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Los fundamentos legales del conflicto mapuche: una breve aproximación

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Para entender el actual conflicto, es necesario desarraigarse de las actuales consignas nacionalistas que imploran la aplicación de la Ley Antiterrorista. Para abordar este problema se requiere de un esfuerzo colectivo de comprensión de las demandas del pueblo mapuche, para así poder construir una política de Estado (no excluyente) basada en el Reconocimiento. 

El pueblo mapuche existe con anterioridad al Estado de Chile. Esta expresión, que si bien nos pudiese parecer obvia, guarda un contenido de profunda trascendencia para poder comprender el conflicto mapuche en nuestros días. Fue este pueblo el que se opuso al avance del Imperio Inca hacia el Sur y el que los colonos españoles, luego de la conquista de Chile por Pedro de Valdivia en el siglo XVI, nunca pudieron someter.[1]

Es por ello que la estrategia de los peninsulares se restringió a una política de tratados y parlamentos que fue sólo interrumpida con el advenimiento de la independencia nacional en 1818. En 1803 el último parlamento de la época colonial, conocido con el nombre de Parlamento de Negrete, pretendió poner fin a los enfrentamientos violentos entre españoles e indígenas.

Después de la Independencia, sería el Parlamento de Tapihue el año 1825 – durante el gobierno de Ramón Freire –  el que intentaría sellar la paz, estableciendo como línea divisoria al río Bío Bío e identificando a ambos grupos como entidades políticas distintas, pero abrazadas en una hermandad conocida como ‘‘la gran familia chilena’’[2]. Sin embargo, ni la Constitución de 1828, ni su reforma el año 1833, considerarían este Tratado en sus disposiciones y ya el año 1852 el Estado chileno crearía la Provincia de Arauco, en una clara desatención a lo pactado con el pueblo mapuche años antes. La segunda mitad del siglo XIX sería el siglo de la mal llamada ‘‘Pacificación de la Araucanía’’, proceso liderado por el General de Ejército Cornelio Saavedra Rodríguez, que consistió en la ocupación por parte del Estado chileno de los territorios mapuches. Este proceso, que se llevo a cabo desde el año 1861 hasta 1883, logró poner fin a la famosa Guerra de Arauco que duraría alrededor de tres siglos. La supuesta ‘‘pacificación’’ de hecho no tuvo nada de pacífica e implicó una ofensiva militar de enormes dimensiones por parte del Estado de Chile, que se tradujo en la construcción de fuertes y ciudades que (junto a una política de inmigración para poblar dichos enclaves urbanos que se fundaron) terminaron por desmembrar la unidad del pueblo mapuche, reduciendo su supervivencia a espacios aislados que permitieron el escenario perfecto para la futura estrategia de asimilación e integración de los territorios y sus habitantes.

El siglo XX, sería utilizado por el pueblo mapuche precisamente para reivindicar sus derechos ancestrales respecto a las tierras usurpadas por el Estado chileno. De hecho, con la introducción de la Reforma Agraria en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, uno de los intereses que se pretendían solucionar (además de hacer más productivas desde el punto de vista agrícola las tierras concentradas en pocos propietarios) eran las demandas mapuches de reivindicación. Los logros de la Reforma Agraria, que en lo particular fueron producto al movimiento indígena y la coordinación que se dio entre la Corporación de Reforma Agraria  (CORA) y el Instituto de Desarrollo Indígena en los años de la radicalización de la reforma en el gobierno de Salvador Allende, fueron rescindidos luego del golpe de Estado y el gobierno militar que se instala el año 1973.[3]

La dictadura de Augusto Pinochet se caracterizó por la revocación de todas las expropiaciones territoriales realizadas durante la Reforma Agraria. La implantación de un sistema económico neoliberal, iría acompañado de incentivos regulatorios para la instalación de una creciente industria forestal en territorios mapuches, por ser éstos naturalmente atractivos en este tipo de recursos. En este contexto existen dos Decretos Leyes (DL) que fueron claves. Por un lado, tenemos el DL 701 del año 1974 que regula, entre otras cosas, la actividad forestal y establece un sistema de incentivos para la forestación. Esta legislación creó un sistema de exención tributaria del pago de los impuestos territoriales sobre los terrenos que explotarían las forestales, lo que llevó a que las empresas comenzaran a comprar tierras a gran escala.[4]

Por otro lado, el DL 2.568 fue una modificación a la ley indígena (17.729) del Presidente Allende y tuvo como objetivo (en el discurso político) solucionar los problemas territoriales con el pueblo mapuche. Sin embargo, la estrategia del gobierno militar consistía en sanear los títulos de propiedad perteneciente a los integrantes de la comunidad mapuche, con la finalidad de que, a través de aquella reparación, los mapuches lograsen conseguir un desarrollo económico individual. A través del trabajo agrícola individual y ya no colectivo, se perseguía producir una integración del mapuche a la sociedad chilena (en su interdependencia económica). A través de la división de las comunidades indígenas, se lograría  -en la mente del gobierno – poner fin a la tensión política y desarticular un movimiento político de mayor envergadura.

