Las grandes corporaciones transnacionales utilizan estos paraísos fiscales con una legislación offshore que ofrecen amplias garantías al llamado secreto comercial para evadir y/o eludir el pago de tributos. En este grupo encontramos también varias empresas chilenas que tienen filiales o empresas relacionadas en estos paraísos fiscales para minimizar el pago de impuestos.
La revelación de que Laurence Golborne tiene una compañía (Sunford Management Corp) en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas nos obliga a reflexionar sobre la obligación que tienen los ciudadanos a contribuir al pago de impuestos para financiar los gastos y bienes públicos del Estado de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad.
Los paraísos fiscales son cada vez más numerosos. Según la OCDE existen 30 países o territorios que tienen una nula transparencia pública -al tener disposiciones legales, reglamentarias o prácticas administrativas que impiden el intercambio de información con otros países- en relación a contribuyentes que se beneficien de las ventajas fiscales que obtienen (incluida en la lista está las Islas Vírgenes Británicas). Además existen otros países o territorios (alrededor de 90) catalogados como de “baja o nula tributación”.
En esos “centros financieros offshores” se cuenta con un complejo entramado económico y legal para evadir el pago de impuestos de parte de sociedades, fideicomisos o un trust. Está ampliamente documentado que estos lugares son usados para reducir el pago de impuestos sin incurrir en un delito de evasión fiscal, o sea, un lugar para pagar menos impuestos de manera legal. Además son utilizados para el lavado de activos, ya que exigen poca información sobre quién está detrás de las empresas que se registran en esas islas o territorios. La OCDE se ha manifestado preocupada por la opacidad y secretismo como se desenvuelven las actividades bancarias en esos paraísos, muchas de ellas con conexiones a delitos de fraude, el blanqueo de capitales e incluso el terrorismo. Al tener estos centros financieros un secreto bancario reforzado, asegura un alto nivel de anonimato en sus cuentas a las empresas.
Los países miembros de la OCDE, en una reciente reunión efectuada en Washington, acordaron tomar medidas para identificar a los evasores y elusores de impuesto dentro y fuera de sus fronteras. Para tal efecto se pondrá en marcha un nuevo sistema para intercambiar información bancaria y acabar con los paraísos fiscales, por tanto aumentarán la presión sobre estos últimos para que levanten el secreto bancario, proceso que hará más difícil ocultar dinero en el extranjero a todo tipo de sociedades.
Todo indica que la presión por imponer mayores estándares de transparencia a los paraísos fiscales aumentará por parte de EE.UU. y la Unión Europea, obligados por la situación financiera delicada en que se encuentran (necesitan desesperadamente aumentar la recaudación de impuestos), por tanto es una medida necesaria para confrontar a los evasores de impuestos de sus respectivos países
Las grandes corporaciones transnacionales utilizan estos paraísos fiscales con una legislación offshore que ofrecen amplias garantías al llamado secreto comercial para evadir y/o eludir el pago de tributos. En este grupo encontramos también varias empresas chilenas que tienen filiales o empresas relacionadas en estos paraísos fiscales para minimizar el pago de impuestos. En un reportaje de vespertino “La Segunda” del 1 de septiembre 2012 se menciona que existen 54 filiales o relacionadas de las empresas listadas en el Ipsa ubicadas en esos países o territorios. Entre ellas, se citan Coca-Cola Embonor, ligada a la familia Vicuña; Copec Investments Ltd, del grupo Angelini; Atacama Finance y Energex, de Enersis y su controladora Endesa; Energy Trade and Finance Corporation, Gener Blue Water Islas Caimán y Genergia Power Ltd, de Gener; CCU Cayman Limited, CCU Investments Limited (Caimán) , Saint Joseph Investments Limited, South Investments Limited, Southern Breweries Establishment (Liechtenstein) del grupo Luksic. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), que cuenta con tres filiales en Islas Caimán y otra en Guersey; Vapores (CSV) que opera seis empresas en paraísos fiscales. También se hace referencia a Falabella, Recalcine , Sigdo Koppers, la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), Lan, Soquimich y otras.
Lo que buscan estas corporaciones y personas naturales al establecer estas sociedades offshore es evitar, sin caer en un “ilícito”, cumplir las disposiciones fiscales que obligan a pagar tributos en sus países de origen, disminuyendo al máximo las contribuciones, que en el caso de no apelar a esa estrategia, deberían pagar. El objetivo es no incurrir en una situación jurídica que suponga una sentencia sancionadora por parte de la autoridad respectiva en los países de origen de dichas sociedades o empresas. Aunque esta estrategia puede ser calificada de legal y no es sancionable, puede ser considerada socialmente reprochable.
No es ético que las grandes empresas y los individuos acaudalados eludan su obligación de contribuir a la sociedad a través de los impuestos, puesto que al actuar de esa manera están trasladando la carga fiscal hacia los ciudadanos corrientes y a los pequeños negocios, causando además menores ingresos al erario nacional que son requeridos para entregar los bienes y servicios públicos demandados por la población.
Para algunas empresas y personas pagar impuestos es considerada un “costo” y no una obligación social y por eso se apela a la “ingeniería fiscal” para obtener ventajas tributarias, como las de establecer perdidas tributarias de las filiales ubicadas en el extranjero que les permita pagar menos gravámenes en Chile, usando para tal efecto las sociedades creadas en estos paraísos. Este proceder antepone siempre el interés individual de quienes cuentan con los recursos para financiar estos resquicios legales (el elusor) en contraposición al interés público. En tanto, el ciudadano común y corriente paga los impuestos establecidos en la ley, cumpliendo escrupulosamente las reglas del Estado de Chile.
El secreto bancario vigente en esos paraísos fiscales impide normalmente la investigación requerida para establecer la verdadera situación financiera de muchas empresas y personas naturales que mantienen sociedades y filiales en esos países o territorios, produciendo un impacto negativo en la recaudación fiscal del Estado chileno. Las exenciones fiscales que las empresas y las sociedades obtienen en los paraísos fiscales sólo incrementan las ganancias exorbitantes de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías, puesto que la experiencia demuestra que la mayor evasión y elusión de impuestos conducen a crecientes desigualdades entre ricos y pobres, al ser la causal de menores ingresos fiscales para financiar los bienes públicos esenciales en una sociedad democrática.
Al ser los paraísos fiscales lugares que permiten que una multitud de empresas escondan sus beneficios y eviten el pago de impuestos en los países en que operan, es lógico preguntarse por qué Golborne decidió establecer la sociedad Sunford Management Corp en las Islas Vírgenes Británicas.
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