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Los principios tras la solicitud de expulsión de Fernández del PPD

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No soy abogado.

Tampoco soy portador del prestigio de José Zalaquett (lo digo en serio) en la defensa de los derechos humanos. Sólo soy un ciudadano periodista que habita el territorio que pretende intervenir HidroAysén… y Energía Austral, y Mediterráneo, y Pachingo, y AES Gener, y Sur Electricidad y Energía, por nombrar algunas de las eléctricas que hoy quieren echarse al bolsillo Aysén.

En concreto, no provengo del derecho. Lo mío (lo nuestro, en realidad) es la validez de los afectados (para bien o para mal) por las decisiones que se adoptan, en este caso, a miles de kilómetros de distancia.

Esta legitimidad es impulso para escudriñar los argumentos de José Zalaquett en contra de la solicitud de varios militantes de revisar la situación de Daniel Fernández en el PPD, producto de su rol en HidroAysén. En una materia sobre ética política, es sintomático que La Tercera entreviste en exclusiva al jurista a sólo días de escucharse a los testigos. Mientras el medio no dé espacio a la contraparte, esto será simple, barato (aunque quizás ni tanto) y poco pulcro lobby.

En su fundamentación José Zalaquett mezcla temas del derecho político y de la política pública con opiniones personales. Extraño, considerando que uno esperaría que se centrara en la legitimidad o no de sancionar a un militante por trabajar en un proyecto cualquiera.

Y porque tal es el quid, lo primero a dilucidar si HidroAysén es un proyecto cualquiera. Mi parecer es que no.

No sólo por ser para los chilenos la iniciativa símbolo de lo que no queremos como país (concentra poder económico, depreda patrimonio de todos como es la Patagonia, lucra con bienes nacionales de uso público, etcétera). Ni por el rechazo visible todos los días en el metro, los aeropuertos, las calles, los parabrisas, twitter, facebook, o en los posteos a noticias nacidas del cabildeo pro Endesa y Colbún.

HidroAysén no es homologable a levantar una población en Coyhaique, instalar un puesto de mote con huesillos en el Parque Forestal o construir una nueva plazoleta en Iquique. Su destino definirá las políticas públicas energéticas de las próximas décadas. Definirá si diversificamos el sector eléctrico en fuentes y actores, y si redistribuimos la riqueza (hoy extrema y concentrada) de la energía. Involucra justicia ambiental, y equidad social y económica para todos los chilenos. Es, en corto, un tema de política pública.

Veamos.

Como siempre, la encuesta CEP de junio-julio abordó el manejo del gobierno en tópicos genéricos, los que expertos y políticos llaman “temas país”: delincuencia, pobreza, educación, medio ambiente, inflación, salud, transporte público, reconstrucción, empleo y economía. Todas materias de Estado, esenciales. ¿Y qué otra consulta consignó el oráculo de la clase política? El “manejo del gobierno en el conflicto por HidroAysén”, ungiendo a nivel de “política pública” un proyecto específico. Bonus track fueron las repuestas: “Mal o muy mal” un 51 % (sólo superado por “educación” y “pobreza”), “regular” un 29 %, y “bien o muy bien” sólo un 11 %.

Más aún, la trascendencia de HidroAysén quedó refrendada en el discurso del 21 de mayo cuando el Presidente anunció la carretera eléctrica -para aplacar las manifestaciones en rechazo a la aprobación del proyecto- que trajo como consecuencia el posterior llamado a reformular todo el sistema eléctrico nacional.

Al igual que en otras actividades (desempeñarse en una clínica abortista en EEUU y militar en la UDI, ser ejecutivo de una tabacalera y adherir al Partido Ecologista o presidir la Sofofa siendo comunista) esta iniciativa involucra una mirada de sociedad, una mirada política al fin y al cabo. Más aún en el caso de Fernández, quien no es estafeta sino su vicepresidente ejecutivo. Agreguemos la campaña del terror energético que puso en práctica y su ofensiva de desprestigio de la sociedad civil, para ver que sus prácticas no se condicen con lo que el PPD aspira a representar. Infligiendo de paso un elevado daño a la institución en uno de los principales activos de cualquier partido: la confianza pública.

Aclarado tal punto, ¿por qué el PPD debiera inmiscuirse en esta materia? Precisamente porque la colectividad, bajo la presidencia de Carolina Tohá, aprobó un voto político donde se reafirma la decisión del Consejo Nacional (máxima instancia partidaria) “contrario a la realización del Proyecto HidroAysén… que apoyemos un cambio profundo en la estrategia energética del país y una política de gobierno que evite el avance de dicho proyecto”.

Si el PPD se ha impuesto tales directrices ¿no corresponde a todos sus militantes actuar en consecuencia? ¿Podría alguien ser militante de un partido de oposición y trabajar como ministro de Piñera? ¿O al revés?

Pero hay más. El origen del proyecto, con derechos de agua entregados durante los últimos días de la Dictadura (la recién privatizada Endesa de Yurazseck los obtuvo entre enero y marzo del 90), presenta vicios de ilegitimidad. ¿Ver una película pirata o negociar con artículos robados me hacen corresponsable del delito original? En política, donde lo que valen son los principios y no sólo la ley, sí.

Los argumentos de Zalaquett no me cuadran. Tampoco eso de pintar la acción como una injusta caza de brujas en contra de un simple obrero de la energía, quien no habría tenido otra opción que trabajar en HidroAysén para sustentar a su familia.

Y menos me encaja que en la extensa entrevista recurra a los argumentos de Endesa y Colbún (lo de inundar menos del 0,2 % del territorio patagónico o que todo tipo de energía necesita torres) para minimizar la oposición. O que saque supuestas encuestas que dirían que el rechazo bajó a menos del 50 % (sería bueno ver la fuente), invalidando de paso la opinión ciudadana por “emocional”. Porque esto son sus opiniones personales (en las cuales concuerda con su “cliente”), no las de un jurista que defiende principios. Más loable habría sido un Zalaquett en contra de HidroAysén defendiendo a Fernández.

En lo que sí concuerdo con el abogado es en que algo está variando. Que hay vientos de cambio que sacudirán el quehacer y la comprensión de la política. Y una de esas transformaciones, precisamente, es que se requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que no es válido pedir votos con la mano del progresismo pero cobrar con la del neoliberalismo. Que basta ya de la esquizofrenia ésa de que en política una cosa son los principios otra la pega. Hoy por hoy, coherencia y consistencia son activos que vienen en alza.

Lo dice un simple habitante de Aysén.

***

Foto: Give Peace Spending a Chance – Truthout.orgLicencia CC

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Comentarios

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09 de febrero

Estimado Patricio:
Concuerdo plenamente con tu análisis. Los problemas del PPD y de la Concertación no son sólo políticos, son éticos. Como militante PPD /en proceso de revisión), estoy esperando ver que pasa con el Alcalde de Hualpén y su red. La justicia ya dijo su palabra.

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