Con el regreso de la Democracia y el comienzo de los gobiernos de la Concertación, se inicia una nueva etapa el año 1989 con los Acuerdos de Nueva Imperial, donde los pueblos originarios plantean sus demandas al entonces candidato a la presidencia, Patricio Aylwin, quien se compromete a impulsar un reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales.

Por primera vez el Estado asume (aunque no a nivel constitucional) la heterogeneidad de su población. En este mismo período se dicta una nueva Ley Indígena (19.253)[5], con la que se busca proteger a la población y tierras indígenas, junto con la creación de áreas indígenas y un órgano público de asuntos indígenas (CONADI), en el cual tendrían participación representantes de distintas etnias.[6]

Sin embargo, estas iniciativas, si bien son un avance respecto a la situación anterior, a la larga no logran dar con una solución al problema de división y asimilación que sufre la población mapuche (lo que es corroborado en los censos que se realizan).

Llegado el cambio de milenio, en el gobierno de Ricardo Lagos, se impulsaría un documento conocido como el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2003, que intentaría ser una propuesta para lograr  el anhelado reconocimiento constitucional y una nueva etapa entre el Estado y los pueblos mapuches que habitan el territorio. Este informe si bien significó un reconocimiento por parte del Estado, de los años de negación y asimilación a los que fueron víctimas los distintos pueblos indígenas,[7] resultó ser en la práctica una mera declaración de buenas intenciones, dado que a  más de diez años de su vigencia, las principales propuestas siguen pendientes. Un avance notable en este periodo – luego de cerca de dieciocho años de discusión en el Congreso Nacional –  fue la aprobación en el año 2008 del Convenio 169 de la OIT durante el gobierno de Michelle Bachelet, que establecería un nuevo marco legal respecto a los pueblos indígenas.

No obstante los avances a nivel legal, se debe aclarar que el actuar del gobierno desde el regreso de la democracia en Chile respecto a los pueblos indígenas, ha sido uno marcado por una continuidad lejos de las buenas intenciones, que se infieren de los documentos desarrollados por comisiones aprobados por el Congreso. La criminalización de la protesta mapuche, evidenciada por la aplicación de la Ley Antiterrorista o Ley de Seguridad del Estado (12.927) que tiene como antecedente a la ‘‘Ley Maldita’’ o Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948, no ha distinguido tendencia política y se ha dado  tanto en los gobiernos de la Concertación, como en el pasado gobierno de Sebastián Piñera. [8]

Para entender el actual conflicto, es necesario desarraigarse de las actuales consignas nacionalistas que imploran la aplicación de la Ley Antiterrorista. Para abordar este problema se requiere de un esfuerzo colectivo de comprensión de las demandas del pueblo mapuche, para así poder construir una política de Estado (no excluyente) basada en el Reconocimiento.
La ignorancia como en tantos otros casos es la peor enemiga.

Notas

[1] Pedro de Valdivia funda Santiago en el 1541, ese mismo año, Michimalonko ataca Santiago, la que es completamente destruida. Valdivia es juzgado y ejecutado por el pueblo mapuche trece años después. Si bien no pudieron someterlos como pueblo, muchos mapuches fueron hechos esclavos a través del sistema de encomienda, los indios eran considerados vasallos de la colonia según un decreto real que data del año 1503. Véase: Rouland Norbert, Stéphane Pierré Caps y Jacques Poumaréde. Derechos de las minorías y de pueblos autóctonos. Siglo veintiuno editores, México (1999), pp.83 y 84.

[2] Véase un interesante análisis sobre este Tratado en: Clavero, Bartolomé. Reconocimiento Mapu-Che de Chile: Tratado ante Constitución, Revista Derecho y Humanidades, N° 13, 2008, pp. 19-23.

