos. Obama comenzó su mandato con una supermayoría exacta de 60 sobre 100 senadores, luego pasó a 59 con la derrota en Massachussets, y finalmente logró mantener la mayoría simple en las elecciones de Noviembre. Pero 50 + 1 no es suficiente contra los piratas, y la Casa Blanca deberá buscar otra forma de gobernar.
La solución a esta encrucijada es el gobierno consensuado entre los dos partidos. Pero, ¿pueden Obama y Bush gobernar al mismo tiempo?
El Partido Republicano no parece ser una coalición que privilegie el consenso. Una creciente mayoría dentro del partido se define como Conservadores no moderados, y más de la mitad de sus adeptos prefieren que el partido tenga una posición firme y no negocie (menos de un tercio de los demócratas creen lo mismo). Los sectores extremos dentro del Partido Republicano, como el Tea Party, han aumentado su influencia sobre los líderes y los medios – vía Murdoch ‘s Fox –, a diferencia de los sectores liberales de los demócratas, como el Move On, que tienen escasa injerencia sobre la Casa Blanca. Los republicanos se han opuesto de manera unánime a todas las reformas claves de Obama. Las declaraciones, en Noviembre, del recién electo líder republicano para la Cámara de Representantes John Boehner son elocuentes en este sentido: “haremos todo – es decir, todo lo que podamos hacer – para entorpecer, frenar y matar la agenda de Obama”.
Y es con Boehner, justamente, con quién Obama debe consensuar su agenda.
El problema del bipartidismo es que típicamente no existen los consensos básicos que permitan llegar a acuerdos. Consideremos el fracaso reciente de la Comisión sobre la crisis financiera. Al final de dicha instancia, los miembros republicanos exigieron que los términos como “shadow banking”, “deregulation” o “Wall Street” fueran eliminados del diagnóstico. Para ellos, la explicación de la crisis es muy distinta. El gobierno, vía Fannie y Freddie, forzó los préstamos hacia sectores de bajos ingresos, lo cual creó la burbuja; el único error de Wall Street y los privados habría sido dejarse arrastrar por la burbuja gubernamental. ¿Qué solución a la crisis puede acordarse, entonces, entre quienes ni siquiera coinciden en el diagnóstico?
Una regla de supermayoría como la que opera en EEUU exige un nivel de consenso extremo y artificial. Retrotrae la discusión democrática al siglo dieciocho, cuando se pensaba que existía un Bien Común al que se llegaría por consenso. Una idea más moderna de democracia no supone la unanimidad de las ideas, sino más bien la presencia de un conflicto el cuál se canaliza de manera institucional.
El gobierno de Obama vuelve a mostrar como el derecho de la minoría a no ser avasallada puede oponerse y anular el derecho de la mayoría a gobernar.
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