[3] Véase el Documental Wallmapu, realizado por el Centro de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Católica  de Temuco con el auspicio de  un FONDART del Gobierno de Chile el año 2001 y dirigido por Jeannette Paillán, en el que se aborda principalmente el despojo y las demandas mapuches de reivindicación territoriales. En este trabajo aparece que en la Dictadura cerca del 95% de los terrenos que fueron restituidos a la población mapuche, fueron devueltos a sus dueños no mapuches o incluso traspasados a través de la CORA a CONAF para que estas tierras fueran rematadas.

[4] Lo que significó a su vez un perjuicio en los terrenos producto de que las forestales sustituyeron el bosque nativo por la plantación de miles de hectáreas de pino insigne. Véase este cuerpo legal en: http://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/DL-701.pdf (Fecha de la última visita: 01/01/2013)

[5] Del 5 de Octubre de 1993 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

[6] Skewes, Juan Carlos. Creando desorden: Orígenes, el estado y la sociedad mapuche en Chile. En: Aylwin, José (Editor). Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Tendencias Internacionales y Contexto chileno, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, 2004, p.392.

[7] Véase el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblo Indígenas, Editado por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Primera Edición, Santiago de Chile, 2008, pp.531-582.

[8] Es curioso que en el contexto de las elecciones presidenciales del año 2010, todos los candidatos tenían en sus programas el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. De esta manera, incluso el programa de Piñera, señalaba tal medida como algo inminente. Véase: http://www.minsegpres.gob.cl/wp-content/uploads/2011/01/Programa_de_Gobierno_2010.pdf , p. 203 (fecha última consulta 02/01/2013). Sin embargo, en el último año de su gobierno, tal medida fue lejos de ser considerada como prioritaria y no se encuentra siquiera mencionada entre las prioridades legislativas del Ejecutivo. Véase la reciente publicación en el Diario El Mercurio de Las prioridades legislativas de la Moneda en su último año de Gobierno (C 2), Miércoles 2 de Enero de 2013.

TAGS: Conflicto Mapuche Pacificación de La Aracunía Pueblos originarios

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jose-luis-silva

27 de julio

Si este señor en realidad supiera algo de derecho el título para este artículo debió ser otro: “fundamentos históricos para sostener el conflicto”. Porque todavía no leo los fundamentos legales que indiquen que la gente debe ser castigada o premiada segun lo que hicieron sus ancestros, o porque los mapuches son una raza superior que tiene distintos derechos al resto de nosotros, Devolverles tierras a los mapuches porque sus ancestros ocupaban esas tierras antes que los ancestros del resto? Los mapuches llegaron al año 500 a ocupar tierras donde habitaban otras tribus de origen polinesio (obviamente lo mapuches se los pitearon a todos). ¿ósea si viene un polinesio a reclamar lo mismo porque sus ancestros estaban estaba antes que hacemos? ¿se las damos al que queme mas casas?. El resto del territorio del territorio también estaba ocupado por tribus ¿hay que devolverles a todos o sólo los que asesinan ancianos? ¿o hay que competir por “que ancestros han sufrido mas despojos”? Si es así le recuerdo que hay mucho material que demuestra que nuestros ancestros europeos llevaban 6000 años de tropelías antes que existieran los mapuches.

O sea habiendo miles de familias descendientes de mapuches y de todas las razas que trabajan toda una vida para tener algo propio sin lograrlo usted se las regala a los que en lugar de trabajar para conseguirla queman casas y apedrean caminos.

O sea la historia de tierras de la Araucania se compone de los Conquistadores usurpadores, luego los pacificadores armados y por último los imbéciles que se las regalaron a un grupo de descendientes de turno porque tiraban piedras en lugar de trabajar la tierra, a los que mas despreciaban a su país en lugar de ser un agradecido de recibir algo tan preciado para ellos.

Saludos

28 de julio

Muy buen articulo, aunque quizás el titulo no es el más acertado, ya que más que fundamentos legales para entender el conflicto mapuche, tú articulo trata principalmente del trato político que ha recibido el pueblo mapuche desde la época de la conquista hasta nuestro tiempo. En breves lineas tocas muchas de las aristas necesarias para comprender la actual situación, desde el tema de la mal llamada “pacificación”, la reforma agraria, la reivindicación de derechos, la aplicación de la ley antiterrorista, todos temas que la gran mayoría desconocemos y respecto de los cuales conviene informarse a fin de poder dar una opinión informada. Te felicito por tu columna (aunque el titulo no termina de convencerme).
Saludos

William

13 de abril

Faltan detalles en este articulo relacionado parece q fuera un copy paste de algun libro. Falta q menciones los colonos las familias eso es importante.

Los fundamentos legales del conflicto mapuche: una breve aproximación. Por Benjamin Alemparte | Política Indígena - Noticias

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